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Un debate que cruzará los próximos meses

¿Qué Constituyente se necesita?

 

El gobierno presentó su proyecto de convocatoria a la Constituyente, proponiendo la elección de representantes el 2 de julio y la instalación de la asamblea el 6 de agosto. La derecha le opone sus propios proyectos y hace hincapié en el referéndum autonomista. Así, el debate sobre la Constituyente, sobre la modalidad de convocatoria y sus atribuciones ya se ha instalado como uno de los principales ejes de disputas políticas dentro y fuera del Parlamento, y puede transformarse en el disparador de la primera crisis política que deberá enfrentar el MAS en el gobierno. Es que si bien el MAS y la mayoría de la derecha coinciden en que hay que llegar a un nuevo régimen político-institucional, sus proyectos chocan en puntos muy importantes sobre cómo reemplazar al viejo régimen de la “democracia pactada” de los años 90 y cerrar el camino a nuevas crisis revolucionarias como las de los últimos años.

La Asamblea que quiere la derecha

PODEMOS, UN, los comités cívicos, etc., quieren encuadrar la Constituyente en la reaccionaria “institucionalidad existente” -como dijo Germán Antelo, dirigente cívico cruceño-, y que ésta “debe regirse en los preceptos de la Constitución Política del Estado y limitarse a ellos” (La Razón, 9/02/06). agregando las salvaguardas de un referéndum autonómico “vinculante”.

Pretenden restrinjir al mínimo la cantidad de representantes -preferirían una reducida “asamblea de notables” para que no se filtren las aspiraciones populares- (por eso los proyectos de PODEMOS y UN fijan menos de unos 140 constituyentes). Quieren también una “sobrerepresentación” para los departamentos políticamente más atrasados y las máximas garantías de que los intereses de las élites no se verán perjudicados, recortando lo más posible las atribuciones y duración de la constituyente.

Su objetivo es que la asamblea no aborde problemas básicos como la gran propiedad de la tierra, cuando unos pocos cientos de terratenientes acaparan decenas de millones de hectáreas, ni mucho menos toque las capitalizaciones ni la entrega de los recursos naturales al capital extranjero; quieren que la constituyente se limite a adoptar un régimen político conservador, que preserve lo más posible de las posiciones que los empresarios y el imperialismo lograron bajo la “democracia pactada”, imponiendo las autonomías departamentales como contrapeso de las veleidades del gobierno central y para manejar a su antojo la tierra y los recursos naturales.

La propuesta del MAS

El MAS dice defender el carácter “fundacional” de la Constituyente, que deberá poder “construir nuevas instituciones”, pero no quiere que la misma lleve a una ruptura con las élites, sino a un acuerdo nacional que las incluya. Como dijo Evo: una Asamblea para “unir a los bolivianos respetando la diversidad” y “lograr un nuevo pacto social”, en los marcos de la actual Constitución Política y buscando acuerdos con los comités cívicos, los empresarios, la iglesia y otros “factores de poder”.
La Constituyente fue uno de las principales promesas del MAS, que la presentó como la instancia para “refundar el país”, pero con ella pretende canalizar las demandas populares hacia un proyecto de “democracia reformada” que remueva algunos de los aspectos más antidemocráticos del andamiaje político estatal, pero sin atacar la propiedad y los intereses de los poderosos y respetando la inversión extranjera.

El proyecto de convocatoria oficial propone tres constituyentes por cada una de las 70 circunscripciones electorales, y que si una fuerza política alcanza el 50% o más de la votación imponga sus tres candidatos, mientras que si nadie logra el 50%, el primero elija dos representantes, y el segundo el restante. A la vez, rechaza la incorporación de representantes de los pueblos originarios mediante 26 circunscripciones especiales.
Así el MAS espera garantizarse una cómoda mayoría, diluyendo no sólo el peso de la derecha, sino la posibilidad de que surjan otras expresiones de izquierda, para mantener el monopolio de la representación popular a la asamblea, como garantía de que la misma sabrá ser “moderada”.

Además, el proyecto del MAS se apoya enteramente en la reaccionaria legislación electoral actual, respetando las atribuciones de la Corte Nacional Electoral (a la que el propio Evo criticó tan duramente), la ley de partidos neoliberal, etc. ¡Aquí no hay nada de “revolución democrática”, sino los más viejos recursos de la política burguesa!

¿Qué Asamblea Constituyente ?

Ni la Asamblea elitista que quiere la derecha ni la Asamblea “consensuada” y controlada que propone el MAS responden al legítimo deseo popular de debatir todos los problemas nacionales -como la demanda de tierra y territorio, las capitalizaciones, la efectiva nacionalización del gas, la ruptura con el imperialismo, sin lo cual es mentira hablar de “refundar el país”.
Para que estas legítimas aspiraciones democráticas puedan expresarse libremente, sin condicionamientos ni recortes, las bases de la convocatoria deberán ser muy distintas.
Ante todo, garantizar el principio de “un hombre, un voto” del que tanto hablan el MAS y la derecha, exige que se considere al país como una única circunscripción electoral, eligiéndose de manera directa y proporcional a los votos cosechados un constituyente cada 10.000 electores, lo que permitiría la más amplia representatividad.

Los padrones electorales deberían reabrirse e inscribirse a todos los hombres y mujeres de 16 años y más, pues si a esa edad los jóvenes son considerados ya lo bastante maduros para ser explotados en el trabajo, también deben contar con plenos derechos políticos. Es preciso derogar la legislación electoral actual para que toda organización sindical o popular o grupo político de izquierda pueda presentar sus candidatos sin restricciones. El acceso a los medios de prensa y TV, hoy controlado por los grandes empresarios, debe ser garantizado por igual a toda candidatura.

Enla asamblea debe asegurarse la más amplia participación de los pueblos originarios, los sindicatos y movimientos sociales a través de sus propios representantes, como han reclamado distintos sectores; así como plenos derechos a participar de los bolivianos en el exterior, como reclaman nuestros compatriotas en Argentina.

Claro que para imponer una Asamblea así será preciso romper con el actual marco institucional, algo que claramente el gobierno no quiere hacer. Una asamblea verdaderamente libre y soberana sólo se logrará mediante la más amplia movilización y organización y demandará crear formas más amplias de organización, como comités y coordinadoras. La COB, los sindicatos, juntas vecinales y organizaciones campesinas deben tomar en sus manos esta lucha.

Aún si se impone una Asamblea maniatada y “consensuada”, será preciso luchar por una representación obrera independiente, que levante un programa de salida obrera y campesina a la crisis nacional y que aliente el camino de la organización y movilización en esa perspectiva.