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"Centralista" o "autonómico", seguirá siendo un Estado al servicio de los explotadores

 

Desde el punto de vista del escenario político oficial, en la Constituyente estarán en discusión dos proyectos de régimen político y de cambios en la organización y funcionamiento estatal.

El del MAS, con el discurso de la “descolonización” propone cierta "inclusión" en una “democracia reformada”, ampliando algunos espacios de representación política y con un Estado central fortalecido que permita negociar en mejores condiciones con el capital extranjero en la esperanza de poder generar un mayor desarrollo capitalista nacional, conteniendo en este marco las aspiraciones populares de un cambio profundo.

Las oligarquías regionales y la derecha política pretenden proteger las posiciones acumuladas en dos décadas de neoliberalismo, erigiendo las autonomías como un contrapeso a las pretensiones reformistas del gobierno, para asegurarse el control de los recursos naturales y la tierra.

Si el proyecto conservador es abiertamente reaccionario y antipopular, el del MAS no responde a las profundas y legítimas aspiraciones democráticas de los trabajadores, los campesinos y los pueblos indígenas. A pesar de sus diferencias, ambos proyectos buscan reemplazar a la vieja “democracia pactada”, que colapsó bajo los golpes del ascenso de masas y los levantamientos de Octubre y Junio, por un régimen más estable, manteniendo el respeto a la propiedad privada y las bases del Estado burgués semicolonial.

La demagogia autonomista

El Estado boliviano es una maquinaria de opresión al servicio de las fracciones burguesas más poderosas y sirvientes del imperialismo, incluyendo a las oligarquías cruceña y tarijeña. Lo que en las zonas más postergadas se siente como “centralismo”, es en última instancia una secuela de ese carácter del Estado, que no cambiará aunque la estructura institucional sea unitaria, federal o autonómica.

Los “cívicos” autonomistas ocultan que ellos son y han sido socios privilegiados de este Estado, participando en los sucesivos gobiernos, beneficiándose con la dádiva de tierras, la entrega de los recursos naturales y negociados de toda índole. Con la autonomía departamental quieren mantener el “derecho” a disponer de los recursos naturales y la explotación de "sus" pueblos como si fueran "su" hacienda.

El rechazo al proyecto autonomista no significa defender a este Estado unitario y su reparto de poder entre las diversas alas de la clase dominante (como quieren importantes sectores burgueses de La Paz, Oruro y Potosí que impulsaron el NO).

¿Qué tipo de Estado necesitamos?

Para triunfar en la lucha por sus demandas fundamentales y contra la opresión imperialista, los trabajadores, los campesinos, los indígenas y el pueblo pobre necesitarán destruir esta maquinaria estatal y construir otro poder, un poder obrero y campesino que al mismo tiempo que les permita concentrar al máximo sus fuerzas para derrotar a la reacción y al imperialismo -lo que exigirá una gran centralización política- sea profundamente democrático, organizado en base a asambleas de represententes elegidos por la base de todos los sectores obreros y populares del país.

Así, los trabajadores, los campesinos y los pueblos originarios podrán expresarse ampliamente, decidir en común y ser dueños y protagonistas del destino colectivo. Ese Estado, a conquistar por la vía de la movilización revolucionaria, será una República obrera, mil veces más democrática que cualquier democracia burguesa.