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El debate educativo

La propuesta oficial no cambia nada


Por una educación pública única, laica y gratuita
 

En las últimas semanas la discusión en torno a la derogación de la Ley de educación 1565 y la implantación de la Ley “Elizardo Pérez y Avelino Siñani” ha generado intensos debates y contra-propuestas.
La Ley 1565, conocida como “Reforma Educativa”, fue ideada para implementar los planes del Banco Mundial y el FMI, aplicada por los gobiernos neoliberales para mantener una educación de primera para la burguesía y de segunda para los hijos del pueblo trabajador. La “reforma educativa” otorgó jugosos salarios a “técnicos,” burócratas neoliberales, sosteniendo la financiación estatal a las escuelas privadas y de convenio (Fe y Alegría, etc.), los bajos salarios de los maestros y la dictadura ideológica de la Iglesia Católica. La degradación de la educación pública tuvo como consecuencias la proliferación de instituciones privadas en todos los niveles de enseñanza. La segunda fase de este proceso fue el intento de municipalización de las escuelas, con el objetivo de descargar los costos de la educación sobre los municipios, dividir al magisterio urbano y rural y terminar con la obligación estatal de hacerse cargo de la educación pública. La lucha del magisterio durante los dos últimos años impidió que este plan pudiera llevarse a efecto. Hay que acabar con esa Ley e impulsar una profunda transformación educativa. Es aquí donde empieza y termina nuestro acuerdo con el MAS.

El Anteproyecto oficial

El anteproyecto presentado por el gobierno como la panacea a los males del sistema educativo, adolece de los mismos problemas que todo su plan de conjunto: intenta conciliar lo irreconciliable, la religión con el laicismo y una avanzada educación científica, la escuela fiscal y gratuita con las escuelas por convenio y como negocio, una educación al servicio de la liberación nacional y “descolonizada” sin romper las cadenas de la subordinación semicolonial al imperialismo.

Así, el punto 2 de las Bases del anteproyecto de ley dice que la educación es “fiscal gratuita y obligatoria”, pero se niega en el punto 3 donde dice que la educación es “única en cuanto a calidad” para la escuela “fiscal, privada o de convenio”.

En el punto 10 dice que la escuela es “laica” y que “rechaza todo tipo de imposición dogmática religiosa”.
Sin embargo, luego de que la iglesia se movilizara en defensa de sus intereses materiales e ideológicos, como los miles de ítems que controlan (pagados por el Estado), así como las escuelas de convenio, el ministro Patzi y el Presidente Evo Morales se apresuraron a aclarar que las intenciones del gobierno no es tocar ninguno de estos intereses.

La “descolonizadora ley Avelino Siñani” aunque inundada de frases izquierdistas como “liberadora, antiimperialista, revolucionaria y transformadora ... orientada a la autodeterminación y reafirmación de los Pueblos, naciones indígenas y originarias,” cambia el léxico de la Ley 1565 pero no ataca su esencia. Con esta ley los empresarios de la educación seguirán haciendo negocios, los curas seguirán manejando sus recursos subvencionados por el gobierno y “enseñando” la ética y la moral que deberán tener las próximas generaciones.

No es de extrañar entonces que el proyecto oficial haya despertado la oposición tanto la derecha, la iglesia y los empresarios de la educación, como del magisterio que supo enfrentar en todos estos años la “reforma educativa”.

Un congreso burocrático

Para darle legitimidad a su proyecto el gobierno organizó un Congreso Educativo burocrático con un presidium oficialista que aprobó el texto de la Ley sin participación (ni más ni menos) de los maestros, que se retiraron con justa razón de un congreso amañado con un documento único que pretendía hacer parte de ese engaño a los estudiantes, maestros y padres de familia, y afectar las conquistas del magisterio urbano, como el escalafón docente y otras.

El ministro se jacta de que su anteproyecto fue elaborado por “los movimientos sociales” y que estos lo aprobaron en el congreso de Sucre. Que las organizaciones sociales afines al MAS aprobaran su propuesta no asombra a nadie.

Lo que sí debería causar por lo menos curiosidad es que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Asociación Nacional de Colegios Privados de La Paz, la asociación de Universidades Privadas, la Comisión Episcopal de Educación y la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia-Metodista, todas participantes del congreso, no se hayan retirado ante la propuesta “descolonizadora,” “laica” y “gratuita.”
Si en un principio protestaron debido a las ambigüedades del proyecto, el gobierno se encargó de tranquilizarlos firmando diversos acuerdos.

”Control social” para que nada cambie

El gobierno plantea que el magisterio se opone al “control social” en la educación para proteger “intereses sectoriales”, sin embargo ¿Qué “control social” propone sobre los “colegios por convenio” financiados desde el exterior, los colegios católicos, las escuelas y universidades privadas donde los profesores tienen prohibido sindicalizarse? El demagógico “control social” del gobierno ataca a los trabajadores de la educación, desconoce a los estudiantes, engaña a los padres de familia y se arrodilla ante los intereses que habría que expulsar de la formación de nuestros niños y jóvenes: los mercaderes de la educación, la Iglesia Católica y otras sectas, autonombradas custodios de la moral.

¿Educación de “excelencia” sobre la base del atraso, la miseria y la dependencia?

Además, el gobierno no dice una sola palabra de cómo financiar la “educación de excelencia” a que dice aspirar ni cómo cambiará la pobreza actual de la escuela fiscal.
Según estudios de la pedagogía moderna, el número óptimo de alumnos por aula es de 15 a 20, pero en las escuelas fiscales bolivianas cada maestro debe atender 40 a 50 alumnos por curso. Jamás habrá una educación de “excelencia”, es decir científica y al servicio de las necesidades sociales, sino se crean las bases materiales para sostenerla, se pagan dignos salarios a los docentes y se garantiza a cada familia salario y empleo -y en el campo tierra y apoyo para trabajarla- para que sus hijos no vayan con hambre a la escuela. La transformación de la educación no depende de discursos sino que es inseparable de la lucha por recuperar efectivamente el gas y las “capitalizadas”, una verdadera revolución agraria, salario y trabajo para todos, no pago de la deuda externa.

Pública, única, laica y gratuita

Hace falta la movilización conjunta de profesores, estudiantes, padres de familia, el pueblo trabajador y los pueblos originarios para transformar la educación, para terminar con la influencia imperialista, clerical y empresarial en la educación de nuestros hijos y pelear por una educación pública única en todos los niveles (primario, secundario, terciario, universitario) para garantizar una instrucción científica al servicio de las necesidades sociales, con avanzada tecnología y métodos que uniendo la teoría y la práctica, formen jóvenes activos y críticos; laica pues el más elemental derecho democrático dicta que la religión sea un “asunto de conciencia personal” y no impuesta por el cura con ayuda del Estado; y gratuita, para que todos los hijos del pueblo, en la ciudad y en el campo, puedan acceder a la misma sin las odiosas diferencias de hoy en día.

Sólo una educación así podrá ser una poderosa palanca para la autodeterminación de los pueblos originarios y el desarrollo de su cultura y su idioma, pero exigirá también un plan de obras públicas para construir la infraestructura adecuada, atendiendo especialmente a las zonas rurales.

¿De dónde saldrán los recursos para financiar esto? De la expropiación de las grandes empresas privadas de la educación, de los recursos que ahorrará al Estado al no subsidiar a los institutos religiosos y privados, de impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Por David Díaz y Javo Ferreira