La “Nacionalización" de Evo y el supernegocio de las petroleras

ANALICEMOS el significado de la “nacionalización inteligente de Evo”, según los nuevos contratos firmados, que garantizan seguir operando y grandes ganancias a las multinacionales por 30 años.

Según el anexo “G” de los nuevos contratos se reconocen todas las inversiones realizadas anteriores a las firmas de estos contratos, con lo cual se estarían convalidando los anteriores contratos (que eran ilegales, pues violaban la CPE y nunca fueron aprobados en el Congreso [1]) y lavando de culpas a los políticos corruptos que los firmaron.

La cláusula 13 de los contratos especifica que todos los gastos realizados por las empresas van a ser “recuperados”, es decir pagados por el Estado de los recursos generados por la venta del gas, con lo que les garantiza enormes beneficios. El Anexo “D” define que “gastos recuperables” son: los costos de personal, los costos de materiales, costos de transporte de personal, los costos generados por la protección al medio ambiente y seguridad industrial, los impuestos, tasas, contribuciones e indemnizaciones (con lo cual no pagan el IVA, ni el impuesto a las transacciones y ni el Impuesto a la Remisión de Utilidades al Exterior), los costos legales, los costos de administración y servicios, los seguros, los costos de depreciación de activos fijos (con lo que se les devuelve lo que invirtieron en infraestructura), los cargos relacionados con la casa matriz del operador, e incluso el impreciso ítem “otros costos” (parágrafo 4.1.12 de la cláusula 4 de este anexo).

Para comprender la magnitud de este anexo tenemos que tener en cuenta que las empresas siempre han inflado sus costos, como volvió a demostrar la última auditoria realizada (año 2006) donde quedó demostrado que CHACO no presentó registros contables (violando el Código de Comercio y su mismo contrato de riesgo compartido) y por lo menos exageró sus inversiones en 100 millones de dólares. PETROBRAS infló en 115 millones los gastos en la perforación del pozo Sábalo. REPSOL evadió el IUE y dejo de invertir 200 millones de dólares de los 264 comprometidos en los 10 años que lleva de operaciones, etc.

En cuanto a la recuperación acelerada de las inversiones esta garantizada por una tabla de depreciación de los activos fijos super rápida (heredada de la ley de Goni) donde por ejemplo un pozo petrolero se deprecia totalmente en 5 años, los plantas de procesamiento en 8 y los ductos en 10 años.

Para rematar este negocio de las petroleras se les garantizan utilidades que en el caso de PETROBRAS y el gran campo Sábalo llegan a un 17.2 % del total de lo producido.

Además, los contratos están orientados a la exportación, ya que como ellos mismos afirman [2] no les conviene abastecer al mercado interno de Bolivia, posición que pagamos todos los bolivianos con la falta de gas, tanto domiciliario como industrial. Y esta política que mantiene el saqueo impide, bajo todo punto de vista, una posible industrialización, mientras las empresas se llevan enormes ganancias: un informe de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, reconoce que en el 2006 las empresas ganaron 631 millones de dólares [3]!
Únicamente una total y absoluta nacionalización de toda la rama hidrocarburífera (exploración, explotación, refinación, distribución y comercialización), sin indemnización y bajo control de los trabajadores permitirá poner estos recursos al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

Por Daniel Villaflor

La recompra de las refinerías

Con bombos y platillos el gobierno anunció la recuperación para el Estado de las dos refinerías de Valle Hermoso y Palmasola de manos de PETROBRAS, se jactaron de ser “buenos regateadores” ya que bajaron el precio de los 200 millones pedidos por la empresa a tan solo 112 millones de dólares. Sin embargo, la realidad es que las refinerías habían sido compradas por la multinacional al Estado en 103.5 millones de dólares. Y según el comunicado de Petrobras difundido a los mercados financieros “Durante ese período las unidades produjeron un lucro acumulado de 139 millones de dólares, de los cuales 126 millones de dólares fueron distribuidos entre sus accionistas” (Los Tiempos 26-06-07).

Pero lo peor son los pasivos que el Estado estaría absorbiendo al traspasarse la propiedad de las plantas: 239 millones de dólares por un juicio que tiene la Aduana Nacional por contrabando de crudo en años anteriores, 37 millones de dólares por evasión de impuestos a la Dirección de Substancias Controladas y 3 millones de dólares a Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) por uso de ductos para el transporte.