< Inicio
< Atrás

Palabra Obrera Nº 65

Palabra Obrera N° 64

Palabra Obrera Nº 63

Palabra Obrera Nº 62

Palabra Obrera Nº 61

Palabra Obrera Nº 60

Palabra Obrera Nº 59

Palabra Obrera Nº 58

Palabra Obrera Nº 57

Palabra Obrera Nº 56

Palabra Obrera Nº 55

Palabra Obrera Nº 54

Palabra Obrera Nº 53

Palabra Obrera Nº 52

Palabra Obrera Nº 50

Palabra Obrera Nº 49

Palabra Obrera Nº 48

Palabra Obrera Nº 45

Palabra Obrera Nº 44

Palabra Obrera Nº 43

Palabra Obrera Nº 42

Palabra Obrera Nº 41

Palabra Obrera Nº 40

Palabra Obrera Nº 39

Palabra Obrera Nº 38

Palabra Obrera Nº 37

Palabra Obrera Nº 36

Palabra Obrera Nº 35

Palabra Obrera Nº 34

Palabra Obrera Nº 33

Palabra Obrera Nº 32

Palabra Obrera N° 31

Palabra Obrera N° 30

Palabra Obrera Nº 29

Palabra Obrera Nº 28

Palabra Obrera N° 27

Palabra Obrera N° 26

Palabra Obrera N° 25

Palabra Obrera N° 24

Palabra Obrera Nº 23

Palabra Obrera Nº 22

Palabra Obrera Nº 21

Palabra Obrera Nº 20

Palabra Obrera Nº 19

Palabra Obrera Nº 18

PALABRA OBRERA Nº 17

PALABRA OBRERA Nº 16

Palabra Obrera Nº 15

Palabra Obrera Nº 14

Palabra Obrera Nº 13

Palabra Obrera Nº 12

Palabra Obrera Nº 11

Palabra Obrera N° 9

Palabra Obrera - Boletín Especial - junio 2005

Palabra Obrera Nº 8

Palabra Obrera Nº 7

Ediciones Anteriores
Revista Los Andes
Tesis Fundacionales
Anterior página web


La “Nacionalización" de Evo y el supernegocio de las petroleras

 

ANALICEMOS el significado de la “nacionalización inteligente de Evo”, según los nuevos contratos firmados, que garantizan seguir operando y grandes ganancias a las multinacionales por 30 años.

Según el anexo “G” de los nuevos contratos se reconocen todas las inversiones realizadas anteriores a las firmas de estos contratos, con lo cual se estarían convalidando los anteriores contratos (que eran ilegales, pues violaban la CPE y nunca fueron aprobados en el Congreso [1]) y lavando de culpas a los políticos corruptos que los firmaron.

La cláusula 13 de los contratos especifica que todos los gastos realizados por las empresas van a ser “recuperados”, es decir pagados por el Estado de los recursos generados por la venta del gas, con lo que les garantiza enormes beneficios. El Anexo “D” define que “gastos recuperables” son: los costos de personal, los costos de materiales, costos de transporte de personal, los costos generados por la protección al medio ambiente y seguridad industrial, los impuestos, tasas, contribuciones e indemnizaciones (con lo cual no pagan el IVA, ni el impuesto a las transacciones y ni el Impuesto a la Remisión de Utilidades al Exterior), los costos legales, los costos de administración y servicios, los seguros, los costos de depreciación de activos fijos (con lo que se les devuelve lo que invirtieron en infraestructura), los cargos relacionados con la casa matriz del operador, e incluso el impreciso ítem “otros costos” (parágrafo 4.1.12 de la cláusula 4 de este anexo).

Para comprender la magnitud de este anexo tenemos que tener en cuenta que las empresas siempre han inflado sus costos, como volvió a demostrar la última auditoria realizada (año 2006) donde quedó demostrado que CHACO no presentó registros contables (violando el Código de Comercio y su mismo contrato de riesgo compartido) y por lo menos exageró sus inversiones en 100 millones de dólares. PETROBRAS infló en 115 millones los gastos en la perforación del pozo Sábalo. REPSOL evadió el IUE y dejo de invertir 200 millones de dólares de los 264 comprometidos en los 10 años que lleva de operaciones, etc.

En cuanto a la recuperación acelerada de las inversiones esta garantizada por una tabla de depreciación de los activos fijos super rápida (heredada de la ley de Goni) donde por ejemplo un pozo petrolero se deprecia totalmente en 5 años, los plantas de procesamiento en 8 y los ductos en 10 años.

Para rematar este negocio de las petroleras se les garantizan utilidades que en el caso de PETROBRAS y el gran campo Sábalo llegan a un 17.2 % del total de lo producido.

Además, los contratos están orientados a la exportación, ya que como ellos mismos afirman [2] no les conviene abastecer al mercado interno de Bolivia, posición que pagamos todos los bolivianos con la falta de gas, tanto domiciliario como industrial. Y esta política que mantiene el saqueo impide, bajo todo punto de vista, una posible industrialización, mientras las empresas se llevan enormes ganancias: un informe de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, reconoce que en el 2006 las empresas ganaron 631 millones de dólares [3]!
Únicamente una total y absoluta nacionalización de toda la rama hidrocarburífera (exploración, explotación, refinación, distribución y comercialización), sin indemnización y bajo control de los trabajadores permitirá poner estos recursos al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

Por Daniel Villaflor

La recompra de las refinerías

Con bombos y platillos el gobierno anunció la recuperación para el Estado de las dos refinerías de Valle Hermoso y Palmasola de manos de PETROBRAS, se jactaron de ser “buenos regateadores” ya que bajaron el precio de los 200 millones pedidos por la empresa a tan solo 112 millones de dólares. Sin embargo, la realidad es que las refinerías habían sido compradas por la multinacional al Estado en 103.5 millones de dólares. Y según el comunicado de Petrobras difundido a los mercados financieros “Durante ese período las unidades produjeron un lucro acumulado de 139 millones de dólares, de los cuales 126 millones de dólares fueron distribuidos entre sus accionistas” (Los Tiempos 26-06-07).

Pero lo peor son los pasivos que el Estado estaría absorbiendo al traspasarse la propiedad de las plantas: 239 millones de dólares por un juicio que tiene la Aduana Nacional por contrabando de crudo en años anteriores, 37 millones de dólares por evasión de impuestos a la Dirección de Substancias Controladas y 3 millones de dólares a Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) por uso de ductos para el transporte.

[1Los anteriores contratos eran legalmente nulos pues según el Articulo 139 de la CPE: “Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable y imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos,” pero los contratos concedían la propiedad de los yacimientos a las empresas. Además, no fueron aprobados por el Congreso, como demandaba la ley. Y por ultimo las empresas incumplieron varios puntos de los contratos (faltas de inversiones, de perforación de pozos, etc.) y cometieron delitos probados (evasión de impuestos y contrabando). Por tanto, hasta basándose en las leyes vigentes se podían desconocer los contratos y revertir al Estado los hidrocarburos.

[2Declaración de PETROBRAS a la Folha de Sao Paulo del 03/03/07

[3Datos de la página web de YPFB: www.ypfb.gov.bo, del boletín del CEDLA.