El presidente Evo Morales anunció en Ucureña el 2 de agosto que la “reconducción” de la reforma agraria avanza. En su discurso del 6, aunque criticó a los ganaderos por pedir 5 hectáreas por cabeza, volvió a dar seguridades a los grandes propietarios de tierra. Los ganaderos benianos y cruceños se quejan no porque vayan a sacarle las tierras, sino porque se les hace difícil acaparar más. En los hechos y más allá de las ocasionales promesas a los campesinos y pueblos originarios, toda la política de tierras del gobierno está subordinada a la protección de la propiedad privada. La ley vigente ni siquiera garantiza que las propiedades que no cumplan con la “función económico-social” volverán a manos del Estado.
- Con promesas no se calma el hambre de tierras
El gobierno dice haber distribuido más de 400.000 hectáreas de tierras fiscales, es decir, reconoce que no se ha recuperado y redistribuido ni un solo gran latifundio, pese a que unos pocos miles de latifundistas acaparan 40 millones de hectáreas mientras 1 millón y medio de familias campesinas tiene un promedio de 5 Has. de suelo cultivable cada una.
Evo pacta con los empresarios terratenientes y sacrifica, bajo un velo de promesas, la urgente necesidad de campesinos y pueblos originarios de uan redistribución radical de la tierra, con lo que el problema agrario sigue siendo una “bomba de tiempo”.
La única solución es una verdadera reforma agraria, es decir, nacionalizar la tierra y liquidar el latifundio para resolver el grave problema de los “sin tierra” y del minifundio, organizar la cooperación voluntaria de los pequeños productores agrarios en el Altiplano y los valles con apoyo estatal, y nacionalizar bajo control de los trabajadores agrícolas la gran empresa agroindustrial (soya, azúcar, etc.) en el Oriente.
Por V.M.