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Análisis político

Otra tregua para negociar -La Constituyente en estado de coma

 

LA SUSPENSIÓN hasta el 7 de octubre de las sesiones de la Constituyente fue impulsada desde el Gobierno como forma de ganar tiempo. La arremetida de la derecha sucrense, con apoyo de los “cívicos” de Santa Cruz y la “media luna” había puesto a la Asamblea en “estado de coma” y amenazaba con una escalada de la crisis política. Ahora, y siguiendo la lógica de “postergar para pactar”, se abre un nuevo plazo para intentar una negociación. Como dice García Linera “Se ha abierto una semana de distensión. El MAS ha comenzado el diálogo para el tema de la capitalidad y, como estructura política, estamos haciendo todos los esfuerzos para iniciar el diálogo con otros liderazgos políticos para acercar posiciones en la Asamblea Constituyente” (La Prensa, 12/09/07). Por su parte, el Senador Ortiz, de PODEMOS propuso una “cumbre de todos los sectores, partidos políticos, comités cívicos y la Iglesia”.

La derecha quiere imponerle al MAS el respeto al mecanismo del “consenso y los dos tercios” para adoptar cualquier decisión en la Constituyente, como forma de terminar de diluir las propuestas tibiamente reformistas del MAS y asegurarse el máximo de garantías y concesiones posible. Además, los “cívicos” utilizan el reclamo de “capitalía plena”de la élite chuquisaqueña (es decir que el Poder Ejecutivo y el Legislativo que hoy residen en La Paz vuelvan a esa ciudad), para mejorar sus posiciones en el tema de las autonomías departamentales y en el nuevo reparto del poder estatal disputado entre Oriente y Occidente.

Por su parte, el MAS, ha hecho ya enormes concesiones, aceptando las autonomías departamentales y ese antidemocrático principio pactista (como muestran la Ley de Convocatoria a la Constituyente y la Ley que prolonga las actividades de la misma hasta el 14 de diciembre), la aprobación por dos tercios de la nueva constitución y referéndum en los puntos en que no haya acuerdo. Pero se resiste a una capitulación lisa y llana ante chantaje de la derecha y trata de no atarse formalmente a esas exigencias desmedidas, es decir, mantener cierto margen de libertad de acción política.

Es que la forma en que se tomen las decisiones fundamentales es crucial, pues si bien se han sentado importantes elementos para un reaccionario “gran acuerdo nacional” en temas decisivos, como la política hacia el capital extranjero (como mostró el aval congresal unánime a los 44 contratos petroleros del gobierno), la aceptación de las autonomías departamentales, la preservación de la propiedad terrateniente, y otros que hacen a la reorganización del Estado y el diseño del nuevo régimen político; subsisten diferencias importantes. Entre ellas, el propio tema de la sede de los poderes, si habrá adelantamiento de elecciones con reelección indefinida (como quiere el MAS) y otros aspectos que deberá fijar la futura constitución.

No hay todavía un “pacto social y político” como el propuesto por el Vicepresidente García Linera y otros, que consolide esos acuerdos, permita “procesar” las diferencias y despeje el camino a una estabilización del país y la reconstrucción de un régimen aceptado por el conjunto de la clase dominante. Esto lleva a que se discuta y negocie entre constantes forcejeos y crisis como la actual, que ha puesto a la Asamblea “en estado de coma”.
Un acuerdo sólo es posible haciendo aún mayores concesiones a la derecha. Si avanza la negociación, la Asamblea será llamada para aprobar los “consensos” previamente resueltos por arriba. Si no hay acuerdo, es posible que se la deje morir; sin excluir que el MAS intente reunirla y definir la nueva Constitución por su cuenta, opciones que previsiblemente provocarían una profundización de la crisis política que entretanto, sigue abierta y “con final abierto”.

Las aspiraciones democráticas y las demandas de los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios no pueden esperar ninguna respuesta de fondo de la Asamblea, donde el MAS impulsa un proyecto completamente enmarcado en el respeto a la propiedad privada de la tierra y las empresas, la “seguridad jurídica” para las transnacionales y la postergación de las demandas populares en aras del acuerdo con los representantes de la clase dominante y el imperialismo. La única vía para satisfacer las reivindicaciones, derrotar a la reacción y abrir el camino a una salida obrera y campesina es el de la movilización.