La Asamblea Constituyente, la Asamblea Popular y el Gobierno obrero y campesino

La cuestión de la Asamblea Constituyente se ha convertido en uno de los problemas políticos cruciales. Levantada desde el año 2000 por diversos movimientos sociales, en particular campesinos, inscripta como una de las banderas principales en el programa del MAS, después del 17 de octubre ha sido convertida en uno de los ejes de la política del gobierno de Carlos Mesa.

No es casual que la Constituyente esté en el orden del día. La profundidad de la crisis nacional, la descomposición del Estado, el desmoronamiento del régimen de la “democracia pactada” al amparo del cual se aplicaron durante casi dos décadas los planes “neoliberales” y se profundizó la penetración imperialista, la extrema tensión en las relaciones entre todas las clases y grupos sociales, hacen que todos los sectores de la sociedad sientan agudamente la necesidad de modificar el ordenamiento existente.

El levantamiento insurreccional de Octubre confirmó la incapacidad del régimen existente para absorber la enorme polarización social y política y por un lado, puso a la burguesía ante la necesidad de aceptar cambios en sus formas de dominación para recomponer el régimen político y contener el proceso revolucionario, y por otra, llevó a primer plano las profundas y legítimas aspiraciones democráticas de las más amplias masas, de la Bolivia obrera, campesina, indígena y popular.

Naturalmente, los objetivos y expectativas puestas en ella no podrían ser más variadas y hasta antagónicos.

La idea de una Asamblea Constituyente aparece a ojos de amplias capas del pueblo trabajador como una síntesis de sus profundas aspiraciones democráticas, como el escenario político en que sería posible esa “refundación del país” a favor de las mayorías nacionales explotadas y oprimidas y poniendo fin a la opresión imperialista.

El plan gubernamental

Para el gobierno de Mesa, se trata de una Asamblea Constituyente pactada con los partidos del régimen, basada en los principios de la actual Constitución reaccionaria, que se limite a adoptar algunas reformas políticas de tono democrático y hasta “pluricultural”, pero que deje en pie lo esencial de las posiciones conquistadas en las últimas dos décadas por el gran capital y las transnacionales. Es en suma, una pieza clave en su estrategia de reacción democrática, para estafar las aspiraciones democráticas de las masas y dar una salida reaccionaria a la paradoja heredada de Octubre: la contradicción entre la nueva relación de fuerzas creada por el levantamiento insurreccional de las masas y la supervivencia del régimen político, con sus instituciones e incluso el viejo personal político -la casta de políticos, jueces, altos funcionarios y oficiales- profundamente corrompida y enfeudada al programa neoliberal y proimperialista.

Según los “cerebros” del nuevo gobierno, las reformas políticas serían la llave para evitar nuevas convulsiones revolucionarias “Constituyente o guerra civil” llega a afirmar el responsable de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente [1]. Para el gobierno, la aprobación congresal, en vísperas de Carnavales, de la reforma en la Constitución que incorpora a la AC (así como al mecanismo del referéndum) es hasta ahora una de sus escasas victorias políticas, que “permitirá viabilizar la agenda política del Gobierno y del país”.

La incorporación del derecho de los pueblos originarios y las “asociaciones de ciudadanos” a presentar candidatos en la futura AC fue presentada como una gran conquista democrática. De hecho, venía siendo reclamada con insistencia por diversas organizaciones campesinas e indígenas. Sin embargo, es sabido que “hecha la ley, hecha la trampa”. Cada una de las frases “generosas” de la reforma constitucional deberá ser reglamentada y condicionada dentro del andamiaje jurídico e institucional actual, imponiendo las normas que previsiblemente restrinjan este derecho al mínimo a través de diversos requisitos (garantías legales y económicas, cantidad de firmas de respaldo, etc.). Paz Ballivián, el responsable gubernamental de “coordinar” la preparación de la AC se adelanta a pronunciarse en contra afirmando que los “planteamientos de elegir una parte de la Constituyente de manera corporativa o étnica no han logrado cristalizarse en proyectos concretos” [2].

Para el bloque hegemónico de la clase dominante -la alianza entre los grandes capitalistas “nacionales”, los bancos, las “capitalizadas” y las empresas petroleras, incluso una Asamblea tan restringida y amañada como la que preparan Mesa y el parlamento resulta “peligrosa” y exigen toda clase de garantías suplementarias, entre ellas, que la participación de las masas sea lo más controlada posible y que no se toquen sus posiciones económicas, jurídicas y políticas. Para la burguesía cruceña, estrechamente ligada a lagran propiedad de la tierra y a las transnacionales petroleras, una reforma constitucional debería servirle para lograr una redistribución en su favor del poder político y algunas garantías para sus intereses económicos, pero sin hacer concesiones a las masas.

De allí la insistencia puesta por los “politólogos” y “analistas” en que la AC sea “consensuada”. Para Jaime Lazarte, un “politólogo” y ex vocal de la Corte nacional Electoral que participó en la “ingeniería” de la democracia neoliberal: “A los ojos de mucha gente, la AC representa la nueva esperanza inventada por la necesidad después de tantas frustraciones. Lo que no se pudo lograr de tantos gobiernos, piensa la gente que podrá obtenerlo de la AC. (...) La AC puede ser un salto al vacío y una caja de pandora que despierte los viejos demonios del país, o una oportunidad hist’roica para que le país se encuentre a sí mismo” [3]. Evidentemente, los “demonios” que quitan el sueño a este analista son las aspiraciones plebeyas, indígenas o antiimperialistas -a las que califica de “ilusión participacionista” que podrían reflejarse en una AC que no esté suficientemente amañada...

Los planteamientos reformistas

El Movimiento al Socialismo y Evo Morales, fieles a su estrategia reformista orientada a obtener esencialmente reformas políticas sin pretender romper los lazos fundamentales de la subordinación al imperialismo ni las bases del régimen capitalista, capitulan con ambas manos y todo su entusiasmo ante el proyecto de Mesa, aceptando los mecanismos parlamentarios y los canales institucionales actuales -dominados para prepararla.

Pese a su discurso más combativo, el planteamiento de la COB no escapa a esta lógica reformista. El pliego dirigido al Presidente Carlos Mesa el 11 de noviembre de 2003 y firmado por Jaime Solares y el Comité Ejecutivo en pleno de la COB dice textualmente en el punto 16: ”Tanto el Referéndum como la Asamblea Constituyente deben incluirse en la CPE como figuras jurídicas de pleno derecho del pueblo boliviano y de obligatorio cumplimiento para los gobernantes, en la perspectiva de garantizar la participación de todos los sectores populares del campo y la ciudad en la definición de las políticas de Estado.”

Por su parte, Álvaro García Linera defiende una versión con más “brillo teórico” pero no menos reformista.

Propone una suerte de alquimia para combinar la “lógica liberal” de la democracia representativa con la “lógica comunitaria” de la democracia directa campesina, sindical y plebeya.

AGL escribe que “En el fondo, e trata de una querella democrática que busca incorporar la parte de los que nunca han tenido parte en la decisión de la comunidad política, pero la amplitud de sus demandas y la densidad históricas de las mismas es de tal naturaleza que su percepción no pasa por meras reformas estatales, sino por un remodelamiento estructural del orden político institucional que vuelva a definir la manera en que todas las fuerzas sociales están dispuestas a vivir juntas” [4]. Esto significa, en otras palabras, crear ilusiones en la posibilidad de un régimen de conciliación entre las dos Bolivias mortalmente enfrentadas, la república burguesa y terrateniente, enfeudada al gran capital extranjero, y la nación obrera, campesina, indígena y popular sublevada.

La Asamblea Constituyente aparece como el medio para elaborar una nueva “ingeniería de medicaciones”: “está claro que la AC no resuelve los problemas y conflictos del país; lo que hace es diseñar los medios, las rutas, los mecanismos y los procedimientos mediante los cuales la sociedad acuerda dirimir y buscar soluciones a los diferendos colectivos.” Para concluir que el “tema central por el que la constituyente tiene razón de ser, y que no es otra cosa que el cierre de los dos grandes abismos que separan al actual sistema político de la sociedad. En primer lugar, la constitución de un régimen político multicultural que permita incluir las tres grandes culturas mayoritarias (qheswa, aymara, mestiza) y el gran número de culturas minoritarias (...) En segundo lugar, la articulación en los tres niveles de la organización política estatal (local-municipal, mesoautonómica y superior-general)”. En cuanto a la participación de los pueblos originarios y las organizaciones populares, la resuelve postulando “una representación simultáneamente dual, territorial-liberal y gremial-comunitaria de los constituyentes” cuyas normas de participación incluso podrían ser “verificadas por la Corte nacional Electoral”.

Es decir, desde el principio hasta el fin, un programa de reforma política para la conciliación con el Estado burgués que sólo puede llevar a frustrar las demandas democráticas obreras, populares e indígenas.

En síntesis, con distintos discursos y diferencias secundarias entre sí, el MAS, la COB y el “autonomismo” al estilo de García Linera terminan capitulando al plan de reacción democrática de Carlos Mesa y ubicados como su “pata izquierda” para presionar sobre el mismo.

La manera reformista de plantear la cuestión de la AC da la espalda a las tareas democrático-estructurales, motores de la sublevación de las masas bolivianas y sin resolver efectivamente las cuales no hay salida progresiva a la crisis nacional:

– Necesidad de liquidar la expoliación por las transnacionales y el capital financiero, y romper la subordinación semicolonial al imperialismo.

– Las tareas de la democracia política, pues bajo las formas democrático-burguesas, es negado sistemáticamente el contenido de los derechos de las masas, se extienden las formas de coerción y represión contra el pueblo, y aparece cada vez más descarnadamente la democracia como envoltorio de la dictadura de los capitalistas y del enfeudamiento al imperialismo.

Por una política revolucionaria ante la cuestión de la Asamblea Constituyente

Las masas tienen el derecho de discutir sobre estos y otros problemas en la AC. Pero no compartimos la ilusión de que la Constituyente por sí misma pueda resolverlos progresivamente. Para eso hace falta una movilización revolucionaria y un nuevo poder revolucionario. La AC puede ser una poderosa palanca para preparar su surgimiento. Por supusto, que integrada en un programa de acción, transicional, dirigido a movilizar a las masas hacia el poder, y subordinado a una estrategia de poder obrero y popular. Como toda consigna democrática, es útil e insustituible en la medida en que mantenga fuerza vital y según las situaciones concretas. Creemos que en esta etapa del proceso boliviano, está llamada a jugar un importante papel.

Para dirigir contra el régimen burgués las aspiraciones democráticas populares utilizamos una consigna democrático burguesa; la de Asamblea Constituyente, ligándola a una estrategia de desarrollo de órganos de poder (que hoy se expresa como lucha por una Asamblea Popular) y de lucha por el gobierno obrero y campesino.

A la AC constituyente amañada de Mesa y los partidos de la burguesía oponemos la denuncia sistemática de su carácter antidemocrático, de la estafa que constituye para las legítimas aspiraciones populares, y la lucha por una AC sin ninguna restricción, verdaderamente libre y soberana. Esto exige que sea impuesta mediante la movilización de masas sobre las ruinas del régimen actual y sus reaccionarias instituciones, y que sea garantizada por un gobierno provisional de las organizaciones obreras y campesinas.

La COB, la CSUTCB y las organizaciones de masas deben romper con la trampa que prepara Mesa, para no traicionar las legítimas aspiraciones democráticas de la base, y tomar en sus manos la lucha contra la misma y por una AC genuinamente libre y soberana, es decir, revolucionaria:

En primer lugar, denunciando los términos de la convocatoria

– Hay que romper con toda la antidemocrática legislación electoral y la reaccionaria Constitución vigente, bases jurídicas y políticas de la “democracia pactada” al servicio de los planes “neoliberales” y proimperialistas.

– Hoy discuten si tomar como base los 64 distritos electorales (con 2 representantes elegidos por cada una), o cada municipio como distrito. Esto es antidemocrático. El país debe ser tomado como distrito único, para que el voto de un pandino valga tanto como el de un alteño, y no como ocurre bajo la actual legislación, donde Pando, que es diez veces menos poblado que El Alto, tiene la oportunidad de lograr igual o mayor representación.

– Derecho a voto desde los 16 años: si a esa edad los jóvenes ya pueden ser madres, padres, trabajar, etc., deben tener plenos derechos políticos.

– Que cualquier organización sindical, social o comunitaria, o cualquier grupo de ciudadanos, con un mínimo de requisitos, pueda presentar sus candidatos, para romper así el monopolio de los partidos del régimen.

– Que se instale como un verdadero “poder constituyente” y no sujeto a la Constitución actual ni a ninguna restricción.

– Ninguna “agenda” o temario pactado o restringido de antemano. El temario de la AC lo fijan los propios constituyentes, con el derecho a debatir y decidir sobre todos los grandes problemas nacionales.

En segundo lugar explicando cómo imponerla

Una AC así sólo es posible como subproducto de una movilización nacional superior al levantamiento de Octubre, lo que exige el desarrollo de organismos superiores de frente único de las masas en lucha, cuyo primer paso sería la constitución de una Asamblea obrera y popular, conformada en base a delegados de base con mandato de asamblea de todo el movimiento de masas del campo y la ciudad, sindicalizado o no. Esto significa comenzar a edificar de abajo arriba y centralizar la red de los Consejos obreros, campesinos y populares -órganos de poder de las masas- y desarrollar el armamento obrero, campesino y popular -milicias-. La lucah por imponer una Asamblea Constituyente revolucionaria sería un poderosos motor en la formación de la Asamblea popular como representación orgánica de las masas movilizadas y luego, como órgano de la insurrección. Al mismo tiempo, el surgimiento de la Asamblea Popular no sólo permitiría imponer una AC como la instancia más democrática que se puede arrancar bajo el régimen burgués, sino que acercaría enormemente la perspectiva de la lucha por el poder..

Finalmente, definiendo quién debe convocarla y cómo defenderla

Una AC revolucionaria, verdaderamente libre y soberana no se puede obtener mediante el “consenso”, las negociaciones ni la “presión”. La burguesía y sus representantes en el poder, sea Carlos Mesa o cualquier otro político burgués, se negarán a ceder una Asamblea Constituyente así, tratarán de tejer toda clase de trampas y maniobras para tergiversar las aspiraciones democráticas de las masas y, finalmente, tendrán siempre a mano las bayonetas para aplastarla y dispersarla, si consideran que pone en peligro la “sagrada propiedad privada” y los intereses del gran capital nacional y extranjero. Sólo un gobierno provisional, obrero, campesino y popular, basado en las organizaciones de las masas movilizadas, podría garantizar la convocatoria y los trabajos de una Asamblea así.

La más progresiva de las resoluciones de la más democrática de las Asambleas Constituyentes, como podrían ser por ejemplo, la anulación de la legislación que entregó el gas a las transnacionales a espaldas del país, o la confiscación de las fortunas de Sánchez de Losada y Bersaín para indemnizar a las víctimas de la represión y a sus familias, será papel mojado si no es respaldada e impuesta, mediante la movilización, organización y armamento de masas. La burguesía y el imperialismo no cederán sus posiciones fundamentales sin ofrecer una furiosa resistencia. Hay que prepararse desde ahora para quebrarla y defender la voluntad de las masas trabajadoras del campo y la ciudad.

Los trotskistas y la AC

No compartimos el cretinismo antiparlamentario del POR, que de un plumazo y para siempre ha resuelto que las “masas bolivianas han superado la democracia burguesa”, con lo que renuncia a combatir de manera concreta las trampas de la reacción democrática que preparan el Gobierno y la clase dominante con la colaboración de los reformistas, y a ayudar a las más amplias masas a acelerar la experiencia con la democracia burguesa y orientarse efectivamente hacia el gobierno obrero y campesino.

Por el contrario, creemos con Trotsky y los maestros del marxismo revolucionario en la importancia de utilizar de manera revolucionaria las consignas democráticas, en particular la de asamblea constituyente, sobre todo cuando ésta será con toda probabilidad una de las cuestiones políticas centrales en la próxima fase del proceso revolucionario boliviano. Como señala el programa de Transición: “Es imposible rechazar pura y simplemente el programa democrático; es necesario que las masas por sí mismo sobrepasen este programa en la lucha”. Los marxistas “No nos solidarizamos ni un instante con las ilusiones de las masas; pero lo que tienen de progresivo dichas ilusiones debemos utilizarlo hasta el fin; de lo contrario, no somos revolucionarios, sino unos despreciables pedantes.” [5]]

Los trotskistas de la LOR-CI consideramos que la única forma de dar una salida obrera y campesina a la crisis nacional es la toma revolucionaria del poder por los trabajadores y el pueblo humilde del campo y la ciudad, imponiendo el gobierno de los órganos de poder de las masas que éstas mismas construyan en el curso de su lucha, y defendido por milicias obreras y campesinas.

Sin embargo, la mayoría de los explotados y oprimidos, si bien ya no toleran el actual orden de cosas y desean hacer sentir su voluntad en los destinos del país, no comparten aún esta salida. Creemos que la lucha por una Asamblea Constituyente como la que proponemos sería un gran paso adelante, para ayudar a obreros y campesinos a acercarse al convencimiento de que sólo tomando el poder en sus propias manos se acabará con la opresión, la explotación y el sometimiento al imperialismo.

La AC puede tener el gran mérito de poner en debate todos los problemas nacionales y las demandas de las masas, pero al mismo tiempo, no puede resolver por sí misma los problemas que se plantea. No puede existir una “democracia plurinacional y multicultural” o “participativa” como régimen intermedio entre la dictadura del capital envuelta bajo las formas de la democracia representativa y el régimen revolucionario de la república obrera y campesina. Pero cuanto más amplias sean las libertades conquistadas por las masas, cuanto mayor su experiencia con la democracia burguesa en sus formas “más generosas”, mayores serán los puntos de apoyo para la lucha revolucionaria por el gobierno obrero y campesino, y no renunciamos por anticipado a la posibilidad de arrancar concesiones parciales (incluso en una Constituyente amañada), que fortalezcan el espíritu de lucha y la autoconfianza de los explotados y oprimidos mientras se acumulan fuerzas para la insurrección.

Luchamos por una república socialista de obreros y campesinos

La resolución íntegra y efectiva de las demandas nacionales y democráticas de las masas exige la toma del poder por los obreros y campesinos, la expulsión del imperialismo y la expropiación de los grandes capitalistas y terratenientes, comenzando a sentar los cimientos de una sociedad socialista. Una “refundación del país” en beneficio de las mayorías explotadas sólo puede concebirse efectivamente en estos términos.

Una república obrera y campesina, basada en la Asamblea popular (los Consejos de obreros, campesinos, pueblos originarios y pueblo pobre de las ciudades) y defendida por las milicias armadas, podría ser mil veces más democrática que la mejor de las repúblicas democráticas burguesas. Podría proporcionar a las masas humildes y trabajadoras un grado de libertad política y cultural como éstas jamás contaron desde la fundación republicana de 1825, liquidaría toda forma de opresión racista o cultural, etc. Es por este tipo de régimen que luchamos los trotskistas.

Pero para ir hasta el final, debería trascender las fronteras, proyectándose hacia la unidad, primero, con nuestros hermanos de Chile, Perú y toda la región andina, en una Confederación de Repúblicas Obreras y Campesinas del Pacífico; y en más amplia escala, hacia la unión económica y política de toda la región en una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina (asegurando la ruptura y expulsión del imperialismo de todo el continente), buscando, en definitiva, la unidad con los trabajadores de Estados Unidos y todo el mundo hasta acabar con el capitalismo imperialista de la faz del planeta y elevar una sociedad sin explotados sin explotadores, una sociedad comunista.