En San Julián y todo el país, chispazos de guerra por la tierra

LA OCUPACIÓN por colonizadores de un predio apropiado por un terrateniente menonita en San Julián llevó a un intento de desalojo violento por bandas de matones mandadas por éste. La resistencia campesina derrotó el ataque al costo de decenas de heridos y a la policía no le quedó más remedio que detener a parte de los agresores.

Lo ocurrido desnuda la contratación de pandillas juveniles para atacar a mansalva a los campesinos. Se ha dicho que son “embriones de sicariato”, en referencia a los jóvenes pistoleros que utilizaba el narcotráfico en Colombia. El responsable del INRA, Juan Carlos Rojas, declaró que “está claro que el enfrentamiento fue provocado por un grupo de personas que fue llevado por un representante de la Juventud cruceñista” (La Prensa 21/09). Lo que los medios no dicen es que son los grandes propietarios los que están organizando desde hace tiempo bandas armadas para custodiar sus latifundios, a veces, bajo el nombre de “comités de defensa de la tierra” como en la Chiquitanía, y que alimentan a los grupos de choque de la Juventud Cruceñista.

Situación explosiva

Junto a los hechos de San Julián, la muerte de un campesino en Cochabamba en terrenos en disputa, el anuncio de marcha de los campesinos de Apolo, las tierras acaparadas por los Marinkovic, son sólo ejemplo de las decenas de “bombas de tiempo” sembradas en el territorio nacional. Según La Prensa (23/09) habría registrados más de 230 conflictos de distinto tipo por tierras, 120 de ellos sólo en Santa Cruz, donde hay al menos seis tomas.
La raíz del problema está en que mientras en un extremo, más de un millón y medio de familias campesinas y originarias apenas cuentan con 2 a 5 hectáreas de tierra cultivable y medio millón de familias no tiene tierra; en el otro extremo, menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas. Tan sólo la familia Marinkovic se apropió ilegalmente de 26.951 Has. en Guarayos, además de otros predios. El clan Antelo se hizo dotar 12 propiedades con 116.000 Has. en Ñuflo de Chávez; la familia Gutiérrez con 5 , por 96.874 Has en Cordillera; los Paz Hurtado poseen 76.000 Hs. en Santistevan; los Hecker, 92.000 Has. en Pando y Beni, y así un puñado de poderosos clanes empresariales y ganaderos que acaparan las mejores tierras del país.

Respuesta oficial: más policía

El gobierno anunció que formará un cuerpo represivo especializado (según el modelo de UMOPAR) para que intervenga interponiéndose “en aquellos lugares donde más conflictos de tierra se han presentado”, según dice el ministro de Gobierno Alfredo Rada. La realidad es que los uniformados estarán como siempre al servicio de la protección de la propiedad privada, para mantener a raya a los campesinos sin tierra e indígenas y calmar a los terratenientes.

La respuesta oficial desenmascara que detrás de la retórica de la “reconducción comunitaria de la reforma agraria” se mantiene un firme compromiso con el desarrollo capitalista del agro.

La única solución de fondo al problema agrario parte de la lucha por una verdadera reforma agraria, con la liquidación de la propiedad terrateniente y la dotación de tierra a todas las familias que quieran cultivarla con sus propias manos, la nacionalización de las grandes empresas agroindustriales bajo control obrero y la promoción integral desde el Estado a formas de producción agrícola comunitaria y colectiva en el marco de un plan obrero y campesino para la economía nacional.

En esta perspectiva, defendemos el derecho de los sin tierra, campesinos y pueblos originarios a ocupar las tierras malhabidas y a actuar en defensa propia contra los sicarios de la oligarquía. Por la formación de Comités de Autodefensa. Por la movilización general de los trabajadores y el pueblo para imponer sus legítimas demandas y aplastar a la derecha.

Por Eduardo Molina