Una nueva Constitución para enterrar la “Agenda de Octubre”

LA NUEVA CPE no resuelve los problemas de los trabajadores y el pueblo y no responde a las expectativas populares y niega las tareas nacionales pendientes.

La proclamación de Bolivia como “Estado unitario, multinacional, social de derecho, etc.” inicia un largo texto de 408 artículos sembrado de fraseología comunitaria y nacionalista pero que garantiza el reconocimiento a la propiedad privada de los medios de producción, legitima la entrega de recursos naturales, etc.

Por ejemplo en el artículo 347 parágrafo II sobre los Recursos Naturales dice “El estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamientos sobre otros recursos naturales”. Y para que no queden dudas, en el Art. 364 sobre Hidrocarburos aclara “Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado, estarán sometidas a la soberanía del país...”, consagrando la participación de las transnacionales en el negocio del gas.

Otro grave retroceso es en el tema de los servicios básicos. El texto aprobado en grande el 24 de Noviembre en Sucre decía que estos debían ser administrados y explotados por el Estado, lo cual implicaba un proceso de nacionalización de las empresas privadas que actualmente explotan las telecomunicaciones y la electricidad. Sin embargo en el nuevo texto, luego de su paso por la “Comisión de Concordancia y Estilo” dice “En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada” modificación de fondo que es una nueva concesión a la empresa privada en general y a las transnacionales en particular.

También se preservan los grandes negocios en la educación de la Iglesia y los empresarios, garantizados en el Art. 77 cuando dice: “El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.”

Una supuesta “virtud” de la nueva CPE sería que es mas democrática y participativa. Sin embargo, a pesar de la profusa enunciación de derechos humanos y sociales, no hay mecanismos para que las masas puedan garantizar efectivamente su cumplimiento ni la ampliación de las libertades políticas. Por ejemplo reduce la Cámara de Diputados y aumenta la elitista Cámara de Senadores ahora llamada “Cámara de Representantes Departamentales”. Esta modificación de paso también dificulta muchísimo la posibilidad de que cualquier grupo de trabajadores o campesinos consiga algún cargo electivo, pues elimina a los diputados plurinominales que eran elegidos proporcionalmente según el total de votos. Ahora al ser uninominales y ser elegidos por mayoría y minoría solo ingresaran representantes de los dos primeros partidos, privilegiando de hecho al MAS y PODEMOS.

Las autonomías regionales y ciertas concesiones democrático-formales no satisfacen plenamente las reivindicaciones indígenas, mientras que la aspiración de “tierra” de los campesinos pobres y desposeídos queda limitada por la protección a la explotación capitalista de la tierra (aunque se sometería a referéndum un límite de 10.000 Has de extensión máxima).

Desde le punto de vista de la organización estatal, fortalece al Poder Ejecutivo, mantiene al reaccionario Senado y reconoce las autonomías departamentales, trinchera del poder de las oligarquías locales, aunque socavado sus atribuciones y contrapesando con la posibilidad de autonomías regionales e indígenas.
Por todo ello, no representa la “refundación de Bolivia” dando cumplimiento a la “agenda de Octubre” como pretende la propaganda masista, sino su negación reformista, por lo que las reivindicaciones y expectativas de los trabajadores, campesinos y pueblos originarios se verán insatisfechas y frustradas. Se trata de una constitución tibiamente reformista que no toca las bases del régimen capitalista ni rompe los lazos que nos atan al imperialismo, y en su retórica, expresa la utopía de conciliar los intereses de explotados y explotadores.
Sin embargo, el nuevo texto constitucional es rechazado por la mayor parte de la oposición neoliberal y regionalista, pues aunque garantiza lo esencial de las posiciones económicas y sociales de la burguesía, se oponen al diseño del nuevo régimen y la reestructuración político-estatal planteada.

Rechazan el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, incluida la reelección presidencial y la mayor intervención del Estado “centralista”. Las oligarquías de la media luna insisten en la exigencia de la más amplia autonomía departamental, control sobre la tierra y los recursos naturales locales y limitar a lo decorativo las autonomías indígenas. Tampoco ocultan sus temores a cómo las masas pueden llegar a tomar las frases constitucionales (sobre todo, ante el problema de la tierra y los derechos de los pueblos originarios).

Por Daniel Villaflor