La lucha del pueblo mapuche

08-02-04
Virginia Andrea Peña

La “justicia” patronal chilena ha mostrado ser un ejemplo de injusticia y racismo para ricos: mientras en estos momentos hay 16 presos políticos mapuche, acusados de cargos tan increíbles como “terrorismo”o “asociación ilícita”, los militares de la dictadura -verdaderos “terroristas” contra el pueblo- están libres en su amplia mayoría, mientras que el Mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer, asesino del joven mapuche de 17 años Edmundo Alex Lemun -abatido en una acción de recuperación de tierras en un fundo ocupado por la empresa Forestal Mininco-, también está libre y este hecho se encuentra en total impunidad.

Y es que es tan brutal la justicia patronal chilena contra la lucha del pueblo mapuche, que su actuar es definido como una verdadera criminalización del conflicto, ya que junto con el aumento de la dotación policial y la persecución a autoridades tradicionales mapuches el Gobierno y su Justicia siguen encarcelando, reprimiendo, condenando, acosando y discriminando al pueblo mapuche.

Si bien la historia de la represión al pueblo mapuche viene desde la propia colonización, y fue brutal también durante los años de la dictadura, en los últimos años los distintos Gobiernos de la Concertación, incluyendo al “democrático” Gobierno del “socialista” Ricardo Lagos han profundizado la entrega de los recursos naturales (forestales) a empresas privadas nacionales y transnacionales aumentando por ello la represión y persecución contra los mapuches, ya que la prioridad de este Gobierno es garantizarle “seguridad jurídica” y buenos negocios a estos empresarios.

El propio Ministro del interior José Miguel Insulza en su discurso en el Encuentro Empresarial de la Araucanía, en que empresarios analizaron la situación económica nacional y regional y sus proyecciones -incluidas en el marco de los tratados internacionales- planteó que “la pasividad en la zona en el marco del denominado conflicto mapuche se viene dando desde antes de los juicios a los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, por ley antiterrorista. Asimismo mencionaba que la calma reinante se ha conseguido por las arremetidas judiciales y por la participación e integración de los indígenas a distintos programas de desarrollo” [1].

Actualmente los mapuches ocupan solo 250 mil hectáreas, más de la mitad habitan en las ciudades en un proceso de migración que se viene produciendo hace varios años debido a la escasez de tierra que ha llegó a un punto límite para la subsistencia de las comunidades, viviendo la mayor parte de ellos en situación de pobreza.

El estado chileno mientras ha usurpado tierras a los indígenas mediante distintas “Leyes” y mecanismo, reconoce a los usurpadores como dueños: del total de las tierras forestales y bosque de Chile, en el caso del bosque nativo, los particulares son propietarios de 5 veces más bosques nativos que el Estado [2].

“7 empresas...en 1992 poseían 233.900 hectáreas (comparar con las 250 mil hectáreas de tierras mapuches) de bosques nativos en las regiones VIII a XII....las cifras de la gran concentración de propiedades con bosque nativo en pocas manos son elocuentes: el 22,48% de los propietarios posee el 88,15% de las tierras...” [3].

Por otro lado la política del Gobierno es brindar un subsidio para la adquisición de tierras por parte de las comunidades indígenas, en el año 2003, postularon a este concurso 5 mil 178 personas naturales y 89 comunidades de las regiones VII, IX, X y XII, de los que fueron adjudicados sólo 80 subsidios individuales y 11 para comunidades, asignándose para ello poco más de dos mil millones de pesos, es decir, el Estado atendió tan sólo el 2,7 por ciento de la demanda general, por efectos de compra de tierras indígenas del sur del país.

Es a través de este proceso de subsidio realizado por la Corporación de Desarrollo Indígena -CONADI- donde los mapuches “recuperan legalmente” sus tierras, es decir, comprando a elevadas cifras sus propias tierras que en un pasado les fueron usurpadas y actualmente poseen empresas y particulares. Esta política es completamente inútil para alcanzar los justos fines de recuperar sus tierras y conquistar su autodeterminación nacional.

Fundamentalmente, se trata de una política para dividir al pueblo-nación mapuche, arrojando unas migajas a algunos, para intentar aislar a quiénes luchan activamente contra las forestales y sus guardias blancos, y contra el Estado patronal chileno y sus instituciones como carabineros, el Parlamento y la Justicia.

La Reforma Procesal Penal y la Criminalización de la lucha del pueblo-nación mapuche

Sin duda una herramienta formidable puesta en practica en el actual Gobierno es la reforma Procesal Penal que ha permitido “agilizar” las condenas a los luchadores del pueblo mapuche.

La política de criminalización de la lucha es sostenida tanto por la Derecha como por el Gobierno, por ejemplo el Informe sobre el conflicto mapuche en relación al orden público y seguridad ciudadana en las regiones de Bío Bío y la Araucanía dado a conocer por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, sostiene con preocupación que el denominado “conflicto mapuche” que hoy se verifica en el sur del país constituye una “... grave alteración a la vigencia del principio de la seguridad jurídica en las regiones del Bío Bío y La Araucanía.” A juicio de los senadores, tal conflicto se habría generado a raíz de “...las acciones reiteradas de violencia cometidas por algunas organizaciones mapuches en perjuicio de sus habitantes, particularmente en las zonas rurales, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza, sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias.”

Según los mismos senadores tales “acciones violentistas”, las que incluirían “...atentados en contra de la vida e integridad física de las personas, incendios, destrucción de inmuebles, robo de maderas, tala de bosques, etc.”, que se habrían iniciado a mediados de los 90, “...han suscitado un grave problema de orden público y seguridad ciudadana, fundamentalmente en las zonas rurales.”

Otro ejemplo son los 20 senadores de distintas bancadas quienes presentaron en noviembre del año pasado un oficio ante el Ministerio del Interior, solicitando que “inicie las acciones legales correspondientes para sancionar a quienes están detrás de ilícitos, que han generado intranquilidad y preocupación entre campesinos, agricultores y empresas forestales de la zona.” [4].

El documento está firmado por grandes senadores “demócratas” como Jorge Arancibia, Evelyn Matthei, Carlos Bombal, Andrés Chadwick, Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, Sergio Fernández, José García, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Sergio Páez, Baldo Prokurica, Mario Ríos, Hosaín Sabag, Enrique Silva Cimma, Rodolfo Stange y Gabriel Valdés, y su objetivo es que se deriven los antecedentes a los Tribunales de Justicia para que “investiguen dichos hechos y sancionen, en el evento de estimar la configuración de algún delito, a los responsables”.

Parte de esta política represiva es permitir, a pesar de las múltiples denuncias hechas por mapuches y organismos de Derechos Humanos, de los grupos paramilitares que viene actuando en la zona, como el grupo Hernan Trizano [5] denunciado por Víctor Ancalaf [6], representante de las comunidades de Malleco con "preocupación por la conformación de grupos paramilitares en territorio mapuche, que han afectado la integridad de nuestras comunidades, nos referimos a la organización ’Hernán Trizano’, que han amenazado mediante espacios radiales locales vociferando sus prácticas y acciones anti mapuches” [7].

Por otro lado las empresas forestales han sido denunciadas por sus vínculos con empresas privadas de seguridad, este es el caso emblemático de la Forestal Bosques Arauco, quién el segundo semestre del año 1999 fue acusada públicamente por comunidades de Arauco de planificar atentados y montajes al interior del Fundo Cuyinco, comuna de Los Álamos, predio de 1.650 hectáreas y reivindicado desde hacía más de 18 años por miembros de la comunidad Pablo Quintriqueo.

“En aquella ocasión, varios ex guardias de la forestal, molestos por el abandono de sus superiores a uno de sus compañeros detenido en el marco del conflicto mapuche y que posteriormente se quitó la vida, declararon públicamente haber recibido instrucciones de cometer auto atentados en Cuyinco para inculpar ante la justicia a miembros de la comunidad. Cabe destacar que todos ellos pertenecían a la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo y fundada a fines de los años ochenta por el coronel de Ejército ® Alfredo Rodríguez, ex miembro de la Central Nacional de Informaciones(CNI, policía secreta de Pinochet) y qué más tarde huiría del país perseguido por causas de violaciones de derechos humanos” [8].

Todas estas denuncias fueron minimizadas por el Gobierno y la Justicia planteando que no había “pruebas suficientes” de la existencia y accionar de estos grupos, mostrando claramente un doble estándar donde se “deja correr” estos grupos como parte de la misma política de amedrentamiento contra el pueblo mapuche.

Esta clara criminalización del conflicto implica vulneración del derecho al debido proceso de los indígenas cuando las autoridades y el Ministerio Público solicitan indiscriminadamente - y obtienen - la aplicación de leyes de excepción como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado que restringen severamente los derechos procesales de los imputados .

A tal punto es escandaloso el actuar del Estado y Gobierno de Chile que el propio relator especial de la ONU Rodolfo Stavenhagen señaló en su informe posterior a su visita a territorio mapuche su preocupación “...ante las situaciones de privación de libertad en la que se encuentran algunos líderes mapuches y la aplicación de leyes sectoriales que permiten, entre otros, largos periodos de detención con las consabidas consecuencias en el disfrute de los derechos humanos de los afectados” [9].

La agrupación de Familiares de Presos Políticos Mapuche, a través de su vocera Cristina Painemal, dio a conocer al finalizar el 2003 el listado de presos mapuches, “destacando el negativo balance que hacen respecto del funcionamiento de la Reforma Procesal Penal. Consideran que los mapuche que luchan por sus derechos son reprimidos y acusados de delitos que la fiscalía ha caracterizado como ’terroristas’ para poder aplicarles altas penas y detener así la lucha de su pueblo. Similar calificación ha recibido la Coordinadora Arauco Malleco, a la que pertenecen algunos de los presos políticos” [10].

Están imputados por asociación ilícita e incendio terrorista José Osvaldo Cariqueo Saravia, Mireya Figueroa Araneda, José Francisco Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Marinan, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Troncoso Robles.

Mientras de asociación ilícita está acusado Héctor Llaitul Carillanca, de ’incendio terrorista’ están acusados Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, y Luis Amable Catrimil Huenupe de incendio simple, Víctor Ancalaf Llaupe, José Nain Curamil, y Juan Arraigada Fren.

Finalmente hace poco tiempo fueron encarcelados los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin, tras ser ratificada la condena a cinco años y un día, por amenazas terroristas, según resolución de la Corte Suprema, contra el propietario del fundo Nancahue, el ex ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, cuya parte del bosque y su casa patronal fueron quemadas en diciembre de 2001, un caso escandaloso ya que en el primer juicio habían sido absueltos, el caso de ambos dirigentes indígenas fue presentado en agosto de 2002 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estimar que en el juicio oral y en la sentencia condenatoria no hubo un debido proceso y que fue vulnerado el principio de presunción de inocencia, además de considerar la condena “amenazas terroristas” como una aberración jurídica.

En el caso del dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco Vìctor Ancalaf éste fue sentenciado como único responsable identificado de los tres atentados incendiarios contra camiones que participaban en el mega-proyecto hidroeléctrico Ralco, en el Alto Bío Bío condenandolo a 10 años de cárcel, el fallo fue emitido por el ministro instructor Simpertegui, quien sustanció el requerimiento por ley antiterrorista interpuesto por la Gobernación de la provincia del Bío Bío, Octava Región.

Ancalaf permanece recluido desde noviembre del 2002 en la cárcel El Manzano de Concepción, debiendo enfrentar además, otros delitos que se le acusa en el marco de la persecución política de que es objeto.

Todos los prisioneros están recluidos en cárceles de Angol, Concepción, Lebu y Temuco.

Los hechos por los que se ha encarcelado a la mayoría de los presos tienen que ver con la lucha por la recuperación de tierras que vienen desarrollando en los últimos años.

La justa lucha de la menos una importante parte del pueblo-nación mapuche, es la que ha permitido que sus demandas históricas no hayan sido reducidas a la nada. Y le han impuesto un límite a la voracidad explotadora y opresora de los patrones en general y las forestales en particular, y sus políticos de la Concertación y la derecha.

La misma voracidad explotadora que comienza a despertar la lucha más sostenida de los trabajadores y el pueblo pobre chileno, como el paro nacional del 13 de agosto del 2003 mostró. La lucha común del pueblo-nación mapuche por sus justas demandas de tierras y autodeterminación nacional, y de los trabajadores y el pueblo pobre de Chile, es una tarea fundamental contra quienes nos explotan y nos oprimen.