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Pacto congresal para enterrar la agenda de octubre y recomponer el régimen

 

El 21 de octubre se consagró en el Parlamento el acuerdo entre el MAS y una parte importante de la oposición derechista para viabilizar la convocatoria a referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.
De esta forma se selló un acuerdo sobre la base de reescribir buena parte del texto aprobado en Sucre y Oruro hace casi un año. Esto fue hecho en dos reducidas comisiones congresales por las cúpulas del MAS, PODEMOS, MNR y UN. En 16 días de negociación reescribieron el texto, cambiando unos 200 artículos para hacer más confiable y “potable” para el conjunto de la burguesía una constitución que ya, desde sus orígenes se plantaba claramente en el terreno de la defensa de la propiedad privada y el respeto al orden burgués. Las autonomías departamentales fueron incluidas acomodándose a varias de las exigencias de oligarquías de la “media luna”. Las “contradicciones” -es decir, aquellas partes de la retórica del “constitucionalismo social” de tono indigenista en que estuvo concebido el texto podían dar pie a las expectativas e ilusiones populares, fueron cuidadosamente corregidas para multiplicar las garantías a los ricos, como con la escandalosa “constitucionalización” de la gran propiedad de la tierra (ver nota donde analizamos el texto “corregido”).

No es casual entonces que muchos de los que hasta ayer se oponían rabiosamente, como empresarios y representantes de la derecha política y regional, pasen a aceptar la nueva CPE y hasta apoyarla. Aunque una parte de los “cívicos”, terratenientes y empresarios del Oriente aún desconfían de las veleidades reformistas del gobierno y sobre todo de cómo pueden interpretar los sectores populares las promesas constitucionales, se ha producido un importante cambio: ya no amenazan seriamente con la “resistencia activa” sino que se proponen llevar su rechazo al terreno electoral, dentro de cauces institucionales.

Esto no quiere decir que deja de haber profundas disputas sobre el “proyecto de país” a implementar, pero se recompone el campo para que las diferencias se discutan por vía parlamentaria, dentro de una “institucionalidad” que empieza a ser aceptada por oficialistas y opositores, desplazando el escenario de “régimen fracturado” entre el gobierno nacional y la “media luna” que caracterizó la larga crisis política nacional hasta ahora.

Es que con el pacto congresal, estamos en presencia de importantes pasos, los más sólidos dados hasta ahora, para poner en pie un nuevo régimen político en Bolivia, es decir, un reordenamiento de todo el edificio político y legal que pueda reestabilizar el Estado burgués semicolonial cuyas formas de dominación política habían sido profundamente conmovidas por el derrumbe de la “democracia pactada” desde el levantamiento de masas de octubre del 2003.

De esta forma, el gobierno del MAS bajo el discurso de la “refundación constitucional del país” para la “descolonización” utiliza las ilusiones democráticas de sectores mayoritarios del pueblo trabajador, los campesinos y pueblos originarios, al servicio de su estrategia de conciliación de clases con la burguesía, los terratenientes y los intereses imperialistas, abonando el terreno para pactos que hagan posible una reconstrucción del régimen apuntando a cerrar de manera reformista el proceso abierto en octubre. Las aspiraciones que englobaba la “agenda de octubre”, como la nacionalización real del gas y los recursos naturales, la tierra y el territorio, la liberación frente al imperialismo, son sacrificadas y enterradas definitivamente en aras del acuerdo con la burguesía.

Lamentablemente, las direcciones del movimiento de masas, desde los movimientos sociales encuadrados en el CONALCAM oficialista, hasta la COB, pasando por los constituyentes de la “izquierda masista” que bajo algunas protestas “se comieron el sapo” del manoseo de la CPE, avalaron el pacto con la marcha y concentración del 21/10 en La Paz, sumándose a esta “trampa política” al movimiento de masas.

En la nueva situación política, la “descompresión” de la confrontación y la canalización de las diferencias por la vía de las instituciones y las urnas favorecen una relativa estabilización. Mientras el gobierno da un salto “al centro” del espectro político reafirmando su “moderación”, los sectores más “duros” de la oposición han quedado debilitados. Al mismo tiempo, se aleja el peligro de que choques en las calles como durante la reaccionaria ofensiva autonomista de septiembre, terminen desatando una mayor movilización de masas como respuesta, y las aspiraciones de estas son desviadas al terreno de las urnas.

De la crisis política a la crisis económica

Sin embargo, mientras el “clima político” se suaviza, el “clima económico” comienza a tensarse. El impacto de la crisis capitalista internacional ya se está haciendo sentir en Bolivia. La brusca caída de los precios de las materias primas, como el zinc, el estaño o la soja, los problemas en las exportaciones y otros síntomas están creando un escenario difícil (lo que además, debilita el terreno bajo los acuerdos políticos). Ya se anticipa que los ingresos nacionales -y los del Estado- caerán en el 2009, haciendo difícil sostener el gasto público a los niveles actuales, agudizando la disputa por el reparto de la renta entre todas las fracciones burguesas y tensando todos los antagonismos sociales al afectar a los trabajadores y el pueblo pobre con la inflación, el alto costo de la vida, a especulación, los bajos salarios, el desempleo y otros ataques a la economía obrera y popular. En sectores como textiles y mineros, comenzaron los despidos y cierres de operaciones. Grandes y pequeñas empresas ya “se curan en salud” con medidas para defender sus ganancias a costa de despidos y ajustes contra los trabajadores. La política económica del MAS, de una moderada intervención estatal dentro del respeto al “mercado y la propiedad privada” y la herencia neoliberal de privatizaciones y “apertura” de la economía, será completamente impotente ante la crisis.

Este panorama plantea entonces dos grandes tareas combinadas ante los trabajadores: desenmascarar el pacto congresal y recuperar la independencia política y organizativa de la COB y los sindicatos frente al gobierno, poniendo para a una política de los trabajadores como salida a los grandes problemas nacionales; y junto con ello, levantar un programa obrero frente a la crisis, para que la paguen sus responsables: las transnacionales y los empresarios, y no los trabajadores.

Los sindicatos combativos, los trabajadores y jóvenes de vanguardia tienen que tomar la iniciativa ¡Comencemos a debatir la respuesta obrera a la crisis capitalista y como poner en pie una expresión política de los trabajadores!

Por JF y EM