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La nueva CPE “corregida” al gusto de la burguesía y los terratenientes

 

EL TEXTO APROBADO en Sucre-Oruro a fines del 2007 se inscribe en la tradición del “constitucionalismo social” (como la de 1938), con una larga enumeración de derechos pero en el marco del respeto a la propiedad privada, es decir, dentro del orden burgués; todo esto, con un discurso indigenista que prometía la “descolonización” y la inclusión para los pueblos originarios. Como ya denunciábamos en anteriores números de Palabra Obrera (ver por ejemplo el nº 28), estas promesas y esa fraseología estaban al servicio no de resolver las grandes tareas democráticas inconclusas, como la cuestión agraria, el territorio para los pueblos originarios y la liberación nacional, sino de sepultar la “agenda de Octubre”, reemplazándola a lo más, por algunas tibias concesiones de corte democrático formal a los movimientos sociales indígenas y campesinos. Estas concesiones son las que la derecha denunciaba como “contradicciones” e “incoherencias” en la nueva CPE. Ahora, en el Congreso han “corregido” la redacción para introducir grandes concesiones a las autonomías departamentales reclamadas por los cívicos del Oriente, redoblar las seguridades a la propiedad privada y alinear todo el texto más claramente en la racionalidad liberal-republicana, es decir, burguesa. Veamos algunos botones de muestra.

“Constitucionalizan” la gran propiedad terrateniente

Si la Constitución aprobada en Oruro, ya tenía los elementos suficientes para preservar las grandes propiedades de entre 5 a 10 mil hectáreas, lo aprobado el Congreso va mucho más allá. Los nuevos límites no son retroactivos, por lo que no se aplicarán al latifundio existente pese a que unos 100 clanes familiares controlan en total decenas de millones de hectáreas. Así, luego de definir las dos cláusulas en el Artículo 398, sobre el limite de tierras posibles de poseer (5 mil o 10 mil hectáreas) que deben ser sometidas a votación en el referéndum dirimidor del 25 de enero, aparece una nueva redacción del Art. 399 que reduce a la nada la futura votación, constitucionaliza el latifundio, y otorga enormes garantías a los terratenientes: “Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley.” Esto significa que si cuando esto sea publicado en la gaceta oficial, fecha en la que empezará a tener vigencia este texto, una persona posee cien mil hectáreas, las mismas no se tocan. Menuda “revolución agraria” de los masistas y sus aliados indianistas y estalinistas de todo pelaje (PCB, PCML).

La gran propiedad privada urbana queda sobre protegida y constitucionalizada

Si la actual constitución ya caracterizaba a la propiedad privada como sagrada e inviolable, y que solo en caso de utilidad pública muy restringidos podría ser expropiada, hoy el texto reelaborado agrega mayores garantías para la burguesía. Al artículo 57 que decía que “La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa” se le agregó la siguiente observación: “La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión” con lo que se cierra el paso a toda reforma urbana para resolver el dramático problema de la vivienda popular. Además, esta cláusula tiene un carácter preventivo frente al desarrollo de la crisis económica internacional y la posibilidad de que sectores obreros se vean en la necesidad de ocupar minas y fábricas y demandar su nacionalización. ¡Esta cláusula hubiera hecho directamente ilegal la lucha de los mineros de Huanuni por la nacionalización!

El agua y los recursos naturales, sujetos al comercio

En el artículo 20 inciso III, que garantizaba que el agua y el alcantarillado no podían ser sujetos de privatización, se ha introducido una salvedad que permite hacerlo cuando afirma que “(...) están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.” Estos sutiles cambios también se expresan en lo que respecta a la seguridad social. Si antes del acuerdo se establecía que todo boliviano y boliviana tenían derecho en forma gratuita a este derecho, hoy eso ha sido eliminado, quedando una formulación típicamente liberal, donde se garantiza el derecho... para el que pueda pagarlo: “Artículo 45. I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.” Este cambio, no es de poca monta, ya que si se mantenía la formulación anterior, no solo que el régimen actual de seguridad social privatizado a favor de las AFPs se hundía y eso obligaba al Estado a hacerse cargo, sino que incluso el proyecto de Ley de la COB quedaba como una tibieza reformista.

Las manos de la Iglesia en la educación popular

Según el Art. 87, las escuelas por convenio quedan bajo control de las Iglesias e instituciones religiosas que las administren. Si bien esto es así actualmente, nadie pensó nunca en la necesidad de constitucionalizarlo. Ahora “Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio (...) respetando el derecho de administración de entidades religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales (...)”. Si el texto que emergió en Oruro hacía demagogia en varias cuestiones educacionales, todo eso ha sido completamente diluido, se garantiza que los curas y los empresarios privados seguirán haciendo negocios con la educación seguirá, y las promesas de establecer una educación igualitaria, publica y controlada por el Estado nacional quedan en la nada.

¿Intraculturalidad y descolonización?

En todo el nuevo texto quedan frases, enumeración de derechos y alusiones a los pueblos y naciones originarias, las que supuestamente deben permitir el avance en la “intraculturalidad” y por lo tanto iniciar la descolonización de estas tierras. Es innegable que si los pueblos indígenas no existían en la constitución todavía vigente, ahora están formalmente incluidos en la nueva CPE. Por ejemplo, ya en sus primeros artículos se reconocen como lenguas oficiales a todas aquellas que forman parte del acerbo cultural de las 36 nacionalidades y etnias existentes. La constitución reconoce formalmente a las naciones originarias como sujeto, aunque sin afectar las bases materiales de la “colonialidad”, es decir, el poder económico y social de la burguesía que históricamente ha reforzado su dominación y explotación con el racismo y la opresión de los pueblos aymara, quechua, guaraní, etc.
Sin embargo, la reelaboración del texto ha reducido incluso las concesiones en el terreno democrático formal. Se ha introducido el concepto de “nación” boliviana subrogando a las naciones, nacionalidades y etnias originarias, que además son definidas por su base “campesina” con lo que los derechos de cientos de miles de indígenas urbanos son recortados. Las autonomías indígenas quedan en la práctica limitadas a las TCO (Tierras Comunitarias de Origen) y los municipios indígenas del Oriente y enmarcadas en las autonomías departamentales favora-bles a las oligarquías regionales. En otros lados, los enunciados indigenistas quedan reducidos a casi nada con el agregado de “se reglamentará según Ley”. Las instituciones y costumbres indígenas, como la “justicia comunitaria” seguirán rigiendo donde lo hacen hasta ahora... en ciertas áreas rurales, pero encuadradas en la justicia “republicana”.
En algunos casos donde la retórica podía ser peligrosa para los intereses de la burguesía, ha sido eliminada, como por ejemplo en el artículo 7 donde se insinuaba que la soberanía popular no podía ser delegada y debía ejercerse en forma directa hoy se le puso un limite preciso: La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público (...)”

En conclusión: las numerosas modificaciones al texto aprobado en la Asamblea Constituyente han estado en función de “blindar” los intereses y la propiedad de la clase dominante, permitir que las transnacionales sigan operando en el país y reducir al mínimo las concesiones a los movimientos sociales y pueblos originarios. No habrá liberación nacional y social de la mano de una nueva CPE que entierra las banderas de octubre.
Por Javo Ferreira