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La coyuntura después del referéndum constitucional

Un triunfo del régimen

 

1.
El 25 de enero el MAS obtuvo una victoria política importante al aprobarse la nueva Constitución (CPE), pieza clave en su proyecto político, con el 61,43% de los votos válidos frente al 38,57% del NO opositor.
Aunque el MAS y la derecha tienen por delante un largo camino para resolver las decenas de leyes que darán forma final al nuevo régimen y son múltiples sus diferencias, la aprobación constituye un paso importante para la reconstrucción del régimen.

2.
A través de la concertación y las concesiones a la oposición neoliberal y autonomista, y un alto en la “moderación” del MAS, que aceptó recortar aquellos puntos de su propia propuesta reformista, que ya siendo tibios y limitados, causaban sin embargo rechazo e irritación en la clase dominante, y reducir al mínimo las concesiones democráticas, para reducirlas en la mayor parte de los casos, a retórica de los derechos sociales y fraseología indigenista. Esto es lo que permitió arribar, tras el fracaso de la asonada autonomista de septiembre, al pacto congresal del 28 de octubre que habilitó el referéndum constitucional.

3.
Así logran avanzar en poner la “piedra fundamental” de un nuevo régimen legitimado, a cinco años del levantamiento insurreccional de Octubre de 2003 y del derrumbe de la “democracia pactada” neoliberal. Pero trazar los cimientos no es tener el edificio terminado. Cuando García Linera habla de una “transición”, señala que hacen falta decenas de acuerdos que consagren nuevas leyes para hacer efectivos los lineamientos de la nueva CPE. Y esto pasa necesariamente por la negociación en el Parlamento, lo que no dejará de mostrar nuevas tensiones y disputas. Allí, la oposición parlamentaria (PODEMOS y cía) buscará, o bien imponer condiciones aún más favorables para la burguesía y los terratenientes, o bien bloquear el tratamiento de las leyes, postergando lo más posible la vigencia de la CPE. Por su parte, el MAS deberá negociar nuevos acuerdos que legalicen sus iniciativas, lo que refuerza el curso “moderado” - es decir de mayor alineamiento con las exigencias de la clase dominante” del gobierno.

4.
Más allá del escándalo mismo, que salpica a todo el gobierno y puede tener efectos y costos políticos importantes, el caso Ramírez muestra que ese curso “moderado” tienen poderosas bases materiales, pues tres años de gestión al frente del Estado han llevado a un salto en la integración no sólo política, sino también social de la capa dirigente del MAS, reciclándose como la “fracción plebeya e indígena de las élites”, que nació y se apoya en los “movimientos sociales”, pero que se enriquece y entrelaza sus intereses con la clase dominante usando los usuales mecanismos de ascenso social a través del poder político (corrupción, negociados, favores financieros, contrabando, etc.) consustanciales al Estado burgués.

5.
2009 va a ser un año electoral. El MSM, aliado paceño del MAS, ya lanzó la iniciativa para hacer referéndums autonómicos en los 5 departamentos del Occidente y los Valles, mientras que oficialistas y opositores se preparan para las estratégicas elecciones generales de diciembre, donde se renovarán todos los cargos electivos según la nueva composición de los distintos niveles y poderes del Estado. Ése sería un paso clave en la “transición” hacia un nuevo régimen regulado por la nueva CPE.
Si para el MAS es clave reelegir a Evo y alcanzar pleno control del congreso, rebautizado “Asamblea Legislativa Plurinacional” para la oposición es crucial poder poner en pie una alternativa, que supere la debacle de PODEMOS y la fragmentación regional de los autonomistas, una unidad es muy difícil, y por lo pronto varios proyectos político comienzan a tomar forma, como el de Carlos Mesa, relanzándose como la figura capaz de aglutinar un “centro” burgués. Claro que diciembre aún está muy lejos para los tiempos de la política boliviana, pero ya empieza a condicionar los movimientos de los actores políticos.

6.
De hecho, se trata de ir acordando cambios bastante importantes en las formas políticas e institucionales del Estado burgués semicolonial, pasando del tradicional “estado unitario” remodelado bajo el neoliberalismo a un Estado central fortalecido en torno al Ejecutivo, para recuperar capacidad de mediación entre las clases nacionales y respecto al capital extranjero, pero consagrando las autonomías departamentales como contrapeso de las oligarquías regionales. La llamada “descolonización” e “inclusión” indígena está recortada a la medida de la incorporación al Estado de las capas dirigentes -la burocracia campesina y de los “movimientos sociales”-.
El resultado parece ser una inestable solución de compromiso, sobre las relaciones de fuerza creadas por la crisis política y ascenso de masas de 2003-2005, con pies de barro porque no resuelve las contradicciones fundamentales del país: la dependencia del imperialismo, el problema agrario, las raíces estructurales de la opresión indígena ni mucho menos, la explotación y pobreza de las masas trabajadoras. Y tampoco hay pleno acuerdo sobre el “diseño final” que tendría esa compleja y contradictoria construcción.

7.
Por lo pronto, la coyuntura estará marcada entre las idas y venidas de la negociación para avanzar en la recomposición del régimen político y mantener la “gobernabilidad”, y los problemas económicos que presagian tormenta (y que pueden terminar agrietando los avances logrados en las alturas).
La economía nacional se está frenando tras un año récord de crecimiento, hay fuga de capitales y erosión del alto nivel de reservas, mientras que el bajo precio del dólar crea tensiones con los exportadores. El empantanamiento de la producción hidrocarburífera y la crisis minera se hacen sentir y los problemas climáticos pueden traer un mal año para el agro.
El gobierno se vio forzado a tomar algunas previsiones “anticrisis” para mantener el equilibrio y asegurar el alto gasto social y la inversión pública, pues le sería muy negativa una mayor desaceleración económica en un año electoral clave y calmar las presiones empresariales, reduciendo los márgenes para cualquier concesión a las masas. Por el contrario, la política “anticrisis” del gobierno deja caer el grueso de sus costos sobre el salario y el empleo, siendo funcional a la necesidad de la burguesía de reforzar la explotación.
Por ahora, el escenario económico es un factor adicional de “unidad nacional” buscando mayores etendimientos que estárn dirigidos, inevitablemente, contra los trabajadores y el pueblo pobre.
El cambio de gabinete está al servicio de enfrentar este panorama en un año electoral y asegurar la "transición".
Las direcciones del movimiento de masas, tanto de la COB como del CONALCAM, se preparan para ser el apoyo sindical de esa política, más aún cuando la "refundación" les reserva un lugar en las nuevas instituciones a crearse, reforzando su integración al Estado.

8.
Pero al mismo tiempo, la baja del salario, la carestía de la vida y el comienzo de la ofensiva patronal que ya se está sintiendo en varios sectores, como mineros y fabriles, puede ser un motor de la resistencia de los trabajadores durante este año.
Para enfrentar este escenario, los sectores combativos tienen planteado agrupar fuerzas y fortalecer la movilización obrera y popular.
Para intervenir decididamente en este proceso y alentar la experiencia política con el gobierno y su CPE de los trabajadores avanzados y de los sectores de vanguardia juvenil que posiblemente giren a izquierda, es que tenemos que prepararnos.