El caso Santos Ramírez y el fracaso de la política petrolera del MAS

El vicepresidente García Linera declaró que “la ambición económica se apoderó de algunos funcionarios, mezclándose con algún tipo de ambición política, una mezcla perniciosa y dañina (...) creando una red de corrupción y de daño económico al Estado terrible en YPFB” (La Razón, 10/03). Con estas palabras, García Linera dice más de lo que cree, pues a fin de cuentas, Ramírez con sus negociados con Catler Uniservice, SIPSA y otros manejos, no hizo más que seguir hasta el final la lógica de la colaboración de clases: para pactar con la burguesía, es necesario tener burgueses adictos (y si no, fabricarlos mediante la corrupción), comprar a los medios de prensa y ser quien reparte los negocios, todo esto, a expensas de los intereses de los trabajadores y el pueblo. No se puede gestionar el Estado burgués con las manos limpias.

Pero además, el escándalo en YPFB desnudó el verdadero carácter y la virtual bancarrota de la política de “nacionalización inteligente” de los hidrocarburos que con bombos y platillos inició Evo Morales en 2006:

1. Las transnacionales siguen haciendo grandes negocios a costa del país.

Las transnacionales se embolsaron en el primer año de vigencia de los 44 contratos de operación renegociados con el Estado, la friolera de $us 295,8 millones en concepto de “costos recuperables”, lo que incluye “amortización de inversiones”, “costo directo de explotación” y “costo de personal”, entre otros. (La Prensa, 11/03/09). Además, las petroleras ni siquiera han cumplido sus compromisos de inversión, pese a los reiterados pedidos de las autoridades.
Las transnacionales siguen aprovechando todo tipo de beneficios ilegítimos, como es el caso de Petrobrás, que exporta a Brasil gas rico en líquidos (del cual se puede extraer gasolina, etc.), lo que le reporta ganancias adicionales de cientos de millones al año.

Para colmo, el gobierno pactó una “amnistía” para las transnacionales, pues ni siquiera se han cumplido las auditorías que debían hacerse hecho y se garantizaron ampliamente con la nueva Constitución sus operaciones en Bolivia durante las próximas décadas.

Empresas imperialistas como Gulsby (encargada de construir la planta de Río Grande) se benefician de jugosos contratos con sólo pagar el “diezmo” a comisionistas de la burguesía nacional, que “intermedian” gracias a sus conexiones sociales y políticas, como los Cossio y O’Connor D’arlach de Catler Uniservice... o los Santos Ramírez

2. El esquema de asociación con las transnacionales y la burguesía nacional es la fuente de la corrupción.

No se trata de la tentación de Santos Ramírez y algunos malos funcionarios, ni de una “infiltración en YPFB de la CIA” como intenta justificarse el gobierno. La base de la corrupción está en la misma lógica de la fraudulenta “nacionalización inteligente” reconstituir la empresa estatal recomprando acciones a las privadas, creando empresas mixtas en el marco de YPFB “corporativa” (hoy con una decena de empresas, cuya autonomía facilita los negociados y desarticula cualquier planificación) y asociándose con las transnacionales y empresarios locales en las distintas áreas de la industria, desde la exploración y extracción, a la construcción de plantas o el tendido de redes de gas domiciliario.

Así, mientras las transnacionales petroleras se embolsan una suculenta tajada, desde YPFB se redistribuye una buena cuota del “excedente renacionalizado” a empresas extranjeras, bancos y grupos empresariales locales a través de contratos y comisiones, con lo cual los recursos nacionales y el sacrificio de los trabajadores terminan engordando a la burguesía agente del imperialismo, tal como ocurría con las empresas públicas en la época del MNR o bajo las dictaduras militares. La corrupción es un mecanismo esencial en este proceso y “aceita” los mecanismos del parasitismo burgués y el saqueo imperialista.

3. Las sucesivas “refundaciones” de YPFB son un fiasco para el país.

A tres años de intentos, pese a los repetidos cambios de autoridades y los sucesivos anuncios de “refundación”, YPFB no marcha. No han articulado una verdadera política petrolera y no han resuelto ninguno de los “cuellos de botella” que causan una escasez intermitente pero crónica de gas y combustibles en distintas partes del país.

Entre tanto, las iniciativas para la “industrialización del gas” no pasan de las intenciones o son objeto de negociados como el de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande que debía proveer Catler Uniservice. YPFB ilustra los límites del intento del MAS de reconstruir un sector “capitalista de Estado” junto a otras empresas como BOA, COMIBOL, las fábricas de papel y cartón, etc. en el marco de su “nuevo modelo nacional productivo”, develando la completa impotencia de este “modelo” para contribuir al desarrollo y la liberación nacional proclamados desde el gobierno.

4. No hay genuina recuperación de los hidrocarburos sin expropiar a las transnacionales, sin pago y bajo control de los trabajadores.

Hay que hacer públicos todos los contratos y todas las operaciones financieras y comerciales de las transnacionales (Petrobrás, Repsol-YPF, etc.), las empresas de servicios petroleros locales e YPFB, para que todo el pueblo pueda conocerlos, se destapen todos los negociados y se ponga fin a los malos manejos. La lucha por la genuina recuperación de los hidrocarburos y demás recursos naturales exige la expropiación de las transnacionales, la conformación de una empresa estatal única que tenga el monopolio de todos los pasos del proceso productivo y el control de la misma por los trabajadores, con la participación de los pequeños usuarios -el pueblo pobre-.