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Autonomías, centralismo y Constituyente pactada

 

La propuesta de las autonomías surgió en la ciudad de Tarija entre las élites terratenientes, para aprovecharse de las regalías que generarían las exportaciones de gas, en los megacampos Margarita X y San Alberto. Fue acogida rápidamente por la burguesía de Santa Cruz, representadas en el comité cívico, CAINCO y otras organizaciones. Planteando una oposición territorial, administrativa y política de oriente contra el occidente, identificado como el foco de inestabilidad política y movilización social que podría afectar sus intereses.

Quieren autonomía para seguir manejando “su” departamento como su propia hacienda, y para acallar la voz y la voluntad de los trabajadores, los campesinos e indígenas del Oriente. Para envolver esta estrategia y ganar base social, la complementan apelando a una ideología reaccionaria y racista.

Apoyándose en el rechazo al Gobierno central y sus gasolinazos y en la demagogia de que la “autonomía beneficiará a todos” las élites cruceñas han podido movilizar una parte importante de la población, como se mostró en enero. Así, ya han impuesto el referéndum sobre autonomías, ratificado como parte del acuerdo entre Mesa y el Parlamento.

Pero el rechazo a este plan reaccionario no significa caer en la defensa del “centralismo” (en que a veces caen sectores de izquierda o sindicales). En efecto, la forma unitaria del Estado burgués y semicolonial que existió históricamente en Bolivia ayudó a unificar a la débil burguesía nacional (y en las dos últimas décadas le dio una participación muy grande a las élites cruceñas), aunque las camarillas radicadas en la Paz tengan un mejor acceso al reparto del presupuesto o el poder estatal. El poder opresor del régimen centralizado (ejército, policía, justicia y burocracia) cuidaba todos los privilegios de la clase dominante y la subordinación al imperialismo, aunque ahora, a ojos de la burguesía camba, se presenta como una traba relativa para proteger sus intereses y para lograr un mejor reparto del poder político.

Por eso, decimos que ambas son dos formas del mismo estado burgués de saqueo y explotación bajo el sometimiento al imperialismo.

Autonomías o Constituyente

Desde Octubre del 2003 se ha hecho evidente que el viejo régimen y la organización estatal no pueden mantenerse sin cambios. Y esto significa modificar la Constitución Política del Estado. Para pasar a un régimen autonómico o federal, sería necesaria una Asamblea Constituyente o una ley de reformas a la constitución, y todo el camino legal que implica la seguridad jurídica del régimen burgués.

Y es precisamente esto lo que propone para una AC Carlos Mesa, como forma de cerrar el paso a nuevos octubres.

Pero, ¿por qué entonces todo el embrollo político-jurídico que hasta ahora enfrentaba sobre estos temas a los empresarios y cívicos cruceños y al Gobierno? Veamos:

1) Si se llega a una Asamblea Constituyente, aunque fuera amañada y “consensuada”, basada en las mismas instituciones reconocidas por el Estado, como son comités cívicos, mesas de diálogo, diputados uninominales, y otros, la oligarquía cruceña teme que de todas formas se abra un proceso de discusión y demandas por temas como tierra y territorio, el gas y las transnacionales, la libre producción de la coca, etc.

2) Yendo más allá de la simple elección de prefectos, si se diese las autonomías departamentales, con algunos poderes legislativos (hacer sus propias leyes) y ejecutivos (auto-gobernarse), cada gobierno regional (de las burguesías locales) decidiría qué temas discutir y estos por supuesto no serían otros que defender sus privilegios y solo debatir temas formales, como la lengua oficial, bandera (añadir o no la wiphala), religión, sin debatir los verdaderos temas causantes del atraso y la explotación.

Por eso los cívicos, mientras tratan de postergar y condicionar lo más posible la convocatoria a una Constituyente, anteponen las autonomías para contar con las más sólidas garantías posibles antes de la misma.

Está por verse hasta dónde acordarán ahora, según los ejes del pacto firmado entre Carlos Mesa y el Parlamento.

Por Oscar Rossi