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¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

La marcha minera impone respeto a las 8 horas

 

3000 TRABAJADORES de numerosos distritos de la minería privada, entre ellos, los de Sinchi Wayra, se movilizaron en una gran marcha desde Caracollo llegando a La Paz el 25 de mayo, para exigir el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores como ser la jornada de 8 horas y el mantenimiento de la cartilla de precios vigente hasta el mes de marzo. También exigían al gobierno nacional la emisión de un decreto para evitar nuevos avasallamientos de minas por parte de comunarios como en Himalaya, Amayapampa y otras.



Luego de tres días de movilizaciones en la sede de gobierno, la trasnacional Sinchi Wayra cedió y aceptó mantener la cartilla de precios vigente y respetar las 8 horas de trabajo y demás derechos obreros. Además, los Ministerios de Minería y de Gobierno se comprometieron a evitar nuevas tomas de minas por parte de comunarios, estableciendo un sistema de consulta con las comunidades afectadas.

La movilización, en medio de un virtual estado de paro nacional en las mineras privadas, ha mostrado la disposición a luchar de la base frente a los intentos empresariales de descargar los efectos de la crisis sobre el salario y las condiciones laborales de los trabajadores.

Un paso importante

Fue una destacada acción que marca la incorporación de un nuevo sector -los trabajadores de las grandes mineras privadas- a la resistencia obrera. Y esto, pese a que la dirección de la FSTMB le dio a la medida un carácter de simple presión sobre el Gobierno, no planteó cómo unir al sector privado y estatal (Huanuni, Vinto) en una lucha común ni levantó un programa para ligar a los mineros con el conjunto de los trabajadores que a nivel nacional sufren los mismos ataques empresariales.
El ministro de gobierno Alfredo Rada declaró que la marcha era una “maniobra política” pues era un “conflicto entre privados” y el gobierno nacional no tendría nada que hacer. En realidad, protegen los intereses de las grandes empresas y la movilización obrera puso esto al desnudo, cuestionando la política minera del gobierno en su conjunto.

Ante esta situación, es clave para los trabajadores mineros mantener la más absoluta independencia política y sindical frente al empresariado, y también del gobierno central que tiene como estrategia y plan la colaboración con las empresas, las transnacionales y las cúpulas cooperativistas.

Frente a una dinámica donde los empresarios no cejarán en su intento de violar los derechos laborales y dejar a más trabajadores en la calle, los trabajadores mineros deben unir filas y encabezar la lucha nacional por el respeto a las 8 horas, el aumento salarial, contra los despidos y demás reivindicaciones obreras.

Un programa de los trabajadores mineros

La defensa de las 8 horas es un primer paso pero no es suficiente, hay que plantear que ante el agravamiento de la desocupación hace falta el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos mineras disponibles sin bajar el salario (esta lucha debe ser extendida a nivel nacional, junto a la exigencia de un plan de obras públicas nacional controlado por los trabajadores para garantizar empleo para todos en condiciones dignas).

Frente a los intentos de reducción salarial será necesario luchar por el salario mínimo vital con escala móvil, así como exigir la nacionalización sin indemnización y bajo control de sus trabajadores de toda empresa que despida trabajadores o cierre operaciones. El control obrero colectivo en todos los aspectos de la vida de las empresas (profundizando la experiencia de control social de Huanuni) será la mejor forma de denunciar e impedir sus maniobras y fraudes al país y los trabajadores, y la ocupación de minas será la mejor arma para quebrar la ofensiva empresarial.

Estas serían importantes medidas como parte de un programa de los trabajadores para que la crisis capitalista la pague no la economía obrera y popular, sino sus responsables: las grandes empresas y el imperialismo.

"Avasallamientos"

Unir comunarios y trabajadores contra las trasnacionales
EL 11 DE MAYO cientos de comunarios del Ayllu Chayantaka, en la zona de Amayapampa, retuvieron al director ejecutivo de la empresa australiana Republic Gold, John Kelly, y le obligaron a firmar el retiro de la compañía en un plazo de 24 horas, por la contaminación provocada en el río Suches y zonas agrícolas y por "evasión en el pago de regalías mineras".

Los empresarios descargan los costos de las reiteradas expulsiones sobre los hombros de los asalariados, quienes son alentados a enfrentarse con sus hermanos campesinos. El gobierno de Evo Morales, en nombre de la colaboración con la minería privada y las transnacionales, deja correr el saqueo de los recursos naturales y los irreversibles daños ambiéntales, facilitados por la ausencia de controles y la complicidad de autoridades estatales. Así, el ministro de minas Echazú, declaró a la prensa que los documentos obtenidos por los comunarios "no tenían validez alguna" y que el "proceso de concesiones mineras iba a continuar", sin importar el daño en las comunidades indígenas ni tampoco las condiciones en las que se ven obligados a trabajar los asalariados.

Debemos terminar con esta situación. Es necesario plantear claramente que el enemigo son las trasnacionales y empresas privadas. La FSTMB debe exigir la nacionalización inmediata y sin inde-minización de todos estos yacimientos y convocar a las organizaciones sindicales y tradicionales de las comunidades de las zonas afectadas para que, junto al control obrero colectivo al interior de las empresas, pueda ejercerse un control de los pueblos originarios sobre las condiciones ambientales, así como la participación directa en las utilidades de la explotación minera. Solo con una gran alianza obrera, campesina y popular se podrá resolver el problema del trabajo y de las condiciones de vida de los pueblos originarios de las regiones afectadas.

Huelga de 7 días y toma en San Vicente

LA TRANSNACIONAL canadiense Panamerican Silver inauguró el 28 de abril la fase de producción de la Mina San Vicente (plata, zinc), a unos 120 kms. de Uyuni.. Lo que seguramente no esperaban era que sólo un día después, los cerca de 300 trabajadores de la empresa se declararan en paro, tomaran las instalaciones bajo su control y retuvieran a los ejecutivos, reclamando la renuncia de los gerentes, el cese de los abusos, el respeto a la actividad sindical y la mejora en las condiciones laborales.
La medida duró 7 días y finalmente se firmó un compromiso que, entre otros puntos, acepta el retiro del gerente ejecutivo Robert Dwiag y el gerente administrativo José Candia.

Este conflicto se suma a los ocurridos desde inicios de año en Sinchi Wayra, San Cristóbal y San Bartolomé, para mostrar que ante los intentos de las transnacionales de aumentar la explota-ción obrera con el pretexto de la baja en los precios de minerales, comienza a haber resistencia en las grandes minas privadas, recurriendo a métodos de lucha como la toma de minas que señalan el camino para enfrentar los ataques empresariales.

Huanuni

Convertir el Control Social en Control Obrero Colectivo
EL 26 DE MAYO se llevó a cabo una asamblea general de trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, ante la decisión del gobierno de congelar en un máximo de 4% el bono de producción y ante la gravedad de los hechos de corrupción y malos manejos en las adquisiciones de maquinaria e insumos, por parte de la administración. En esta asamblea se llamó severamente al orden a los integrantes de “control social” debido a que en las últimas semanas se abrían adquirido compresores para interior mina, que no solo les faltaba la memoria sino accesorios importantes para su buen funcionamiento. Un mes atrás ya los trabajadores mineros habían reclamado debido a que la EMH adquirió brocas que no servían para el duro trabajo de perforista, con la consiguiente pérdida de tiempo, productividad y finalmente afectando los intereses de los trabajadores. Ante estos problemas típicos de una administración burocrática que empieza a reproducir los vicios y corrupción de la antigua COMIBOL, los trabajadores debemos llevar adelante la profundización radical del control social, convirtiéndolo en un genuino control obrero colectivo. Más aun, es necesario avanzar a la administración obrera directa de la empresa, única forma de combatir la corrupción mediante la participación activa de todos los trabajadores en las decisiones de la empresa.