Basta de asesinatos y represión a los trabajadores en Venezuela

El pasado 5 de mayo ha sido baleado y asesinado por sicarios, al salir de su casa, el dirigente sindical Argenis Vásquez, secretario de organización del sindicato de empresa Toyota, en Cumaná. Este asesinato ocurre justo después que los trabajadores protagonizaran un paro de casi un mes como exigiendo reivindicaciones; el trabajador asesinado lideró la protesta y se encontraba en el medio de los enfrentamientos con la empresa y la gerencia. Todo apunta a que se trate de la “respuesta” no oficial de la empresa, que no pudo imponer su voluntad en la huelga.

Sin embargo, no han pasado más de tres meses desde que, también en el oriente del país, en Anzoátegui, murieran los obreros Pedro Suárez y Javier Marcano a manos de una violenta represión de la policía regional, a cargo del gobernador Tarek Willian Saab, en un intento de desalojo de la también transnacional automotriz japonesa, Mitsubishi Motors. Los trabajadores ocupaban la fábrica en rechazo al despido de 135 contratados y por reivindicaciones.

Estos hechos se suman al atroz asesinato de tres de los principales dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) del estado Aragua, también a manos de sicarios que los balearon el pasado 27 de noviembre en la zona La Encrucijada. Se trataba de Richard Gallardo, presidente de la seccional regional de la UNT, Luís Hernández, dirigente sindical de la empresa Pepsicola y Carlos Requena, delegado de prevención de la empresa Produvisa, miembros a su vez de la organización política Unidad Socialista de Izquierda (USI). Estos dirigentes obreros estaban a la cabeza de la central sindical en uno de los estados con mayor conflictividad obrera en el país, y motorizaban la solidaridad de otros trabajadores con la ocupación de la empresa trasnacional colombiana Lácteos Alpina ante la amenaza de cierra de la misma, lo que había implicado duros choques con la represión de la policía regional (dirigida entonces por el gobernador Didalco Bolívar).

Suman así seis obreros asesinados en procesos de lucha reivindicativa, en apenas cinco meses. En la mayoría de los casos, se trata de una política que apunta hacia la “colombianización” de los conflictos obrero-patronales: el pago de sicarios para asesinar a dirigentes sindicales y amedrentar por esa vía a la clase obrera y desarticular sus organizaciones. No debe olvidarse que también los trabajadores de Sanitarios Maracay (en Aragua) han sido objeto de diversas amenazas y persecuciones selectivas a lo largo de su lucha, que los trabajadores de la Mitsubishi denunciaron que un automóvil en el que se trasladaban fue objeto de disparos cuando estos difundían en la calle la filmación del asesinato de los dos obreros, y que en junio del año pasado, Gloria Palomino, dirigente obrera de la empresa de ventiladores FM (Fundimeca) en Carabobo, fue herida de bala en una pierna por unos motorizados mientras se encontraba al frente de una toma de los portones de la empresa exigiendo se cumpliera una orden de reenganche laboral.

Estos asesinatos de trabajadores en lucha estarían marcando un método de “resolución” de los conflictos obrero-patronales, en medio de una gran impunidad reinante, puesto que a la fecha no hay ningún responsable intelectual o político de los atentados y las muertes que haya sido ubicado, enjuiciado ni condenado. Al contrario, hay un proceso de criminalización de la protesta obrera, donde alcanza casi el centenar la cifra de trabajadores o trabajadoras con juicios en curso o bajo regímenes varios de presentación ante los tribunales, por haber participado de alguna protesta.

Por todo esto las organizaciones y personalidades abajo firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta situación, levantamos fuerte nuestra voz de repudio contra el asesinato de obreros en lucha, tanto por los sicarios auspiciados por los patrones como por los cuerpos de seguridad oficiales, protestamos contra la impunidad reinante hacia estos crímenes y exigimos juicio y castigo ejemplares para los responsables políticos e intelectuales.
Estamos convencidos y convencidas de que si se dejan pasar estos hechos podemos enrumbarnos peligrosamente hacia un escenario nacional de proscripción y silenciamiento por la fuerza de la legítima protesta y lucha de los trabajadores por su reivindicaciones.

¡Basta de muertes obreras por luchar por sus derechos!

¡Exigimos a todos los poderes del Estado el juicio y castigo a los responsables de estos crímenes, para lo que proponemos la conformación de una Comisión Investigadora Independiente, integrada por organizaciones de los trabajadores, organismos de derechos humanos y familiares, que tenga acceso a toda la información disponible y libertad de acción para investigar seriamente hasta el final!

¡Exigimos el desprocesamiento de los trabajadores enjuiciados o con regímenes de presentación ante los tribunales por luchar por sus derechos!

¡Queremos a la Guardia Nacional, el Ejército y las policías fuera de los conflictos obreros!

¡Llamamos a la más amplia coordinación y movilización concreta de las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, intelectuales y artistas verdaderamente democráticos, para sumar esfuerzos en una gran campaña nacional e internacional contra estos crímenes!

Mayo 2009

Siguen decenas de firmas de personalidades, sindicatos y organizaciones de Venezuela, América latina y Europa.
Esta campaña es impulsada por la LST venezolana y las organizaciones que formamos parte de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional (FT-CI).