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¿Por qué indemnización? ¡Si fue un robo descarado!

 

Cuando hablamos de nacionalización, enseguida nos salen con las indemnizaciones que deberíamos pagar a las empresas por las “inversiones realizadas”. Veamos rápidamente que hay de cierto en esto:

1- Las reservas con las que actualmente cuenta Bolivia son, en más de un 95%, fruto de la exploración realizada por YPFB antes de ser destruido por la capitalización, ya que las multinacionales no han descubierto ni un solo yacimiento nuevo.

2- Las petroleras no cumplieron ni siquiera con la obligación (decreto supremo 26366) de perforar un pozo por parcela cada cinco años. Pese a eso, estas parcelas no fueron revertidas, en una verdadera estafa al estado boliviano.

3- Las reservas comprobadas (es decir legalmente certificadas por organismos internacionales) antes de la capitalización tenían (y tienen) un valor de 60 mil millones de dólares, y estas reservas se las traspasaron a las multinacionales por la bonita suma de Cero dólares (es decir gratis).

4- YPFB, antes de ser “capitalizado” y destruido, aportaba al Tesoro General de la Nación, más de 300 millones de dólares al año. Hoy el conjunto de las petroleras con un incremento del 400% en la producción aportan sólo 80 millones de dólares. Y con la nueva ley (se supone) que llegarán a unos 350 millones de dólares. Lo que quiere decir que gracias a la capitalización el Estado Boliviano dejó de percibir miles de millones de dólares. Esta claro que si aquí alguien tiene que pagar, son las petroleras.

5- Tanto Repsol como Petrobras se venden gas a sí mismos, y a precios ridículos. Lógico, como ellos pagan el 18 % del precio final al que venden, prefieren exportar a Petrobras Brasil y Repsol Argentina a $US 1 dólar el millar de pies cúbicos de gas ¡Cuando en realidad vale en el mercado internacional $US 7!. Total, después lo venden de nuevo a los consumidores finales (Chile entre ellos) al verdadero valor: $us 7. ¡Negocio redondo! Ganancia del 700 % sólo en la reventa.

6- Como todos sabemos y como reconoció hasta el Tribunal Superior de Justicia, los 78 contratos bajo los cuales están trabajando las petroleras son ilegales, ya que ni siquiera han cumplido con la obligación legal de ser aprobados por el Congreso. Por lo tanto no son válidos y hasta desde el punto de vista jurídico, las empresas no tienen derecho a escudarse tras ellos para reclamo alguno.

Por todo lo anterior queda claro que en todo caso es el pueblo boliviano, el que debería enjuiciar a las transnacionales por el daño ocasionado al país.

D.V.