Bolivia. Fracasa el diálogo de Rodrigo Paz y amenaza con estado de sitio. Impulsemos una coordinadora nacional de los sectores en lucha

Al cierre del encuentro, Paz anunció negociaciones para obtener un crédito del FMI por 5.000 millones de dólares. El gobierno busca presentar esta posibilidad como una vía para “estabilizar” la situación y recuperar capacidad de maniobra mediante subsidios o concesiones parciales a sectores golpeados por la crisis, como los transportistas. En estos últimos días se sumaron a los bloqueos y movilizaciones los sindicatos del transporte pesado de casi los nueve departamentos del país exigiendo también la renuncia de Paz y repudiando que a pesar de haber aceptado el gasolinazo se sienten engañados porque la gasolina basura, y sin subsidio, terminó arruinando sus vehículos.

La negociación con todos los sectores que impulsa el gobierno todavía no está cerrada, pero la dinámica objetiva parece empujar más hacia la radicalización y hacia la prolongación de la crisis y menos hacia una salida negociada. El fracaso del diálogo hasta el momento aumenta las hipótesis de que el gobierno prepara una salida de fuerza. Son muchos los rumores que a partir de la noche de este sábado 30 de mayo, Paz decretaría el estado de excepción en algunas regiones del país, particularmente, en La Paz que es el epicentro del conflicto.

Una crisis que se acelera por horas

Lo que comenzó como un proceso de bloqueos y protestas contra las políticas de ajuste del gobierno de Rodrigo Paz, se ha transformado en una rebelión obrera, campesina, indígena y popular que extiende sus puntos de apoyo en distintos departamentos del país y comienza a paralizar regiones enteras.

La magnitud del proceso ya no puede medirse únicamente por el número de bloqueos o movilizaciones. En La Paz, el transporte público y de carga ingresó de hecho en una paralización indefinida ante la escasez de combustible. La falta de harina amenaza con dejar sin pan a amplios sectores populares y laboratorios farmacéuticos anuncian la paralización de la producción de medicamentos. Cochabamba vive un endurecimiento de los cercos y los bloqueos continúan multiplicándose. El gobierno aparece cada vez más incapaz de restablecer la circulación económica y política normal del país.

En este contexto, el Parlamento actuó como un instrumento directo del endurecimiento represivo. La abrogación de la ley 1341 —que establecía límites y responsabilidades frente al estado de excepción— libera al Ejecutivo y a los parlamentarios de controles políticos y penales, dejando abierta la posibilidad de un estado de sitio regionalizado en las zonas más conflictivas. Lejos de funcionar como mediación política, el Parlamento y los tribunales -que acaban de rechazar una acción de libertad del dirigente de la COB Mario Argollo- se alinea crecientemente con una salida represiva frente al ascenso de la movilización.

El gobierno insiste discursivamente en el “diálogo”, pero cada intento de negociación aparece completamente desligado de los sectores reales que sostienen la movilización. Las mesas impulsadas desde la vicepresidencia o los foros económicos oficiales buscan transmitir una imagen de descompresión mientras el conflicto continúa escalando.

La crisis del régimen se expresa también en el desborde de las propias burocracias sindicales y campesinas. Dirigentes de la COB y de organizaciones campesinas reconocen abiertamente que fueron sobrepasados por sus bases. En distintos puntos del país crece el repudio a las direcciones conciliadoras y prebendales, acusadas de intentar frenar o desviar una lucha que adquiere un carácter cada vez más radicalizado.

La situación actual muestra un gobierno suspendido entre dos imposibilidades: no logra derrotar el movimiento mediante la represión y, al mismo tiempo, tampoco puede ofrecer concesiones parciales sin poner en cuestión el conjunto de su política económica y de ajuste. Cada intento de amenaza represiva convive con el temor a que una masacre o una escalada militar acelere aún más el proceso abierto.

La irrupción desde abajo y la tendencia a la autoorganización

Uno de los elementos más importantes del momento político es el desarrollo embrionario de formas de coordinación desde abajo. Los cabildos, comités de bloqueo y espacios de articulación local y regional comienzan a aparecer como alternativas frente a la pasividad o abierta colaboración de las direcciones burocráticas.

Experiencias como las desarrolladas en Puente Vela y el Distrito 8 de El Alto expresan esa tendencia. Delegaciones obreras, mineras, campesinas y de otros departamentos confluyen en espacios comunes de deliberación y coordinación, como los Cabildos, mientras sectores cada vez más amplios buscan mecanismos propios para sostener y profundizar la lucha.

En las calles también emergen fenómenos profundamente políticos. La gran marcha de mujeres contra la represión y llamando a que los conscriptos, que son sus hijos, se replieguen y se sumen al pueblo movilizado expresa un agudo instinto de clase: comprender que el gobierno podría intentar apoyarse en fuerzas armadas compuestas, en gran medida, por hijos e hijas de trabajadores, campesinos e indígenas. Esto se expresó con mucha fuerza en la convocatoria a la gran movilización de mujeres que partió del Cementerio de La Paz, el 27 de mayo, día de la madre, que exigía “justicia para las víctimas fallecidas y heridas” por las represiones de Paz, “el cese de represión y persecución contra dirigentes” y el “repliegue de nuestros hijos que están prestando servicio militar, porque, hemos mandado a servir a la patria y no a que maten a su papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos”.

La posibilidad de que se desarrollen políticas dirigidas hacia los cuarteles, buscando quebrar cualquier intento represivo y ganar a los soldados rasos para el lado del pueblo movilizado, adquiere una importancia estratégica en un escenario de creciente radicalización.

Una situación cada vez más revolucionaria

Amplios sectores populares sienten que ya no poseen ninguna representación real dentro del Estado y perciben al gobierno, al Parlamento y a las instituciones judiciales como completamente ajenas y hostiles a sus necesidades, lo que agrava su debilidad. Ni el Parlamento ni las direcciones burocráticas logran canalizar el conflicto, empujando a Paz y al órgano ejecutivo a acariciar cada vez más una salida represiva que rompa el equilibrio inestable, y cada vez más insostenible, que se expresa en los últimos días.

Este equilibro inestable se caracterizar por las dificultades que tiene el gobierno para poder encontrar una salida que destrabe el conflicto. De la misma manera los sectores movilizados aunque vienen avanzando en la incorporación de vastos sectores populares a la movilización no logran terminar de imponer y efectivizar la huelga general indefinida en todos los centros mineros, fabriles, y de servicios, única forma de romper el equilibrio inestable en favor de las clases trabajadoras y populares.

La salida represiva y del Estado de Sitio que pareciera abrirse camino a través de los diálogos fracasados, representa un peligro vivo para el gobierno de Paz y las clases dominantes. Recordemos que todos los intentos de desbloqueo en las últimas semanas no solo que fracasaron sino que al aumentar la bronca popular cada intento represivo ha provocado la incorporación de nuevos destacamentos y movilizados. El riesgo de un Estado de Sitio es que vastos sectores obreros, populares, de comunidades originarias y campesinas que aún no se incorporaron a la movilización, lo hagan detonando un gran levantamiento nacional. No estamos ante una crisis coyuntural, sino que los elementos de coyuntura que detonan la crisis se entroncan con demandas estructurales de carácter histórico, como es la lucha contra el racismo, el despojo de tierras, y el colonialismo al que se identifica con las clases dominantes blanco-mestizas.

En este marco, las perspectivas de simples recambios institucionales —elecciones anticipadas, sucesiones pactadas o acuerdos parlamentarios— aparecen incapaces de resolver la crisis de fondo y prometen nuevos eslabones de crisis.. La consigna de “Fuera Paz” comienza a combinarse con la necesidad de levantar una perspectiva propia de las organizaciones en lucha.

Por una coordinadora nacional de lucha y una huelga general hasta que caiga el gobierno

Frente a esta situación, se vuelve urgente impulsar organismos de coordinación obrera, campesina e indígena desde abajo, independientes de las burocracias conciliadoras. La perspectiva de coordinadoras regionales y nacionales de lucha puede transformarse en una herramienta para centralizar las fuerzas dispersas del movimiento y discutir un programa de salida propio de las y los trabajadores y el pueblo pobre.

La pelea por imponer una huelga general efectiva hasta la caída del gobierno aparece como una tarea central. No se trata únicamente de resistir el ajuste y la represión, sino de abrir paso a una salida política basada en las organizaciones que hoy sostienen la lucha en las calles, los bloqueos y los cabildos. El “Fuera Paz” debe significar la caída de todos los decretos, leyes, normas, y disposiciones antiobreras, anticampesinas y antipopulares. También tiene que significar la caída de todas órdenes de apremio contra dirigentes y luchadores así como la libertad inmediata de todos los detenidos y presos políticos. La COB debe efectivizar la Huelga General Indefinida que ella misma convocó el 1ro de Mayo. El CEN (Comité Ejecutivo Nacional) de la COB no ha hecho nada para paralizar las labores en las minas que ya están siendo amenazadas de privatización como Colquiri, Huanuni o Coro Coro. Hacemos nuestras las palabras del Comité de Coordinación de Bloqueo del Distrito 8 de Senkata en la que se afirmaba que hay que tomar la huelga en nuestras manos para hacerla efectiva.

Frente a un Parlamento que habilita la represión y un gobierno que prepara el estado de sitio, la única salida progresiva para levantar la perspectiva de un gobierno provisional de las organizaciones en lucha, capaz de derrotar el ajuste, derogar todas las medidas antiobreras y abrir una salida desde abajo a la crisis nacional.

La crisis no puede ser pagada por quienes ya viven sus consecuencias mediante inflación, desempleo y precarización, sino por los grandes grupos económicos, banqueros, agroindustriales, terratenientes y empresarios que se enriquecieron durante años saqueando los recursos del país y que con Rodrigo Paz entregar el país a la voracidad de las trasnacionales y el imperialismo norteamericano. En ese marco, desde la LOR-CI, parte de la Corriente Revolución Permanente, consideramos fundamental que los cabildos y organizaciones en lucha planteen que la crisis la tienen que pagar los ricos y los capitalistas. Hay que imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas además de exigir el no pago de la deuda externa que Paz y el FMI están negociando.

Frente a la escasez de dólares y la fuga de capitales que vienen llevando adelante los banqueros y agroindustriales es urgente imponer el control estatal del comercio exterior, para impedir que los dólares vayan a paraísos fiscales. Esto hay que acompañara con la nacionalización de la banca, y que su funcionamiento sea bajo control de las y los trabajadores, única forma de entregar créditos baratos a las y los pequeños productores, artesanos y pequeños comerciantes. Ante la conspiración golpista de los agroindustriales y el comité cívico de Santa Cruz debemos avanzar en la expropiación de los grandes terratenientes y monopolios estratégicos.

Para todo esto es fundamental avanzar en la coordinación democrática de todos los comités de huelga, de bloqueos, de movilización, que han surgido y que están en las calles y carreteras del país. Esto es fundamental para evitar la traición por parte de las direcciones burocráticas, para combatir el desgaste inevitable de diversos sectores y para garantizar la incorporación de los nuevos destacamentos de luchadores.

Una coordinadora de este tipo, que haga efectiva la huelga general indefinida hasta que renuncie Paz, puede convertirse en el gran punto de apoyo para establecer un gobierno provisional de las organizaciones en lucha y abrir el camino a para un proceso genuinamente democrático donde las trabajadoras y los trabajadores del campo y la ciudad tomemos en nuestras manos el destino de todo el pueblo.

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