Brutal desalojo en Oruro

El operativo policial y militar en Oruro, ejecutado por sorpresa en la helada madrugada del 9 de junio desalojó violentamente bajo una lluvia de gases y golpes a cientos de familias con sus hijos pequeños, con un muerto por un balazo (un joven policía que participaba de la ocupación) y numerosos heridos. Los uniformados destruyeron y quemaron las precarias carpas, con las frazadas y humildes pertenencias de quienes en la huida no pudieron recogerlas.
Así el “gobierno popular” hizo respetar el sagrado “derecho de propiedad” argumentado por la Sucesión Urquizo sobre esa pampa desierta al norte de la ciudad.

El gobierno justificó la represión argumentando que detrás de las acciones de los “sin techo” están loteadores ligados a los viejos partidos de derecha.
Aun cuando fuera así, lo que permite el accionar de esas mafias es la complicidad del Estado y las empresas urbanizadoras, para aprovechar la intolerable situación de miles de familias, los más pobres entre los pobres urbanos que en los últimos tiempos ha llevado a ocupaciones no sólo en Oruro, El Alto, Viacha, Cochabamba y otras ciudades en todo el país.
A este drama social sólo se le puede responder con una reforma urbana que acabe con la especulación del suelo por el gran capital inmobiliario y los agentes loteadores, imponga alquileres reducidos de acuerdo al salario (subvencionando de ser necesario a los pequeños propietarios que completan con el alquiler de unos cuartos o un departamentito sus ingresos) y garantice vivienda digna para todos mediante un gran plan de obras públicas financiado con impuestos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.