Estado de Excepción. Llamado a una campaña democrática contra el estado de excepción en Bolivia

El pasado 20 de junio, en la madrugada, el gobierno de Rodrigo Paz hizo efectivo con la Ley 1740, el estado de excepción, regulado en normas expresas que no brindan garantías democráticas y limitan seriamente los derechos políticos.

El estado de excepción implica que el ejército se suma a las funciones de control del orden público, vigilancia de caminos e infraestructura crítica, entre otras. Además se pueden restringir garantías y libertades democráticas como la libertad de circulación y tránsito o la libertad de reunión en lugares públicos. Propician la vía jurídica para que los sectores movilizados sean sometidos de forma indiscriminada y arbitraria a investigaciones por terrorismo o sus delitos vinculados. También bajo la denominada “presunción de legalidad operativa” se garantiza el actuar impune de la policía y el ejército.

El estado de excepción se declaró tras el pacto unilateral de la directiva de la COB con Paz, buscando descomprimir a los sectores que se negaron a desmovilizarse y agudizando la persecución. Acuerdo que le sirvió a Paz para tener carta blanca y empezar a criminalizar y perseguir a autoconvocados, activistas y luchadores, incluyendo actualmente al propio Argollo contra quien han procedido penalmente los derechistas, sumando en la acción penal a Evo Morales y a Vicente Salazar (dirigente de la Federación Tupac Katari) quien fue aprehendido.

Pero se trata además de un estado de excepción racista. Desde el 20 de junio regiones como El Alto y el Chapare se han visto militarizadas, con tanquetas de policías y militares amedrentando a la población.

Además se ha tomado conocimiento del procesamiento indiscriminado, racista, patriarcal y arbitrario a mujeres y jóvenes, sin pruebas, derivando en detenciones de mujeres, trabajadoras precarizadas, madres -sólo por ser parejas de activistas o de representantes de organizaciones sociales, vecinales-, de jóvenes pobres y mujeres de pollera sólo por su vestimenta.

El gobierno busca instalar la narrativa de que el estado de excepción es necesario para recuperar normalidad, pero se está usando en primer lugar para aplastar a quienes estuvieron movilizados y, en segundo lugar, para continuar con su plan de ajuste y la agenda neoliberal que busca avanzar en la entrega de nuestros bienes comunes naturales y las riquezas del país, conforme a los intereses del imperialismo estadounidense que quiere convertir a nuestros países en su patio trasero.

El riesgo es enorme: desde la firma del acuerdo con la dirigencia de la COB, Rodrigo Paz continúa con su plan de ajuste, habiendo devaluado el boliviano en un 40%, a puertas de uno de los mayores préstamos con el FMI y el debate sobre una Ley antibloqueos de parte de diversos bloques parlamentarios. Lo que busca en realidad el estado de excepción es no solo descomprimir y castigar la gran rebelión popular vivida durante los meses de mayo y junio, sino también poner una mordaza en la boca a todos los sectores sociales que quieran responder a las políticas antipopulares y hambreadoras del gobierno durante los siguientes meses.

Según la propia Fiscalía de La Paz, existen 120 procesos penales que involucran a 323 personas investigadas, 150 de estas fueron aprehendidas y están con medidas cautelares, y 22 quedaron en detención preventiva. No dicen nada sobre los métodos brutalmente arbitrarios ni de la vulneración de derechos, que están detrás de estos datos, y que los aparatos represivos han puesto en marcha.

Con este objetivo el pasado 25 de junio se llevó adelante una importante asamblea virtual a nivel nacional en la que participaron organizaciones feministas, estudiantiles, de derechos humanos, así como representantes del movimiento campesino, de las juntas de vecinos y de trabajadores, activistas independientes, así como intelectuales, para poner en pie esta campaña.

Mientras el gobierno avanza en la persecución política y en la vulneración de las libertades democráticas es importante poner en pie una gran campaña nacional e internacional contra el estado de excepción y por la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, por la libertad de los detenidos por luchar y el fin de los procesos. Extendemos este llamado a todas las organizaciones de trabajadores, campesinos, juventud, mujeres, indígenas, etc., a sumarse a esta campaña.

Repudiamos al gobierno de Paz y su persecución a activistas y luchadores y a sus familias. Repudiamos que se criminalice a los sectores pobres, campesinos e indígenas. Exigimos el fin al estado de excepción y la liberación de todos los detenidos y procesados por luchar.

Invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, de DDHH, vecinales, estudiantiles, feministas a sumarse a este pronunciamiento y a impulsarlo a nivel internacional. Necesitamos poner todos los ojos en Bolivia.

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