El 1º de Mayo, desde el gran campo gasífero de San Alberto Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos, mientras en La Paz la multitudinaria concentración oficial saludaba la medida y un operativo militar resguardaba las instalaciones petroleras en todo el país. Aunque busque ejercer un derecho elemental de soberanía nacional y es un golpe a las petroleras, se trata de una medida insuficiente, que espera obligarlas a operar en sociedad y bajo control del Estado. Es preciso avanzar hacia la nacionalización integral de los hidrocarburos, sin indemnización y bajo control de los trabajadores.
Llamamos a la más amplia y activa solidaridad latinoamericana e internacional con los trabajadores y el pueblo de Bolivia, contra los pulpos petroleros, el imperialismo y sus agentes locales, como Lula en Brasil -abogado de Petrobras- y Kirchner en Argentina -defensor de REPSOL-YPF-. Y esto, bajo una moción de orden para el movimiento obrero y popular continental: ¡Nacionalización del petróleo! ¡Fuera las transnacionales y el imperialismo de América latina!
Prueba de fuerzas con las petroleras... para seguir negociando
El MAS intenta modificar las reglas del juego para recuperar para el Estado parte de la renta hidrocarburífera que hoy monopolizan las transnacionales, que actúan casi como un “superestado petrolero”.
Bolivia pose las segundas mayores reservas de gas a nivel latinoamericano, que fueron enajenadas a Petrobras, REPSOL; TOTAL, British Gas y otras en condiciones leoninas en los años 90. Esto se ha tornado insostenible en tiempos en que además de los cambios en la relación de fuerzas a nivel nacional y regional, el petróleo alcanza los 70 dólares por barril.
Pero a pesar del intento de negociar desde una “posición de fuerza” puede irse a una confrontación con los pulpos y el imperialismo, que consideran vulnerada la “seguridad jurídica” y no quieren un “precedente contagioso” en el corazón de América del Sur.
El gobierno del “progresista” Lula ya declaró que consideraba la medida un “acto no amistoso” y el gobierno español expresó su “preocupación”, mientras el precio del petróleo subió casi dos dólares en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, Evo se apresta a reunirse con Chávez, Lula y Krichner en Foz de Iguaçu, para “explicar su decreto” y abrir una negociación que indirectamente, involucra también al gobierno español.
Es posible que algunas empresas, como las que operan campos chicos, se avengan a negociar en las nuevas condiciones, pero otras no aceptarán fácilmente un recorte considerable de sus ganancias y su control del negocio gasífero, y pueden impulsar fuertes presiones políticas, comerciales y financieras.
También ejercerán dura oposición importantes sectores de la burguesía local que están estrechamente ligados a las petroleras y son parte de la “nueva rosca” empresarial, financiera y terrateniente enriquecida por las migajas de la entrega en los últimos años.
Un giro “semi-nacionalista”
El MAS siempre afirmó que no quería una “nacionalización confiscatoria” , sino “consensuada” pues Bolivia “necesita socios, no dueños”, es decir una renegociación de los contratos con las petroleras y una “asociación estratégica” con ellas. Pero las negociaciones se empantanaron ante la intransigencia de éstas.
Al fracasar su política inicial se decidió por una política más dura, aunque bajo el mismo programa estratégico: un neodesarrollismo que apuesta a la colaboración con el capital nacional y extranjero para impulsar un utópico “capitalismo andino”.
A diferencia de las nacionalizaciones de la Standard Oil (1938) y la Gulf (1969) que aún siendo medidas burguesas y con indemnización, significaron la constitución de empresas estatales, hoy se busca una explotación mixta, desnudando los límites de la medida de Evo.
Durante sus primeros tres meses el gobierno del MAS mantuvo un rumbo de concesiones a la derecha y sin cambios en la política económica. Así, pactó con los derechistas PODEMOS, UN y el MNR la restrictiva convocatoria una Asamblea Constituyente maniatada y un referéndum autonomista a la medida de las oligarquías regionales. Pero esta política envalentonó a la derecha a “ir por más” con “paros cívicos” en Santa Cruz y Tarija, y comenzó a impacientar a sectores del movimiento de masas, con una primer serie de movilizaciones y paros en abril. Mientras, el gobierno iba quedando en una situación de “impasse” y fricciones internas a sólo dos meses de las elecciones a la Constituyente.
Evo Morales optó por imprimir este viraje, endureciendo las formas pero para seguir negociando, en respuesta al acoso de la derecha y buscando consolidar el apoyo de masas.
Así, en un gesto político firmó un “Tratado Comercial de los Pueblos” con Cuba y Venezuela, rompió con la empresa brasileña EBX instalada ilegalmente en Puerto Suárez (pese al paro de esa localidad) y finalmente adoptó el decreto 28701.
Mientras convoca a un apoyo popular pasivo, asigna un nuevo rol a las FF.AA. con la intervención a los campos y refinerías, buscando ampliar las bases de sustentación gubernamental al mismo tiempo que lavarles la cara ante el pueblo a las instituciones armadas, masacradoras de febrero y Octubre.
Además, se anuncian nuevas medidas para limitar el latifundio, un reducido aumento salarial y la derogación del Art. 55 del nefasto DS 21060.
Una coyuntura de crisis
Las medidas del gobierno abren una nueva situación, de confrontación con las petroleras y los gobiernos que las defienden, aviva la polarización política con la derecha y los cívicos, y puede generar una mayor movilización de masas que aún confiando en el MAS, tiendan a ir más allá de lo que éste quisiera.
No puede descartarse una crisis mayor de cara a la futura Constituyente, como tampoco pueden excluirse nuevos retrocesos del gobierno.
La única garantía para avanzar en una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, así como para derrotar a la reacción, es la decidida intervención de la clase obrera y las masas campesinas, originarias y populares, junto con la activa solidaridad regional e internacional.