Asamblea Constituyente

El 3 de abril se cerró la inscripción de candidatos y culminó la segunda fase del proceso constituyente iniciado con la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente que unas semanas antes había aprobado el Parlamento, definiendo para el 2 de julio la elección de constituyentes y el referéndum autonómico, y la instalación de la Asamblea el 6 de agosto en la ciudad de Sucre.

La convocatoria fue producto del pacto entre el MAS. la derecha política (PODEMOS, MNR y UN) y los representantes “cívicos” de la oligarquía de Santa Cruz y otras regiones, un pacto encaminado a frustrar nuevamente y como siempre, las aspiraciones democráticas de los explotados y oprimidos de nuestro país, aquellos que pelearon exigiendo una genuina asamblea constituyente, verdaderamente libre y soberana, aquellos que durante todos estos años regaron con su sangre las calles y rutas del país, empezando en el 2000 con la guerra del agua, en la crisis nacional de septiembre, en la crisis del febrero del 2003, en el levantamiento alteño de octubre del mismo año y finalmente en junio del 2005.

La Convocatoria y el referéndum autonómico pactados entre el MAS y la reacción condicionan la Constituyente a los marcos aceptables para la burguesía, los terratenientes y las transnacionales.

Según la ley de convocatoria, se elegirán tres constituyentes por cada una de las 70 circunscripciones (sumando 210), estos se elegirán dos por la primera mayoría y uno por la segunda.
Se suman también 5 representantes por departamento (otros 45) haciendo un total de 255 diputados.
Este mecanismo le permite al MAS contar con una amplia mayoría, pero beneficia sobre todo a la derecha: por más votos que reúna el MAS, sólo alcanzaría unos 158 escaños, lejos de los casi 180 que se necesitarán para aprobar cualquier decisión, pues el artículo 25 de la misma ley establece que se “aprobará el texto de la nueva constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea”.
Esta “cláusula cerrojo” significa que aunque el MAS tenga mayoría, la Constitución resultante dependerá de un acuerdo con la derecha.

A todo esto, se agrega el carácter restrictivo de la convocatoria, que sólo permite participar a nivel departamental o nacional -algo extremadamente difícil para los sectores obreros y campesinos o las minorías étnicas como los afrobolivianos, yuquis, yuracarés, etc., que no cuentan con medios y dinero.
No se aceptaron ni siquiera las “circunscripciones especiales” demandadas por los pueblos originarios; también fue negado el derecho elemental a votar de los millones de bolivianos residentes en el exterior (como las numerosas comunidades en Argentina y Brasil) y quedó devaluada la participación de la mujer.
Esto contrasta con la profusa participación de agrupaciones ciudadanas al servicio de la oligarquía en el oriente y el reverdecer de los viejos partidos que son los que ocupan todo el espectro nacional de la participación.

Esto se impuso a pesar de las protestas de diversos sectores populares, algunos de los cuales tenían acuerdos previos con el MAS que éste rompió.
También quedaron excluidas organizaciones que tuvieron un importante rol en las pasadas movilizaciones, como los pueblos originarios del oriente, la COB, la Coordinadora del Agua en Cochabamba, y organizaciones como el M-17 de Roberto de la Cruz y la agrupación “Propuesta de los Trabajadores” impulsada por sindicatos y trabajadores junto a la LOR-CI.

Así el MAS se asegura el “monopolio de la representación popular” para “consensuar” con la derecha y garantizar la “moderación” de la Constituyente, pues como García Linera reconoce “sólo un 10 o 20% de la Constitución será cambiado en la Asamblea Constituyente” (Bolpress, 8/03).

Es decir, que esta no decidirá sobre los problemas estructurales como la tierra, el territorio de los pueblos originarios, el destino de los hidrocarburos, las capitalizaciones, el salario y el empleo, la deuda externa, etc., y preservará la gran propiedad de empresarios y terratenientes y los intereses del capital extranjero, admitiendo sólo aquellas tímidas reformas políticas que no afecten las posiciones fundamentales de la clase dominante.

La Constituyente no será libre ni soberana, no responderá a las legítimas aspiraciones democráticas del pueblo trabajador y no resolverá los grandes problemas nacionales.