Un nuevo proceso revolucionario

-I-
La dimensión internacional del proceso boliviano

Un continente convulsionado

El Octubre boliviano fue el pico más elevado -hasta hoy- en el proceso ascendente de lucha de clases que en los últimos años, y con particular fuerza desde el 2000, viene conmoviendo a América Latina desde Argentina hasta Haití.

Este proceso ha tenido expresión aguda en la serie de levantamientos que como en Ecuador (con los levantamientos contra Bucaram y luego Mahuad), Bolivia, o Argentina (con la caída de De la Rúa en las Jornadas de diciembre del 2001), se han caracterizado por enfrentar y derribar mediante la acción directa de masas a gobiernos que gozaban de legitimidad electoral en el marco de regímenes formalmente democrático-burgueses.

La inestabilidad política y el “clima de revuelta” que recorren el continente, con explosiones de masas como las señaladas e innumerables luchas obreras, campesinas y populares, son alimentadas por la profunda crisis económica tras dos décadas de aplicación de programas “neoliberales” de penetración del capital extranjero y agravamiento del dominio imperialista que han exacerbado al extremo las contradicciones del capitalismo semicolonial latinoamericano, los antagonismos sociales y las crisis políticas que corroen en diverso grado a los regímenes y gobiernos burgueses.

Las relaciones con el imperialismo están fuertemente cuestionadas, lo que se expresa en las fuertes discusiones en torno al ALCA y otras iniciativas norteamericanas, cuyo contenido es imponer un nuevo “pacto semicolonial” aún más gravoso a la región, lo que lejos de hallar “consenso” provocan creciente disputas y una tensa polarización.
Mientras un ala de países (Venezuela, Brasil, Argentina) regatea frente a las pretensiones más brutales de EE.UU., otras burguesías (aunque no sin contradicciones) se alinean más estrechamente con Washington y sus proyectos, simbolizados en el ALCA, tal como México, Colombia, Chile (aunque no sin contradicciones).

Es cierto que desde fines del 2002, las tendencias más revolucionarias se vieron relativamente contenidas. Al mismo tiempo que se hacían sentir en la región los efectos reaccionarios del triunfo imperialista en Irak, la asunción de gobiernos con distintos proyectos de conciliación de clases como el de Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, recreando ilusiones democráticas en amplias masas, logró una cierta estabilidad política en los países claves del MERCOSUR.

Sin embargo, las bases de la profunda desestabilización del continente no ha sido revertida y siguen presentes las tendencias a la acción directa de las masas, como lo demostró dramáticamente Bolivia.

Los Andes en erupción

La región andina es en la presente coyuntura el área de mayor inestabilidad política y exasperación de todos los antagonismos sociales.

Los países de la zona, por un lado gravitan bajo la atracción de la economía y los capitales de EE.UU., que ejerce altos grados de ingerencia política y aún militar, pero por otro lado, arrastran profundas crisis de carácter estructural e importantes procesos de lucha de clases.

Sin contar con los relativos márgenes de maniobra de que gozan las burguesías más fuertes, como las del MERCOSUR, desde Bolivia a Venezuela se expresan distintos procesos de crisis económica, social y política. El intento ultrarreaccionario de Uribe para “estabilizar” Colombia enfrenta crecientes contradicciones. La larga crisis política en Venezuela, atraviesa una nueva fase de aguda tensión con la disputa entre la oposición derechista y el chavismo en torno al “Referéndum revocatorio”.

Los países surandinos en particular aparecen como una “falla” convulsiva en el continente.

En Ecuador el gobierno de Lucio Gutiérrez (que fue electo con el apoyo de casi toda la izquierda), tras haber girado profundamente a la derecha, pactando con el FMI y ali-neándose con Washington, enfrenta una creciente oposición de masas.

En Perú un Toledo cada vez más debilitado e impopular enfrenta no sólo una severa crisis política sino crecientes expresiones de descontento social.

Bolivia es hoy no sólo un “eslabón débil” de la cadena semicolonial latinoamericana, sino -en este momento-, el foco más agudo de las tendencias a la revolución.
En Bolivia se da una combinación explosiva entre el carácter de rapiña de la expoliación imperialista, la profundidad de la crisis objetiva -económica, social y política- del capitalismo más débil y paupérrimo de Sudamérica, con el auge revolucionario de un movimiento de masas bolivianas de gran tradición combativa.

Bolivia y las perspectivas de la revolución latinoamericana

Desde un ángulo histórico, el proceso latinoamericano aparece caracterizado por la maduración con distinta intensidad y ritmo de “crisis nacionales” en las que, al calor del ascenso de masas, reemergen las tendencias a la revolución que lo caracterizaron durante la mayor parte del siglo pasado. Como señala Perry Anderson “América Latina, y esto es un hecho que a menudo se olvida, es la única área del mundo con una historia continua de trastornos revolucionarios y luchas políticas radicales desde hace un siglo” [1].

A inicios del siglo XXI, que en una nueva fase histórica y tras dos décadas de ofensiva burguesa e imperialista estas tendencias comiencen a tomar cuerpo y renuevan las perspectivas de la revolución latinoamericana, lo cual arroja una luz más intensa sobre la dimensión internacional del nuevo proceso revolucionario iniciado en Bolivia.

En efecto, durante el siglo XX Bolivia fue uno de los países de la región en que más intensamente se expresó la revolución, con hitos como la insurrección de abril de 1952, el “trienio revolucionario” de 1969-71 o el ascenso de 1982-85.

Hoy, en los comienzos del siglo XXI, el Altiplano vuelve a ser un “laboratorio” concentrado de la lucha de clases y un “barómetro” que en cierto modo “anticipa” las perspectivas y muchos de los problemas de la revolución continental.

Desde este punto de vista, interesa destacar que los lazos orgánicos entre la revolución boliviana y la revolución latinoamericana se han fortalecido extraordinariamente tras dos décadas de penetración imperialista e internacionalización y “regionalización” de los flujos de capital, de la producción, de las actividades de las transnacionales, las migraciones, etc. Estos lazos estructurales, de carácter económico, social, estatal, etc., que hunden sus raíces en la historia común de los latinoamericanos, aproximan estrechamente a los distintos países de la región entre sí y los hacen aún más sensibles que en el pasado a los fenómenos de la lucha de clases en uno u otro de ellos.

No casualmente el imperialismo y las burguesías vecinas ven con temor el peligro de la profundización del proceso revolucionario boliviano, así como su posible “contagio” a los países andinos, e incluso el impacto que pudiera tener en Perú, Brasil o Argentina la “inestabilidad” boliviana a largo plazo [2].

Como una expresión de los vínculos e interdependencia, no es casual que al calor de la crisis boliviana estén reemergiendo antiguas tensiones con Chile en torno a la demanda de una salida al mar reactualizada por el gobierno de La Paz.

Los lazos de carácter objetivo, se combinan con lazos de carácter subjetivo, en la experiencia común de las masas latinoamericanas bajo la opresión imperialista, con los planes de privatizaciones y la ofensiva neoliberal de los 80 y 90, con los gobiernos y regímenes democrático burgueses enfeuda-dos al imperialismo, y con el eco que los procesos de movilización y las experiencias políticas encuentran entre las masas y particularmente en la vanguardia.

De esta manera, el proceso de la revolución boliviana tiende lazos con el proceso iniciado en Argentina en las Jornadas revolucionarias de diciembre del 2001 (lo que es reforzado por la presencia en Argentina de una fuerte comunidad de inmigrantes bolivianos, que hace parte de la clase obrera argentina), con los convulsionados países vecinos como Perú y Ecuador (con los que comparte la fuerte presencia indígena y campesina), etc.

El desarrollo de la revolución boliviana, está hoy más íntimamente entrelazado que nunca antes con el desarrollo de la revolución continental y no puede considerárselo al margen de la misma ni desde el punto de vista del análisis marxista, ni desde el punto de vista del programa y la política para combatir por su triunfo.

-II-
La crisis del capitalismo boliviano y el retorno de la revolución

La curva histórica del capitalismo boliviano está condicionada por el carácter extremadamente atrasado y raquítico, el parasitismo de la clase dominante y el carácter extraordinariamente depredador del predominio del capital extranjero. Sin haber resuelto los problemas más elementales del atraso y la dependencia respecto al sistema capitalista e imperialista mundial, muestra todos los rasgos seniles de la decadencia. Bolivia es una demostración palmaria de la imposibilidad histórica de un desarrollo por vía capitalista para los países atrasados [3].

La salida burguesa a la revolución del 52 implicó un proyecto de reformas nacionalistas para destrabar el desarrollo del capitalismo autóctono, incorporar a las masas del agro al mercado y utilizar el Estado como impulsor del desarrollo de una burguesía nacional “productiva”. Todo ello sin alterar las bases fundamentales de la subordinación al imperialismo. Naturalmente este esquema o patrón de acumulación mostró pronto sus estrechos límites y la imposibilidad de lograr una expansión consistente de las fuerzas productivas a través de reformas en el capitalismo semicolonial.

El agotamiento del patrón de acumulación pos 52, basado en las grandes empresas estatales como motores del crecimiento económico llevó a la “contrarreforma neoliberal”, tras la aguda crisis de inicios de los 80, como un intento de destrabar los obstáculos a la acumulación capitalista en el país mediante un salto en la explotación de la fuerza de trabajo y la entrega de las palancas fundamentales y la dirección de la economía nacional al capital extranjero.
La aplicación de los planes “neoliberales” impulsados por el imperialismo significó importantes modificaciones en la estructura socioeconómica. Sin revertir las tendencias al estancamiento y decadencia históricas, la penetración del capital imperialista promovió un nuevo ciclo de desarrollo desigual y combinado de carácter extremadamente limitado y perverso.

Como producto de esta muy relativa y limitada “modernización”, se aceleró la urbanización del país y la concentración de la producción y el excedente en el “eje troncal” (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), consolidándose Santa Cruz como el polo capitalista más dinámico -agroindustrial e hidrocarburífero- mientras se acentuó la decadencia del Occidente, ligado a las viejas actividades mineras en retroceso o estancadas.

La liquidación de las empresas públicas y el conjunto de las políticas neoliberales llevó a una reconcentración y centralización inédita del capital en beneficio de una reducida capa burguesa, estrechamente asociada al capital extranjero, y fundamentalmente, de un grupo de transnacionales norteamericanas y europeas, fundamentalmente petroleras, que han venido a constituir el núcleo de una suerte de “nueva rosca” burguesa de enorme poder e influencia, cuya relación con el Estado es similar al viejo “superestado minero” de los barones del estaño prerrevolucionarios.

Al mismo tiempo la relativa dinamización de la economía nacional durante los 90 alimentó el crecimiento de una nueva clase media urbana en las ciudades del eje.

La clase obrera, tras la derrota histórica de 1985, se vio sujeta a una profunda reestructuración bajo la dictadura de los empresarios (que llegó incluso a la dispersión física de los mineros, vanguardia indiscutida y columna vertebral de la COB durante más de medio siglo) perdiendo la mayoría de las posiciones económico-sociales y políticas que había conquistado desde 1952, y siendo obligada a aceptar un salto regresivo en las condiciones de explotación.

La crisis agraria, particularmente de la pequeña economía campesina, se profundizó mientras adquirió un carácter explosivo la “crisis urbana”: la situación de las masas pobres de la ciudad, proletarias, semiproletarias, artesanos, capas medias bajas y muy bajas, llevando a extremos la polarización social y el desarrollo de los antagonismos de clase.

Este proceso económico-social, exacerbando los males históricos y las contradicciones estructurales del capitalismo boliviano, no podía más que conducir a una nueva crisis, a una agudización del “bloqueo” histórico, que se revelaría en la larga recesión económica desde 1999-2000, como se expresa en todos los índices económicos y sociales, el grado de dependencia de la “ayuda” imperialista, el insalvable déficit fiscal, la dramática pobreza rural y urbana, las penurias intolerables de las masas.

En esta nueva situación de bloqueo, las tendencias a la descomposición de las fuerzas productivas nacionales, empujan, por un lado, a la clase dominante a buscar una salida apostando a un nuevo salto en la sumisión al capital extranjero y al imperialismo, como muestra su estrategia de lograr un punto de apoyo para la recuperación económica mediante la entrega del gas y los acuerdos de libre comercio bajo el dictado norteamericano. Pero por otro lado, la “inviabilidad” de un desarrollo capitalista semicolonial en Bolivia pone en cuestión las relaciones con el imperialismo y entre todas las clases de la sociedad boliviana, poniendo en primer plano las tareas motoras de la revolución obrera y campesina y empujando a las masas a buscar una salida de fondo.

La crisis estatal

Una expresión aguda de la crisis son las tendencias a la descomposición del Estado. La debilidad histórica del Estado burgués y su pobreza material son uno de los rasgos peculiares de la formación social boliviana. El peso asfixiante de la dominación imperialista, el raquitismo parasitario de la burguesía nacional, las tensiones regionales (entre el Altiplano y el Oriente), el alto nivel de lucha de clases y de organización social de masas, junto a rasgos histórico-culturales como la tenaz resistencia de las formas sociales tradicionales en el campo, se combinan para dar a las bases del Estado burgués una extrema fragilidad [4].

En la crisis estatal convergen:

– El despliegue de una crisis de carácter histórico, estructural, que a su vez se nutre de: a) el carácter particular del Estado burgués en Bolivia, tal como se formó históricamente sobre la base de la exclusión y opresión sistemática de las mayorías indígenas; b) las condiciones en que la clase dominante debió construir un nuevo tipo de Estado, tras la revolución de 1952, es decir, en relaciones de fuerza desfavorables que marcaron su fragilidad así como el espacio ocupado por las masas; y c) el fracaso del intento de consolidar un nuevo tipo de estado sobre la base de las contrarreformas neoliberales de las dos últimas décadas (un intento de estabilizar un modo de dominar la sociedad y el país que escapara a la “matriz del 52”). Todo ello determina la escasa “eficacia” del alcance estatal, al menos fuera de las áreas urbanas y sus inmediaciones.
– La crisis del régimen de dominio bajo formas democrático burguesas (forma que adoptó este nuevo tipo de Estado “neoliberal”) que la burguesía intentó consolidar después de 1985.
– Las tendencias centrífugas, alimentadas por la presión del capital extranjero y la alteración en la relación de fuerzas, el peso económico y el dinamismo de las distintas regiones del país, con el núcleo histórico -el Occidente- en decadencia, pero reteniendo el control del poder político y los asuntos del Estado desde La Paz; y un núcleo burgués dinámico en las Tierras Bajas, con eje en Santa Cruz.
– La profundidad de los procesos sociales y de lucha de clases que cuestionan el actual ordenamiento estatal. La insurgencia campesina y de los pueblos originarios, aymara particularmente, golpean en la base de las instituciones estatales, deslegitimándolas, provocando la crisis de los niveles inferiores del Estado (como muchos municipios del Altiplano y Cochabamba) o incluso expulsando a instituciones como la policía y la justicia (como en la región de Achacachi).

-III-
La crisis de la dominación burguesa

Desde inicios de los 80 y bajo formas democráticas, la burguesía boliviana logró el más largo ciclo de estabilidad y continuidad política de toda su historia republicana, más prolongado aún que la época de gobiernos liberales a principios de siglo XX. Este ciclo ha terminado y se ha abierto claramente un nuevo período de crisis orgánica de la dominación política de la burguesía, que está en el núcleo de las tendencias a la descomposición estatal.

Esta relativa estabilidad política se apoyó en el avance de la contrarreforma neoliberal y la afluencia de capital extranjero durante los 90, pero sobre todo, fue posible mientras duraron los efectos de la derrota infligida al proletariado en 1985-86.

Es al calor de estas condiciones excepcionales que la burguesía intentó no sólo para relanzar la acumulación capitalista bajo moldes “neoliberales”, sino también reestructurar las relaciones entre las clases, consolidar su Estado y estabilizar un régimen de dominio burgués bajo formas democráticas.

Las formas de la dominación política burguesa en Bolivia durante las dos últimas décadas se asentaron en “la dominación, donde la sociedad política se adelanta a la sociedad civil y utiliza el bloque ideológico para neutralizar al resto de las clases, absteniéndose de todo compromiso con ellas” [5]. La clave de la “democracia pactada” se apoyó en un sistema de partidos -MNR, ADN, MIR, UCS- firmemente disciplinados al programa “neoliberal” y en los “pactos de gobernabilidad” en torno a un un Ejecutivo fuerte y el Parlamento como instancia de legitimación y negociación, mientras que las FF.AA., que ya no actuarían como “partido militar” (la “institución tutelar de la patria”) se ubicaban como un pilar fundamental del régimen institucionalizado. La ingerencia y “supervisión” imperialista de las políticas estatales a través de la Embajada yanqui, las agencias imperialistas como el FMI o la DEA y el papel de las ONGs apuntalaban el esquema de dominación.

Sin embargo, como continúa escribiendo Gramsci: “En este caso, la dominación de la clase fundamental es más difícil, puesto que no se apoya sobre una base social extensa sino sobre una coerción ‘inteligente’, exponiéndose así a la formación de una eventual coalición hostil”. Efectivamente, es un esquema de dominación frágil e inestable, pues la raquítica y parasitaria burguesía boliviana no ha logrado construir formas de hegemonía, de consenso social -limitado esencialmente a las reducidas clases medias urbanas- más que muy precariamente.

El muy relativo consenso o aceptación de la propuesta neoliberal a principios de los 90 se diluyó paulatinamente para ceder paso a una amplia deslegitimación del programa neoliberal, de las “capitalizaciones” y de la entrega de los recursos naturales al capital extranjero, al mismo tiempo que crecía el desprestigio de las instituciones y partidos políticos más identificados a ojos de la población con ese programa.

El curso divergente entre el sistema político -atado a los intereses de la fracción hegemónica estrechamente ligada al imperialismo, y el conjunto de la sociedad (incluso franjas burguesas) condujo a una creciente pérdida de legitimidad social, a la “fractura” entre “gobernantes y gobernados” (o entre “Estado y sociedad civil” como gustan decir los politólogos y las ONGs) y a la pérdida de la “gobernabilidad”, en el que también e incluso, la paulatina disgregación de la unidad burguesa bajo el comando de la fracción más concentrada (el bloque del gran capital local, los intereses de las transnacionales y las “capitalizadas” y la banca) que predominara hasta ahora, todo ello bajo la presión de la crisis económica, el malestar social y la “pugna de camarillas” que traba la “gestión de los negocios comunes” por el gobierno de turno.

Desde mediados de los 90, los intentos de paliar esta “fractura” mediante nuevas reformas políticas dentro del espíritu neoliberal, tal como ensayó Sánchez de Losada en su primer gobierno a través de las leyes de Participación Popular, Municipal, etc., se mostraron impotentes para contener este proceso de deslegitimación.

El desmoronamiento de la “democracia pactada”

La definición de crisis orgánica implica que se trata de una crisis de largo plazo que involucra a la totalidad de la estructura estatal y las instituciones de dominio de la burguesía, a la unidad del bloque dominante y a sus bases sociales.

En este sentido, la caída del gonismo bajo el embate revolucionario de masas representa la crisis definitiva del régimen de la democracia pactada montado desde 1985-86.
Por una parte, la democracia burguesa en su forma actual ha sido rebasada en su capacidad de mediación por las explosiones de la lucha de clases y abiertamente cuestionada por la irrupción revolucionaria de las masas. Ya no puede contener duraderamente los antagonismos sociales, al menos sin consolidar una estrategia de reacción democrática que permita readecuar sus mecanismos a las nuevas relaciones de fuerza sociales y políticas.

Por otra parte, la clase dominante ya no puede seguir gobernando como hasta ahora, bajo las mismas formas y métodos y a través de los mismos partidos. Las contradicciones insuperables que se han revelado en la estructura ya no pueden ser duraderamente contenidas al interior del funcionamiento “normal” del sistema político por “las fuerzas políticas que actúan positivamente para la conservación y defensa” del orden [6]. De hecho, la supervivencia del sistema político, con su parlamento, etc., después de octubre, expresa una contradicción insalvable que es fuente de nuevas crisis políticas.

La importancia de la crisis orgánica de la dominación política de la burguesía boliviana reside en que “la sola opresión por grande que sea no siempre origina una situación revolucionaria en un país. En la mayoría de los casos para que estalle la revolución no basta con que los de abajo no quieran seguir viviendo como antes. Hace falta, además, que los de arriba no puedan seguir administrando y gobernando como antes.” [7]. Esta situación puede ser definida como una “crisis política nacional, una crisis que afecta los cimientos mismos del sistema estatal, y en modo alguno sólo partes de él” [8]. En fin, “una crisis en la política de la clase dominante que abre una hendidura por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas” [9].

-IV-
El comienzo de un nuevo auge revolucionario

Una crisis orgánica es siempre, desde el punto de vista de las oportunidades que abre a los explotados, potencialmente una situación prerrevolucionaria o revolucionaria. En la misma se expresan la tendencia a la escisión de la sociedad en campos enfrentados, y el proceso de diferenciación política de las clases explotadas y oprimidas.

Pero la “crisis nacional general” y la “crisis orgánica de la dominación burguesa” que pueden durar años y aún décadas, no conducen por sí solas a la revolución. La definición misma de crisis orgánica indica que la actividad de las clases dominadas aun no ha alcanzado el nivel suficiente para irrumpir en las “hendiduras” de manera decisiva y no ocupan todavía el centro de la escena a través de su acción independiente.

Por ello, lejos de toda percepción objetivista o catastrofista del marxismo, es necesario utilizar un método integrador, que incluya en la dinámica y desarrollo del proceso la importancia del factor subjetivo: el grado de maduración de la clase obrera y sus aliados para las tareas de la revolución.

En términos de Lenin: “... resulta indudable que la revolución es imposible si no se da una situación revolucionaria, pero no toda situación revolucionaria conduce a la revolución. ¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? Estamos seguros de no equivocarnos al señalar estos tres signos principales: 1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en las “alturas”, una crisis de la política de la clase dominante, abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución, no basta con que “los de abajo no quieran vivir” como antes, sino que hace falta también que “los de arriba no puedan vivir” como hasta entonces; 2) Una agravación, superior a la habitual, de la miseria y las penurias de las clases oprimidas; 3) Una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de la actividad de las masas, que en tiempos “pacíficos” se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas tanto por la situación de crisis como por las “alturas” mismas, a una acción históricamente independiente. Sin estos cambios objetivos, independientes no sólo de la voluntad de tales o cuales grupos y partidos, sino también de la voluntad de estas o aquellas clases, la revolución es, por regla general, imposible. El conjunto de estos cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación revolucionaria... la revolución no surge de toda situación revolucionaria, sino sólo de una situación en la que a los cambios objetivos antes enumerados viene a sumarse un cambio subjetivo” [10]. Es evidente que las tres premisas que enumera Lenin están ampliamente desarrolladas en la realidad boliviana.

Un elemento clave del actual proceso es que el ascenso se constituyó en un factor decisivo en el desarrollo de la situación. Desde el año 2000 las masas golpearon una y otra vez como un ariete en las brechas abiertas en la dominación política burguesa, hasta llevar al desmoronamiento del régimen de la “democracia pactada” y la quiebra del viejo sistema de partidos que durante casi dos décadas administró la ofensiva burguesa-imperialista “neoliberal”.
La “intensificación considerable de la actividad de las masas” se ha elevado a “acciones históricamente independientes” como demostró magníficamente el levantamiento de Octubre.

La definición leninista de “acciones de masas históricamente independientes” registra la existencia de una desigualdad o mejor dicho, contradicción, entre el “contenido” de las acciones de masas, objetivamente revolucionarias, que cuestionan, enfrentan y comienzan incluso a demoler al conjunto del orden establecido, y la “forma” subjetiva atrasada de las mismas, es decir, que entrelaza prejuicios, ilusiones, con aspiraciones legítimas y elementos de conciencia superior en un todo aún confuso. Para superar esta desigualdad entre las acciones y la conciencia, hace falta dar pasos decisivos en la maduración de ese “cambio subjetivo” al que tanto Lenin como Trotsky atribuyen importancia decisiva en el desarrollo y triunfo de la revolución.

Primeras fases de “cambio subjetivo”

Después de Octubre, es claro que Bolivia experimenta un profundo auge de masas, no sólo comparable a los ascensos más agudos que vivió el país durante el siglo XX, sino posiblemente superior a lo que éstos dieron en sus inicios.

La dinámica de este nuevo ascenso está determinada, desde el punto de vista objetivo, por el acicate que para la actividad de masas significan la decadencia del país y la agudización de las tareas democrático-estructurales bajo el asfixiante dominio imperialista, y desde el punto de vista subjetivo, por la tendencia a retomar las mejores tradiciones de lucha de masas que caracterizaron durante la mayor parte del siglo XX a Bolivia, dando los pasos iniciales en la recomposición de una subjetividad obrera y campesina tendiente a la revolución.

En este sentido, deben señalarse los avances en la subjetividad general de las masas, al menos en sus capas más avanzadas, a partir del enorme despliegue de espontaneidad y energía en la movilización, la experiencia de lucha acumulada en los últimos años y el paso a métodos de acción cada vez más radicalizados, incluida la insurrección; la tendencia a la alianza obrera, campesina, indígena y popular y el carácter político que toman rápidamente las luchas, el fortalecimiento organizativo del movimiento de masas (que para la COB es ante todo una recuperación de fuerzas en el plano político).

El avance en la conciencia es visible particularmente en progresivos aspectos democrático-estructurales y nacionales: alto grado de rechazo a las políticas neoliberales y creciente sentimiento antiimperialista (sintetizado en la defensa del gas y los recursos naturales), el despertar nacional del movimiento aymara y de los pueblos originarios, demandas agrarias (lucha por la tierra), y creciente sentimiento democrático en la experiencia con la “democracia pactada” (desprestigio del Parlamento y las instituciones del régimen y por abrir paso a las legítimas aspiraciones democráticas de las masas).

La amplitud y profundidad del ascenso y la crisis del capitalismo y el Estado bolivianos hacen que sea más difícil que frente a ascensos anteriores la tarea de los reformistas y la burocracia sindical de contener -al menos a largo plazo- estas legítimas demandas democráticas en los marcos del reformismo, el populismo y el indigenismo. Por el contrario, después de largos años de reacción ideológica [11] se crea un terreno más favorable para el desarrollo en dinámica revolucionaria de los métodos de lucha, la organización y la conciencia, para que el movimiento obrero pueda convertirse efectivamente en vanguardia y caudillo de la nación oprimida, para que en la conciencia de la vanguardia se abra paso la perspectiva de una salida revolucionaria para reconstruir sobre nuevas bases la sociedad, y se cree un terreno más favorable para avanzar hacia la construcción de una nueva dirección obrera revolucionaria.

“Con la rebelión en las venas” [12]

El nuevo ciclo ascendente de la lucha de clases se ha gestado en más de quince años de resistencia en las más difíciles condiciones frente a la ofensiva burguesa-imperialista. En este tumultuoso proceso se combinan un combativo movimiento campesino, el despertar nacional aymara y de otros pueblos originarios, la creciente recuperación de un movimiento obrero dueño de grandes tradiciones de lucha.

Esto, en una dinámica que avanza paulatinamente de la resistencia de los “movimientos sociales” más o menos aislados a la unificación de las clases en acción; del campo como principal escenario de lucha a la ciudad como epicentro de la lucha de masas (sin que el campo deje de ser parte activa de la lucha); del “adiós al proletariado” que entonó en años pasados la mayor parte de la izquierda al retorno de la clase obrera como un sujeto de lucha diferenciado, con sus propios métodos y recuperando sus tradiciones combativas.

Después de la profunda derrota de 1985-86, que llegó a la dispersión física de los sectores fundamentales del proletariado: mineros y fabriles, masivamente “relocalizados”, se pasó por una larga fase de retroceso y duras batallas de resistencia (cocaleros, magisterio, campesinos, luchas contra la primer reforma educativa, etc.). Desde mediados de los 90 se hace evidente el proceso de recuperación del movimiento de masas, con varios episodios de dramática intensidad como la dura lucha de los cocaleros, las huelgas del magisterio o la resistencia armada protagonizados por los mineros y campesinos de Amayapampa y Capacirca a fines de 1996.

La “guerra del agua” en abril del 2000 en Cochabamba, una semiinsurrección espontánea que tuvo en la Coordinadora del Agua y los masivos cabildos abiertos las expresiones más avanzadas de la tendencia a la autoorganización de las masas, fue un hito que marcó por un lado el salto de la recuperación a un nuevo auge de masas, y por otro, señaló la apertura de una situación prerrevolucionaria en el país, marcando un vuelco de la relación de fuerzas a favor de las masas, evidenciado también en el impacto de los bloqueos en el Altiplano de septiembre del mismo año.

El desvío electoral del 2002 aunque amortiguó temporalmente esta tendencia de las masas, no pudo cerrarla y finalmente, con las conmociones de Febrero, y fundamentalmente de Octubre del 2003, el ascenso ingresa en una etapa superior.

-V-
Octubre

El gobierno emergente de las elecciones del 2002, encabezado por Sánchez de Losada, con Carlos Mesa como “vice” y basado en la alianza entre el MNR y el MIR, si bien era un confiable agente del gran capital y el imperialismo, iba a “contra ruta” de la situación que se había abierto en el 2000, después de la “guerra del agua”.

El “gonismo”, como representación política, expresaba a la fracción burguesa hegemónica estrechamente ligada al capital financiero internacional (un bloque del gran capital local, los bancos y los intereses de las “capitalizadas” y las petroleras) era un gobierno débil por su origen (22% de los votos) y su base social limitada a los sectores más acomodados. Enfrentado a la tarea de profundizar el plan “neoliberal” y la entrega al imperialismo en medio de una profunda recesión económica, perdiendo consenso entre la clase dominante, en medio del deterioro del viejo sistema de partidos, el gobierno quedó en un impasse del que trataría de salir inclinándose por un rumbo cada vez más bonapartista y represivo, que llevaba inevitablemente a una colisión con las masas, como tempranamente anticiparon los bloqueos y movilizaciones de Enero.

Febrero

Las Jornadas de Febrero hicieron emerger dramáticamente la crisis estatal y las grietas en la en el régimen de dominio burgués que el proceso electoral del 2002 había velado. El anuncio de un nuevo impuesto a los salarios que afectaba a las clases medias y los trabajadores mejor pagos, desencadenó las Jornadas del 12 y 13. El elemento más espectacular fue el amotinamiento policial y los choques armados entre policías y militares en torno a la Plaza Murillo, con varias bajas de ambos lados. En La Paz fundamentalmente y aprovechando la parálisis de las fuerzas represivas enfrentadas entre sí, miles de personas se reunieron espontáneamente y comenzaron a atacar algunos edificios públicos y las sedes de los partidos neoliberales. Hacia la noche del 12, comenzaron a extenderse los saqueos a comercios e industrias en El Alto y zonas comerciales de La Paz.

La rápida anulación del anunciado “impuestazo” evitó que masas más amplias se volcaran a la acción y el paro y concentración del día 13 fueron utilizados por las direcciones (MAS, COB, MIP) para descomprimir y cerrar el proceso de movilización, cerrando la posibilidad de que las masas se colaran por las brechas abiertas en las instituciones del Estado.

El impacto nacional fue enorme y reabrió la situación prerrevolucionaria. En las Jornadas de febrero se combinaron una aguda crisis estatal, expresada en la rebelión policial y el enfrentamiento entre policías y militares, con la tendencia a que irrumpieran las masas, aunque ésta no alcanzó a desarrollarse. El gobierno sufrió un golpe mortal del que no alcanzaría a reponerse pese a la tregua de hecho concedida en los meses siguientes por las principales direcciones que, como el MAS, reafirmaron su “compromiso con la democracia”.

De febrero a octubre

Durante los meses siguientes, las masas no pudieron aprovechar las favorables condiciones debido a esa política de conciliación de las direcciones. Sin embargo, numerosa luchas por reivindicaciones sectoriales se abrieron paso (rentistas, maestros, etc.) y se mantuvo la alta polarización social y política dejada por las jornadas de febrero, sin que prosperaran los distintos intentos de “pacto social” alentados por la Iglesia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, el proceso de recomposición del movimiento obrero dio un nuevo paso adelante, con la caída de viejas direcciones sindicales muy desprestigiadas, como en la FSTMB y finalmente en la COB, surgiendo Solares como nueva figura al frente de la misma. Al mismo tiempo, el MIP, visto como “conciliador” con el Gobierno, terminaría fracturándose y la CSUTCB se dividiría, con el liderazgo del “Mallku” Quispe cuestionado por varias centrales departamentales influidas por el MAS.

A principios de agosto el gobierno, que necesitaba desesperadamente salir del impasse, logró ampliar su coalición incorporando a la hasta entonces opositora NFR. Creyó llegado el momento de retomar la ofensiva, relanzando sus planes económicos, particularmente la exportación de gas en manos de las transnacionales a través de un puerto chileno, y de afirmarse en un proyecto cada vez más bonapartista (simbolizado por el retorno de Sánchez Berzaín, que había caído en Febrero, al gabinete).

Pero en medio de las severas dificultades económicas y ante una relación de fuerzas completamente desfavorable, sin cerrarse la crisis política, y con la cuestión del gas convirtiéndose en una causa nacional altamente sensible, significaba una declaración de guerra a las masas que éstas comprendieron así. Los elementos de Octubre, más que maduros, comenzaban combinarse en el escenario político boliviano.

El levantamiento

La nueva prueba de fuerzas planteada entre el gobierno y las masas, detonada con la brutal represión en Warisata del 20 de septiembre, culminó, tras semanas de crecientes movilizaciones, en un levantamiento general, con epicentro en La Paz y con la insurrección alteña como foco más avanzado, derribando a un gobierno elegido un año antes y considerado por la clase dominante y el imperialismo como su carta más confiable.

En el artículo siguiente examinamos en detalle este gran acontecimiento. Pero es importante señalar aquí los alcances y límites del levantamiento insurreccional.

El régimen y el conjunto del andamiaje estatal sufrieron un duro golpe ante el empuje de la insurgencia de las masas obreras, campesinas, indígenas y populares. El episodio de guerra civil entre el pueblo sublevado y las fuerzas estatales se zanjó con el retroceso de éstas en medio de una crisis revolucionaria de proporciones. La huida de Sánchez de Losada y sus ministros, fue experimentada como un importante triunfo por los sectores movilizados. Octubre abrió un nuevo proceso revolucionario.

Sin embargo, Octubre abrió el proceso de la revolución boliviana, pero no la revolución misma (como la revolución de abril de 1952) pues el movimiento de masas, a pesar de sus logros simbolizados en la huida de Goni y sus ministros, no logró derribar el régimen, desarticular a sus fuerzas armadas ni abrir una fase de dualidad de poderes y lucha directa por el poder.

La clase dominante sufrió una enorme conmoción, pero recuperó la iniciativa política a través del recambio con Mesa (en ello cabe una enorme responsabilidad política a la dirección de la COB, el MAS y el MIP, que se negaron a preparar organizativa y políticamente esta perspectiva y se sumaron a la salida política constitucional de la burguesía).

Quedó abierta así una “paradoja” o contradicción, entre el vuelco revolucionario de la relación de fuerzas en el país y la supervivencia de la vieja superestructura política, con el Parlamento elegido en el 2002 y dominado por los aliados del odiado gonismo, con las instituciones del régimen de la “democracia pactada”, etc. Esta situación deja planteada la posibilidad de nuevas conmociones revolucionarias para comenzar a completar la “limpieza” en el campo político que Octubre no pudo terminar. Pero al mismo tiempo, concede a la burguesía un cierto margen de maniobra que ésta tratará de aprovechar para ganar tiempo, desviar, abortar o derrotar a las masas en movimiento recurriendo a toda su astucia y experiencia contrarrevolucionaria con ayuda del imperialismo y las “democracias” latinoamericanas.

-VI-
El gobierno Mesa y la reacción “democrática”

La asunción de Carlos Mesa el 17 de octubre cierra la breve pero intensa fase de crisis revolucionaria y abre un nuevo período donde la preocupación política central de la clase dominante es impedir un ulterior desarrollo revolucionario y recomponer algún grado de estabilidad política.

Esta es la tarea central que asume el nuevo presidente, delineando un plan de reacción democrática basado en algunas propuestas de reformas políticas parciales para alimentar ilusiones en las masas, como el próximo referéndum sobre el tema del gas (preparado para hacer “digerible” la exportación de gas en manos de las transnacionales), la promesa de una nueva Ley de Hidrocarburos y una Asamblea Constituyente completamente condicionada probablemente en el 2005, viabilizada por la Ley que incorpora este mecanismo a la actual Constitución.

Otro aspecto importante es la política de “reivindicación marítima” lanzada por Mesa buscando una negociación con Chile para obtener una “salida soberana al mar”, con el doble objetivo por un lado de crear un cierto clima de “unidad nacional” que le de base a sus planes, y por otro, esperando que un gesto de buena voluntad del gobierno chileno permitiera hacer más aceptables los planes de exportación del gas en manos de las transnacionales a través de puertos chilenos. (política que hasta ahora viene fracasando).

El nuevo gobierno puede ser definido como el “ala moderada” o “conciliadora” del bloque conservador, y como tal, es un gobierno continuista, proimperialista y defensor de los intereses de los latifundistas y las transnacionales, aunque no sea su representación política directa, en el sentido que lo era Goni). Más bien, tiene un carácter pequeñoburgués “ilustrado” (integrado por intelectuales y profesionales ligados a las ONG’s, de origen centroizquierdista y reformista algunos de ellos, y que vienen de haberse sumado por distintas vías a los programas “neoliberales” de los últimos años.

El conjunto de la clase dominante y el imperialismo así como los gobiernos vecinos sostienen a Mesa, aun cuando desconfían o cuestionan aspectos importantes de sus planes económicos y políticos, presionándolo para girar cada vez más a la derecha hasta reducir al mínimo sus márgenes de maniobra “democráticos”.

Por otra parte, Mesa se apoya en las capas medias urbanas, que lo consideran casi como “uno de los suyos” y que juegan en la nueva fase un rol conservador, bajo las ilusiones de mantener “la paz” y la estabilidad “democráticas”, todo lo cual le ha permitido mantener hasta ahora elevados índices de aceptación y popularidad en las encuestas.

Sin embargo, por su origen, por sus limitados recursos políticos, y ante todo por la enorme crisis económica, social y política que debe encarar, es un gobierno extremadamente débil, que difícilmente pueda asentarse hasta el 2007 (como es su intención) y que muy posiblemente vaya agotándose de crisis en crisis y entre zigzags a la derecha y a la centroizquierda, sin poder conciliar las enormes fuerzas sociales desatadas en Octubre -de hecho está atravesando la primer crisis importante de su mandato, que señala el fin de la “luna de miel” de que disfrutó los primeros meses-.

La tregua y el papel de las direcciones

Para llevar adelante sus planes, el gobierno cuenta a su favor con la tregua social y política que desde el 17 de octubre le concedieron las direcciones mayoritarias del movimiento de masas.

En efecto, el punto de apoyo fundamental del cual el gobierno obtiene un respiro y cierto “aire”, es la tregua social y política que le han otorgado la mayoría de las direcciones del movimiento de masas, comenzando por el MAS, pero continuando con Felipe Quispe y el MIP e incluso Solares, pese a su discurso más “rojo”, no ha roto todavía la tregua y apuesta al diálogo y a la búsqueda de un “pacto social” con el gobierno. Todos ellos defienden variantes de colaboración de clases con sectores de la burguesía “democrática” o “patriótica”.

El MAS, comprometido hasta la médula en la defensa de la democracia burguesa se ha integrado cada vez más profundamente al régimen, y se ubica como “pata izquierda” a través de sus posiciones en el Parlamento, otorgando un apoyo decisivo a Carlos Mesa, poniendo a su disposición ministros como Seoane o Donato Ayma en Educación, y buscando sostener la tregua por todos los medios, mientras trata de “lulizarse”, esto es, mostrarse lo más moderado posible para convencer a la burguesía de que puede gobernar. El MAS busca ganar las próximas municipales (a fin de este año) concertando alianzas con figurones de clase media y suavizando lo más posible cualquier perfil “combativo”.

La política del “Mallku” Felipe Quispe y del MIP (que ha perdido peso y se ha fracturado desde antes de octubre) a pesar de sus discursos ocasionalmente más belicosos se ha mantenido en los marcos de una política de presión sobre el gobierno.

También sostuvo la tregua la dirección de la COB, aunque manteniendo una ubicación más crítica y un discurso más combativo y desplazándose paulatinamente hacia la oposición, impulsando un curso de movilizaciones de protesta, para ubicarse como cabeza de la “oposición sindical y social”. Este giro de la COB (aun en el marco de una estrategia de presionar al gobierno para imponer algunas reformas, y no desde una política de independencia política de clase) es una de las muestras de que la verdadera oposición al gobierno radica en los sectores avanzados del movimiento obrero y de masas.

El desgaste de la tregua y la polarización social y política

La “tregua” con que contó Mesa durante el primer medio año de gobierno y su línea de reacción democrática -que por otra parte no consigue consolidarse todavía-, no han logrado frenar las tendencias profundas a la polarización social y política.

El intento de reagrupar un “centro” burgués en torno a Mesa y su plan, basado, por una parte, en un acuerdo con el MIR y sectores del MNR, así como en el apoyo de algunos alcaldes como Del Granado, de la ciudad de La Paz y Paredes, de El Alto, y por otra, en el MAS como “pata izquierda”, cuenta con una cierta base social en las capas medias pero aparece cuestionado por el impasse de los planes económicos y políticos del gobierno y por la profundidad de la polarización social y política.

Ésta se expresa por derecha en el bloque de la oposición empresarial con eje en Santa Cruz, los “comités cívicos”, las cúpulas parlamentarias y fracciones del aparato estatal, un ala burguesa enemiga de hacer la menor concesión a las masas, ni siquiera en el plano formal, pues teme con razón que cualquier paso atrás exponga las posiciones económicas y políticas que logró en dos décadas de aplicación de los planes neoliberales. Estos sectores, aunque sostengan a Mesa a falta de otra alternativa viable, buscan recomponer las filas de un bloque conservador o “partido del orden” y se preparan para recuperar terreno.

Por izquierda, la polarización se expresa en los sectores avanzados del movimiento obrero y popular que comienzan a impacientarse, buscando ejercer mayor presión incluso con medidas activas, lo cual puede acelerar la experiencia con los discursos y promesas vacías de Mesa.

¿Hacia una nueva crisis?

El país sigue en un cuadro de profunda inestabilidad y fluidez de todos los elementos de la situación económica, social y política. El gobierno Mesa ha entrado en una pendiente descendente y la tregua y los intentos de poner en marcha un “pacto social” crujen bajo el peso de las enormes tensiones de la crisis nacional.

Bajo la delgada superficie de una tregua cada vez más desgastada y cuestionada, late la fuerza y la impaciencia del movimiento obrero y popular, mientras que el gobierno Mesa trata de prolongar el respiro y ganar base social para ir revirtiendo paso a paso su extrema debilidad. Se transita así por una coyuntura altamente inestable. Aún cuando el Gobierno supere la actual crisis política, nada excluye que a corto o mediano plazo tropiece con nuevos obstáculos que vuelvan a reabrir una crisis revolucionaria.

Por ejemplo, nuevas conmociones podrían ser detonadas por un crack financiero derivado de la imposibilidad de aplicar un plan coherente para enfrentar la virtual bancarrota fiscal; de una nueva crisis política (con el Parlamento, por ejemplo), de un intento bonapartista (desde fuera o desde adentro del gobierno) por fuera de la relación de fuerzas, o por el impacto de una nueva ofensiva de masas.

En general, y muy esquemáticamente, podríamos plantear tres hipótesis de desarrollo a corto y mediano plazo:

a) Avance del plan de reacción democrática. Lo cual, especialmente si se combina con una mejoría de la situación económica (alentada por el alza de los ingresos por exportaciones y la subida de los precios internacionales del petróleo, los minerales y otros), podría sostener por más tiempo la tregua social y política, dar un mayor respiro al gobierno y alargar los tiempos del proceso, lo cual no excluye por supuesto, importantes oleadas de luchas ni un mayor desarrollo de sectores de vanguardia. Sin embargo, parece poco probable que el gobierno pueda asentar duraderamente esta política y reabsorber o contener el proceso. Su programa económico y político no puede conformar ni conciliar duraderamente las fuerzas sociales que han entrado en escena.

b) Ofensiva contrarrevolucionaria para imponer una solución conservadora. Sea a través del propio gobierno de Mesa, sea por un reagrupamiento de las fuerzas políticas conservadoras, o incluso una intentona militar si el gobierno se muestra impotente para controlar la situación. Para nada puede descartarse que este fuera el detonante de una nueva respuesta revolucionaria de masas (cuyas fuerzas están intactas), sin excluir la posibilidad de nuevos estallidos de guerra civil (incluso sobre base territorial, con la reacción concentrándose en Santa Cruz, si ninguno de los dos contendientes se impusiera claramente en una prueba de fuerzas así).

c) Nueva ofensiva revolucionaria de masas. Esta perspectiva podría tomar fuerza si el Gobierno Mesa lanza un ataque a las masas en su conjunto, si no logra asentar su plan de reacción democrática, o bien, como producto de que una nueva oleada del ascenso se eleve al plano político del enfrentamiento abierto con el gobierno y obligue a los dirigentes que hoy sostienen la tregua a ir más allá de lo que quisieran. (Hay en la actual coyuntura elementos que abonan esta posibilidad).

-VI-
¿Adónde va Bolivia?

Parece poco probable que la burguesía y el imperialismo logren una “contención” o estabilización duradera. El proceso revolucionario se apoya en una extraordinaria madurez de las condiciones objetivas, y están en movimiento masas que ha protagonizado grandes acciones históricamente independientes. La tradición nacional nos muestra impetuosos ascensos que en corto tiempo se elevan a enfrentamientos abiertos entre revolución y contrarrevolución.

Por debajo de la política de recomposición del régimen bajo la democracia burguesa y de los intentos de conciliación entre las fuerzas sociales enfrentadas, la polarización social y política sigue avanzando y las contradicciones que estallaron en Octubre tienden a reemerger.

Las tendencias a enfrentamientos superiores entre la revolución y la contrarrevolución laten bajo la delgada superficie de la democracia burguesa. En el horizonte político boliviano se dibuja las tendencias al frente popular, como obstáculo para el desarrollo revolucionario del proceso, pero también los elementos embrionarios de la contrarrevolución bonapartista y fascista así como los del “partido de la revolución” en las capas avanzadas.

El carácter social del proceso abierto en octubre es el de una revolución obrera y campesina que choca contra las bases mismas del capitalismo semicolonial y la dominación imperialista. Por supuesto, el desarrollo del proceso no será lineal y aún puede abortarse o ser derrotado. Dependerá en todo caso de la lucha viva de las clases enfrentadas. Pero las masas buscan una salida de fondo a la intolerable situación y a los problemas nacionales. En la crisis nacional, las demandas democráticas estructurales actúan como motores de la movilización de amplias masas: el problema del gas y de los recursos naturales (síntesis de la opresión por el capital extranjero y de la memoria histórica de las masas bolivianas con el saqueo secular que ha sufrido el país), la crisis agraria y la cuestión de la tierra, el peso de la humillante dominación imperialista, la intolerable opresión y racismo hacia los pueblos indígenas, las aspiraciones democráticas populares, que no pueden encontrar solución en los marcos del capitalismo y la sumisión al imperialismo. Por ello, la dinámica político social abre la perspectiva de la revolucióny de la toma del poder por obreros y campesinos.

El período de preparaciónrevolucionaria

Paratriunfar en esta perspectiva, el problema clave de la revolución boliviana es la maduración plena de ese “cambio subjetivo”, prerrequisito de toda revolución. Como mostraron los logros de las masas en octubre, este camino ya ha comenzado a ser transitado, sobre todoenlos métodos de lucha, en la tendencia a la alianza entre los explotados y oprimidos, en el grado creciente conciencia antiimperialista, etc. Sin embargo, esto no se logra automáticamente ni de un sologolpe. Precisamente en la nueva etapa pasarán cada vez más a primer plano todos los problemas de la preparación subjetiva del proletariado y de su capacidad de acaudillar las masas oprimidas y quebrar las trampas de la reacción burguesa y del reformismo.

No es suficiente por sí misma la madurez de las condiciones objetivas, pero es sólo en las grandes convulsiones revolucionarias, al quedar “al desnudo la necesidad aguda, profunda e impostergable de efectuar un cambio en la estructura social” cuando el factor subjetivo puede revolucionarse y ponerse a tono con las necesidades históricas. “Es necesario que esta clase -y aquí pasamos a las precondiciones subjetivas- posea una clara comprensión de la situación y que conscientemente desee el cambio,” [13] que alcance plena independencia política respecto del orden existente (lo que se materializa en órganos de poder de tipo soviético, hegemonía obrera en la alianza de los oprimidos y explotados y un partido revolucionario con influencia de masas).

Es por ello que el actual período debe ser comprendido como un período de preparación revolucionaria, a través de la lucha de clases en sus formas más elevadas -incluyendo la guerra civil- durante las fases y subetapas que precedan a los combates decisivos entre revolución y contrarrevolución, el período de la preparación subjetiva de la clase obrera y sus aliados para las tareas de la toma del poder y la construcción del socialismo.

Los ritmos del proceso

En el desarrollo y ritmos del proceso pesarán indudablemente las desigualdades y carencias que se evidenciaron en Octubre: de organización, programa, y fundamentalmente, el relativo retraso en la participación del proletariado y la ausencia de una alternativa de dirección obrera revolucionaria. La desigualdad entre la madurez de las condiciones objetivamente revolucionarias y la inmadurez relativa del factor subjetivo, abre un cierto margen de maniobra para las maniobras de la burguesía y de sus agentes reformistas y populistas, cierto que un margen mucho más estrecho y acotado que, por ejemplo, el que pudo utilizar la burguesía argentina para contener y amortiguar el proceso después del 2001.

Por ello, es muy posible que el proceso de la revolución boliviana deba pasar por una fase de experiencias con las trampas de la reacción democrática -referéndum, Asamblea Constituyente pactada, etc.- así como de colaboración de clases, como el frente popular vía electoral que se prepara en torno al MAS (o con frentes populares a “la ecuatoriana” por fuera de la democracia burguesa).

Efectivamente, como “dique de contención” a la evolución a izquierda de las masas se están conformando los elementos de un ala reformista, a través de los representantes políticos de izquierda de la burguesía, con uniforme, sotana o corbata, como el Mayor Vargas y otros, que se preparan a jugar el papel de “sombra política” de la burguesía en los proyectos frentepopulistas de colaboración de clases.

Pero si bien, la clase dominante y a los reformistas cuentan con ciertos márgenes de maniobra para enfrentar el ascenso revolucionario, la nueva etapa, sobre la base de la nueva relación de fuerzas que las mismas acciones de masas han creado y pese a todas sus contradicciones, constituye el único terreno en el cual puede ser resuelta históricamente el problema de la constitución de una subjetividad revolucionaria y de su elemento clave, crucial: la construcción de un partido revolucionario.

Una analogía histórica

Es posible que por las razones expuestas el nuevo proceso de la revolución boliviana se parezca al que desembocó en el 52, en un dramático duelo entre la revolución y la contrarrevolución que se arrastró, por así decirlo, por varios años de dramáticos enfrentamientos y estallidos de guerra civil donde se fue forjando las condiciones y los sujetos de la insurrección de abril [14].

Es interesante constatar que sobre este otro momento histórico, que guarda varias analogías con la fase presente, un pensador como Zavaleta Mercado podía escribir: “El carácter de tal fenómeno, la crisis nacional general o situación revolucionaria, exige la caducidad de la capacidad de dominación por parte de la clase a la que sirve el Estado y a la vez cierta incapacidad coetánea por parte de los oprimidos en cuanto a la construcción de su propio poder, incapacidad siquiera momentánea” [15].

En ese momento, el detonante de la crisis final del viejo régimen de la oligarquía fue la combinación entre el impacto sobre el país de “la gran depresión” y la derrota en la Guerra del Chaco, abriendo paso a un proceso caracterizado por la formación de un nuevo movimiento obrero en la escuela de la lucha de clases más rica y explosiva, en la escuela de la guerra civil.

La huelga general que en 1936 derribó a Tejada Zorzano muestra que muy pronto las masas comenzaron a pugnar, con su intervención directa, por resolver esa contradicción entre las condiciones objetivamente revolucionarias y la “construcción de su propio poder”. La dramática historia del período que culmina en el 52 es, desde este punto de vista, la historia de cómo, a través de la experiencia con gobiernos militares nacionalistas (Toro, Busch, Villarroel), regímenes represivos “rosqueros”, explosiones de guerra civil (como las masacres mineras, la caída de Villarroel en 1946, la insurrección de Potosí de 1947, la guerra civil de 1949, el levantamiento de Villa Victoria de 1950, etc.) tumultuosos procesos de organización sindical y política (como la formación de la FSTMB, la adopción de la Tesis de Pulacayo en 1946, etc). Es al calor de estos dramáticos acontecimientos que se forjaron nuevas ideologías y partidos que pugnaban por dirigir el proceso de masas (MNR, PIR, POR).

Es sólo por estas vías que el joven proletariado boliviano y en particular los mineros, fueron avanzando, forjándose en la marcha hacia la revolución del 52, aunque finalmente, y por razones que no podemos examinar aquí, los obreros que habían derrotado a la rosca y a su ejército, que ejercían un doble poder a través de la COB, los sindicatos y las milicias -por un período fueron el único poder armado en el país-, carecieron de una dirección revolucionaria en el momento decisivo, el poder quedó en manos del MNR y el estado burgués fue reconstruido.

Hoy, en otras condiciones históricas, enfrentando nuevos problemas, será a través de grandes embates de masas y nuevas crisis políticas, aprendiendo a enfrentar las trampas “democráticas” y templándose en los choques de guerra civil, como el movimiento obrero y de masas tendrá planteado el desafío y la posibilidad de completar su “preparación subjetiva” para las tareas de la revolución. Por otra parte, no se trata de un fenómeno encerrado en los marcos nacionales. La dinámica de la lucha de clases mundial y latinoamericana, procesos de radicalización en la juventud, la intelectualidad y los trabajadores de los países imperialistas, triunfos revolucionarios en otros países, etc. pueden facilitar y acelerar la evolución política en Bolivia.

Ubicarse en esta perspectiva de preparación revolucionaria es entonces fundamental para comprender mejor los problemas que enfrenta el proletariado y las tareas que deben encarar los marxistas en la lucha por sentar las bases de un partido revolucionario de los trabajadores que se postule a dirigir a las masas hacia la toma del poder.