En Santa Cruz Evo Morales firmó con el presidente argentino un contrato de grandes alcances para la exportación de gas al vecino país. Según el acuerdo, aumenta a 5 dólares por m3 el precio del gas vendido. El volumen a exportar subirá hasta los 27.7 millones de m3 desde el 2010 -seis veces más que ahora. Se construirá el Gasoducto del Noroeste argentino (GNA) para transportarlo y en territorio boliviano se levantará una planta de tratamiento para separar el gas natural de otros subproductos. Además, YPFB y ENARSA, empresa estatal argentina, se asociarán para exploración y otras acciones.
El gobierno presenta esto como un gran logro y toda la clase dominante, hasta sus más acérrimos enemigos políticos, ha aplaudido el acuerdo de “asociación estratégica”. En realidad, quien gana es REPSOL-YPF. El gobierno de Kirchner está estrechamente ligado a esta transnacional, que ocupa una posición dominante en el mercado interno de Argentina y todo el Cono Sur.
REPSOL mantiene la “parte del león” en el negocio gasífero. Reafirma prácticamente la “seguridad jurídica” para sus inversiones en Bolivia, donde gracias a los contratos de Sánchez de Losada se apoderó junto a Petrobras y un puñado de otros pulpos las mejores reservas de gas. Se asegura la provisión de gas abundante y a precio moderado, muy por debajo de los precios internacionales (que hoy oscilan en los 8 dólares por m3).
Consolida su esquema de negocios en el Cono Sur que le permite resolver el “cuello de botella” que significa la disminución de las reservas en Argentina y continuar exportando a Chile desde Neuquen y otras áreas, con lo que los dichos del gobierno de que el gas boliviano no será reexportado quedan en pura retórica
Nuevos contratos: La “nacionalización” a medias quedó en nada
Este acuerdo anticipó lo que se discutía en los nuevos contratos diseñados por el gobierno y a los que deben “migrar” las empresas. De hecho, lo primero que se desmiente es la pretendida “nacionalización inteligente”: se trata apenas de renegociar contratos con las petroleras, aumentar impuestos y regalías y lograr para el Estado, a partir de YPFB, una mayor incidencia en la producción, refinación y comercialización de hidrocarburos. Es cierto que cambian algunas de las condiciones aberrantes que los gobiernos neoliberales habían cedido a las transnacionales, aceptando una relación virtualmente colonial. Con el petróleo a casi 70 dólares y el mercado mundial del gas en continua expansión, esas condiciones eran insostenibles. Las petroleras lo saben y se avienen a negociar con un gobierno que a cambio de aceptar nuevos términos, les garantiza la parte del león en la industria de los hidrocarburos. Pero de esto a una genuina nacionalización hay mucho trecho. Y el gobierno ha demostrado que no quiere darlo. De hecho, la “tibia” política anunciada el 1º de mayo se ha ido diluyendo y nada lo demuestra mejor que el contrato con argentina, que beneficia a REPSOL, y los nuevos contratos. Ya British Petroleum y Total se mostraron dispuestos a aceptar. Petrobras aunque negocia con dureza, podría terminar aceptando modificaciones luego de la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Brasil, aunque puede seguir habiendo disputas y presiones de las petroleras para acomodar aún más los contratos a sus intereses.
En cuanto a YPFB, el proyecto de transformarla en “corporación” incluye también que las que pasarían subsidiarias funciones como empresas mixtas (las refinerías, Transredes y CLHB, donde el estado tiene acciones), es decir, en sociedad con el capital extranjero.
Es cierto que un mayor control y fiscalización permitiría incrementar los ingresos del Estado. Pero esto son migajas comparado con la continuidad del saqueo por las transnacionales y las fabulosas ganancias que estas continuarán llevándose. Cuando el Vicepresidente García Linera afirma que se logró “la conversión de Bolivia en el centro energético del continente”, más allá de la exageración, oculta que se hipoteca el futuro del país como simple proveedor de materia prima hasta que se agote este recurso no renovable bajo el saqueo imperialista.
Por una verdadera nacionalización, sin pago y bajo control de los trabajadores
La pretensión del MAS de “asociar las transnacionales al interés nacional” es un engaño, remacha la dependencia y la entrega de los recursos nacionales con la ilusión de ampliar los espacios para desarrollar un “capitalismo andino” sin expulsar las transnacionales ni romper con el imperialismo. Sigue planteada la lucha por recuperar efectivamente el gas a través de la movilización, por una verdadera nacionalización, sin pago y bajo control de los trabajadores.
Por Vicente Marcos