El MAS y la derecha acordaron en el Parlamento una “ley corta” ampliando en 7 años el plazo para el “saneamiento de tierras”, lo que virtualmente entierra las promesas de una “nueva reforma agraria” y de reversión al Estado de los “latifundios improductivos” que venía haciendo el gobierno de Evo Morales. “Los campesinos presionan por cambios en la Ley INRA pero el gobierno, en consenso con los gremios agroindustriales cruceños, amplió por siete años el proceso de saneamiento” sintetiza el semanario neoliberal Pulso del 20/10. Esto ya ha despertado protestas entre sectores campesinos y pueblos originarios, particularmente en el Oriente, donde el problema de la tierra es explosivo por la enorme concentración de la propiedad territorial en manos de un puñado de terratenientes, mientras que las promesas del MAS habían logrado frenar el proceso de ocupaciones de tierras de los últimos años.
Es posible que como un gesto simbólico, el gobierno llegue a repartir algunas tierras fiscales, pero esto no resolverá el problema agrario ni las demandas de cientos de miles de campesinos desposeídos.
Por lo pronto, como muestran las movilizaciones de la Asamblea del Pueblo Guaraní, bloqueando en Camiri y el Chaco, las rutas a Santa Cruz y Argentina, crecen las protestas indígenas y campesinas.