La lucha de Camiri

Un fuerte paro cívico se sostuvo por una semana en esta ciudad del sur cruceño, bloqueando la estratégica ruta Santa Cruz-Yacuiba y llegando a la toma de los campos de Andina y Total y el cierre de válvulas del gasoducto. Al llamado del Comité Cívico local se sumaron, entre otros sectores, la Asamblea del Pueblo Guaraní y los ex trabajadores (relocalizados) de YPFB.

Se exige no sólo una demanda local, como es el respeto a la instalación de la Gerencia de Exploración y Explotación de YPFB en esa ciudad (una concesión cedida en tiempos de Carlos Mesa), sino dos puntos muy importantes: la reversión al Estado de los llamados “campos marginales” de petróleo y de las dos refinerías capitalizadas a favor de Petrobras en los años 90.

A pesar de sus límites, estos puntos chocan directamente con la política petrolera del gobierno que argumenta que no puede revertir esos campos por respeto a los contratos con las transnacionales y quiere transformar las refinerías en empresas mixtas mediante la recuperación y compra de acciones negociando con Petrobras en buenos términos. Así, el ministro Villegas rechazó las demandas por “inatendibles”, pues plantearían la “expropiación de las inversiones petroleras”.

La oligarquía empresarial cruceña fue muy clara en atacar la medida de los camireños: Oscar Ortiz, de la poderosa CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo), calificó la situación como “desgobierno” y llamó a “asegurar la autoridad del Estado”. Roger Rivero, de la Cámara del Transporte Pesado, declaró: “Hay un descontrol tremendo de los sectores sociales. El Gobierno y el Congreso deben tomar cartas en el asunto y hacer que se aplique la ley. No hay límites.” (El nuevo Día, SC, 4/02). Aunque el prefecto Costas, que se trasladó a Camiri, y la derecha cruceña se “solidarizaron” demagógicamente para “llevar agua a su propio molino”.

Lamentablemente el Comité Cívico de Camiri, del que es vicepresidente el intelectual nacionalista Mirko Orgaz, no se diferenció pública y claramente de ese “apoyo”, ni tuvo una política para nacionalizar la lucha.
El MAS, que trata con “guantes de seda” a la derecha regionalista, aprovechó esto para lanzar violentos ataques. Antonio Peredo acusó calumniosamente a Camiri de hacer el juego a la reacción, ligándolos a una “conspiración internacional” aunque debió reconocer que planteaban una “demanda justa”.

Mientras negociaba por separado con las otras provincias del Chaco, el gobierno montó un operativo militar en la noche del 3 de febrero, desalojando los campos ocupados, con una decena o más de heridos en medio de la indignación popular.

Tras la dura represión, el gobierno negoció con el Comité Cívico local ofreciendo algunas concesiones como la instalación de la gerencia de YPFB y otras.

La lucha de Camiri cuestiona tanto las pretensiones de la élite cruceña (que quiere disponer “autónomamente” del gas para beneficiarse como “comisionista” de las petroleras), como la “pseudonacionalización” gubernamental, y pone sobre la mesa la necesidad de luchar por una genuina nacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización a las transnacionales y bajo control de los trabajadores.

E.M.