Por un plan de desarrollo minero contra el saqueo imperialista y al servicio de los trabajadores y el pueblo

El aumento en los precios de los minerales por un lado y una masa cada vez mayor de desocupados en el país que según últimas cifras alcanzaría el 14% y muchos de los cuales ven en la minería una válvula de escape, tienen como consecuencias inmediatas el agravamiento de la ya prolongada tensión en los distritos mineros, entre obreros y cooperativistas. El surgimiento de la cooperativa “9 de abril” formada por desocupados y la subsiguiente toma de uno de los yacimientos de Huanuni pertenecientes a la cooperativa Karazapato culminó en un violento choque con el saldo de un muerto, varios heridos y el estado de emergencia de los asalariados que ven que la escalada puede terminar en un intento de ocupación de todo el yacimiento por parte de las cooperativas.

Esta situación ha venido agravándose luego del último convenio firmado entre representantes del gobierno y la FENCOMIN el 20 de octubre pasado y que además de los 3 millones de dólares obtenidos, entregaría el control de COMIBOL a los dirigentes de FENCOMIN, dotándoles del poder de decisión sobre concesiones, arrendamientos, contratos, etc. de todos los yacimientos a lo largo y ancho del país, es decir, la posibilidad de ocupar legalmente los actuales centros mineros que trabajan bajo la forma de empresas ya sea privadas o estatales como Huanuni.

Este enfrentamiento de “pobres contra pobres”, al que ahora empiezan a sumarse desocupados buscando crear nuevas cooperativas, es parte de la política no solo del actual gobierno -el delegado oficial de las cooperativas en el FOMIN es el movimientista y actual ministro de la presidencia José Antonio Galindo- sino una política que podríamos decir de “Estado”, ya que lo que busca es por un lado debilitar aun mas las posiciones de la FSTMB, uno de los sectores mas combativos del país así como un importante referente político, sino también conseguir por parte del Estado un punto de apoyo político y social entre los cooperativistas, para la realización de nuevos contratos de riego compartido con transnacionales, objetivo explícito en los documentos de FENCOMIN.

El saqueo imperialista y las transnacionales mineras

La responsabilidad de esta situación recae en la destrucción de la minería nacionalizada y la entrega de los yacimientos a COMSUR y las transnacionales bajo la forma de contratos de riesgo compartido, mientras miles de mineros eran condenados a la desocupación y a engrosar las cooperativas para sobrevivir.

El saqueo de las riquezas del subsuelo no ha tenido límites. En el caso de Huanuni, esto quedo en completa evidencia cuando la imperialista Allied Deals, no solo no cumplió con las inversiones en exploración y tecnología a la que estaba obligada sino que llegó a declarar quiebra en uno de los yacimientos mas ricos del continente. La lucha de los mineros, obligando al Estado a una intervención judicial y arrancando el “control social” por parte de los trabajadores demostró el fraude y hoy, a un año de la reversión, la empresa Huanuni no solo cumplió con las deudas al Estado -6 millones de bolivianos- sino que genera beneficios (es una de las empresas mineras que más aporta al Tesoro General de la Nación). Esto contrasta por ejemplo con el caso de la extinta Barrosquira en Caracoles que declaró quiebra luego del saqueo del yacimiento permitiendo la ocupación del mismo por parte de las cooperativas. Lo mismo puede decirse de Inti Raymi (EMIRSA) quien después de 20 años de explotación de uno de los yacimientos de oro más ricos del mundo solo dejó al Estado boliviano a razón de un millón de dólares anuales. Ahora, los pulpos extranjeros encontraron una nueva veta en la “asociación”, como en el Proyecto de San Bartolomé, donde la Empresa Minera Manquiri trabaja junto a seis cooperativas, cuya participación es a través de contratos tipo joint venture, una forma de abaratar costos salariales y “embellecer” este saqueo.

Las cooperativas y la necesidad de un programa obrero para la minería.

Las cooperativas han crecido mucho en los últimos años debido a la creciente desocupación y a la crisis agraria del altiplano. Están empezando a surgir nuevas cooperativas que si bien a veces chocan con las viejas ya establecidas -de ahí el enfrentamiento en Huanuni- más temprano que tarde serán un nuevo factor de presión sobre la clase obrera minera.

Según algunos datos, son más de 50.000 los socios de unas 600 cooperativas. Si bien muchos trabajan con sus propias manos en condiciones muy duras y vetas prácticamente agotadas, una minoría se ha enriquecido y convertido en una capa que explota el trabajo ajeno: los mismos dirigentes reconocen que las cooperativas emplean a unos 10.000 obreros asalariados.

Los dirigentes cooperativistas, enriquecidos y ligados al MNR y otros partidos burgueses, a las comercializadoras privadas y a las grandes empresas, enfilan sus ataques contra los trabajadores mineros, pero el verdadero interés de la mayoría de los cooperativistas de base no es ir a una “guerra entre pobres”, que a lo sumo será “pan para hoy y hambre para mañana”, sino aunar esfuerzos con los obreros asalariados contra el verdadero enemigo común: COMSUR y los pulpos mineros. La unidad es difícil y sólo podrá lograrse rompiendo el control de los cooperativistas acomodados sobre la base humilde, esto, es mediante una ardua lucha política. Pero este acercamiento podría lograrse en base a un plan obrero de desarrollo minero que contemple las necesidades de los cooperativistas pobres. Algunos dirigentes sindicales han opinado que es necesario mantener una actitud pasiva frente a la Ley 1777 que impide a COMIBOL operar en los yacimientos, es decir volver a la vieja tactica defensiva de las fuentes de trabajo. Opinamos que es completamente incorreccto. Es necesario sostener un programa ofencivo frente a la crisis minera.

La lucha por la renacionalización sin pago de COMSUR, Vinto y todas las capitalizadas y empresas de riesgo compartido, junto con la lucha por el control obrero colectivo partiendo de la progresiva conquista que significa el control social en Huanuni deberían ser las primeras armas. Hoy los desocupados como tales empiezan a convertirse en un nuevo actor en las zonas mineras, producto del alza de los precios de los minerales. La demanda de reparto de las horas de trabajo sin bajar el salario en la industria minera sería clave para fortalecer las filas obreras y ganar nuevos aliados.

Frente a las necesidades de tecnología y créditos de los cooperativistas, los trabajadores mineros deberían plantear que la única manera de obtener esto es precisamente con la nacionalización de la gran y mediana minería, así como del gas y las capitalizadas, dejar de pagar la deuda externa y otras medidas que permitan volcar esos recursos en la reactivación del aparato productivo. El monopolio del comercio exterior es clave en momentos en que por ejemplo empresas de origen chino prefieren comprar el estaño boliviano sin siquiera pasar por la fundición de Vinto, manteniendo la misma una capacidad ociosa. Si Vinto es renacionalizado bajo control obrero podría generar nuevas fuentes de empleo y exportar el estaño con un pequeño pero significativo valor agregado.

Es decir, solo un audaz plan político de enfrentamiento con el gobierno, las transnacionales mineras y petroleras, un plan que levante la audaz demanda de control obrero, un plan para la reinversión tecnológica, un plan que resuelva el problema de la desocupación, un plan que aproveche las utilidades mineras en el desarrollo agrario, es decir solo un plan verdaderamente audaz y ofensivo, que forje la alianza obrera, campesina y popular puede lograr que los 4 mil obreros asalariados puedan conquistar la simpatía, el apoyo y la movilización activa de cientos de miles de trabajadores del campo y la ciudad, incluyendo a los cooperativistas de base, y ofreciendo al país en su conjunto una salida a la crisis nacional. Este es el programa por el que debemos pelear.