LUEGO DE LA REPRESIÓN desatada por el gobierno nacional contra los trabajadores mineros de Huanuni semanas atrás, finalmente el Parlamento aprobó la conversión en ley del decreto que garantiza la nacionalización del cerro Posokoni.
Frente a la demanda de los trabajadores de que se imponga el monopolio estatal del comercio de minerales, lo que permitiría acelerar la industrialización de los recursos mineros, el gobierno simplemente se ha comprometido a crear una “comisión fiscalizadora” de la comercialización y de la exportación que hacen empresas privadas como Sinchi Wayra, lo que deja a salvo los negocios de las comercializadoras, las cooperativas más ricas y las transnacionales, y permitirá que siga el “juqueo”.
Además, ahora los trabajadores tendrán participación en la administración de los recursos generados por la Empresa Minera Huanuni (EMH) del 95% de las utilidades para destinar a reinversión, exploración y equipamiento.
Esto es un paso importante pues se amplia el “control social” que los trabajadores vienen imponiendo desde la expulsión de Allied Deals.
Sin embargo presenta varios peligros, ya que esta administración se hará como parte de la COMIBOL, y el Estado tiene el objetivo de cooptar el “control social”, impidiendo que se desarrolle como control colectivo por los trabajadores, para reducirlo a una “cogestión” sin romper la estructura capitalista de la empresa ni amenazar el poder de la burocracia estatal.
Es necesario avanzar mas allá, profundizando el control social en la EMH hasta imponer la administración obrera directa, para enfrentar las maniobras de cooptación por el Estado y convertir a Huanuni en una escuela de plani-ficación obrera.
Esto, en el marco de un programa para la minería, basado en la integración con la fundición de Vinto, el monopolio estatal del comercio y exportación de minerales y la nacio-nalización bajo control obrero colectivo de la gran minería.
Por Javo Ferreira