La crisis política: La ofensiva opositora y la política del chavismo

Actualmente la situación política venezolana está marcada por las pugnas institucionales en torno a la realización del referendo revocatorio contra Chávez. De un lado se ubican la mayoría del Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y del otro, la Sala Electoral tomando partido a favor de la oposición. La oposición proimperialista viene ahora con la jugada “democrática” del referendo, para el cual se necesitan 2.452.179 firmas, que equivalen al 20% de los electores inscritos.

Sobre las firmas que entregó la oposición ante el CNE pesan cualquier cantidad de denuncias: trabajadores y pacientes obligados a firmar, nombres de personas fallecidas, extranjeras, menores de edad o no inscritas en el registro electoral, etc. Esto ha dado, según el CNE, un total de 377.503 firmas invalidadas y un número de firmas que se someten a “reparo”, a revisión por presentar dudas, estas son las que el gobierno llama “planillas planas”, es decir, planillas donde los nombres de varios firmantes y varias firmas aparecen con caligrafía similar. Oficialmente hay válidas 1.832.493 firmas e irían a revisión otras 876.017, lo que deja en “terapia intensiva” la posibilidad de que, una vez se vaya a la revisión, lleguen al mínimo requerido de firmas válidas. Sin embargo, hasta la misma cifra de firmas validadas es parte de la negociación que el CNE intentó establecer con un sector de la oposición, pues, de hecho se manejaba una cifra menor de firmas válidas a la dicha oficialmente.

Al tiempo que se entablaron negociaciones entre el CNE y la oposición sobre cómo serían las revisiones de las firmas, la pugna se ha trasladado hasta el TSJ. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que las personas que sí firmaron acudan a ratificar su firma, en caso contrario no se considerarán válidas, y la oposición dice que sólo quienes no firmaron deben ir a invalidar su firma, y que el resto se consideren válidas. La Sala Electoral del Tribunal Supremo falló a favor de la oposición un recurso legal interpuesto por estos y ordena que queden sin efecto las resoluciones del CNE sobre los reparos, y que se consideren válidas todas esas firmas, lo que técnicamente activaría la convocatoria al revocatorio. La Sala Constitucional del TSJ, se opone a esta decisión y le ordena a la Sala Electoral que se abstenga de tomar decisión sobre el tema. Esa es la situación ahora, con los trabajadores y el pueblo pobre como meros espectadores de esta pugna en el seno de las instituciones burguesas.

El gobierno negoció ...y vuelve a arremeter la oposición

Lo primero que debemos tener claro es que esta nueva iniciativa de la oposición patronal y proimperialista es consecuencia de la política de negociación y de concertación que ha venido aplicando el gobierno, que le ha permitido a la oposición salir prácticamente ilesa del golpe de Estado de abril del 2002 y del paro patronal de diciembre-enero. De esta política se desprende la firma del acuerdo entre la oposición y el gobierno, el 29 de mayo del año pasado, acuerdo auspiciado por la OEA, el Centro Carter y el Grupo de Amigos, y que contó con la aprobación de la Casa Blanca y la Unión Europea. En este acuerdo se plantea una “salida democrática y electoral” a la situación del país, estando el referendo entre las “salidas electorales”.

Así, luego de sus derrotas de abril de 2002 y en el lock out combinado con el sabotaje de PDVSA, a manos de la movilización popular, de la acción de los trabajadores y el apoyo de la base las Fuerzas Armadas, el gobierno firma con ellos el acuerdo, dándole en una mesa de negociación lo que no se han ganado en las calles ni en las industrias, dándole reconocimiento político y legitimando la impunidad.

Pero no sólo se trata de la firma del acuerdo de mayo, sino que en el terreno económico también se negoció con la burguesía y se hizo recaer el peso de la crisis, agudizada con el paro, sobre los hombros de los trabajadores. Luego de terminados los 2 meses del paro patronal, los empresarios lanzaron una ofensiva de despidos, cierres de empresas y por supuesto, aumento de precios, que continúa hoy. El gobierno por su parte no hizo nada en concreto para evitar esto: con un decreto de inamovilidad laboral vigente, se dieron más de 500 mil despidos el año pasado; cerraron muchas empresas, entre esas las 5 que permanecen tomadas por sus trabajadores exigiendo reapertura o materia prima para echarlas a andar, y el gobierno no ha respondido; se estableció un control de cambio y luego se flexibilizó para que los empresarios pudieran adquirir los dólares; se había establecido un control de precios y sin embargo luego de reuniones con empresarios, entre esos el mayor grupo empresarial de alimentos (Empresas Polar) se autorizó el aumento del pollo, luego de la carne, la leche, los huevos, etc.; en lugar de tomar medidas serias contra los capitalistas nacionales, el gobierno a la par que autorizó los aumentos de los alimentos, tiene una política de importación de alimentos para venderlos más baratos que el precio nacional, en los mercados gubernamentales.

Toda esta situación de impunidad es la que ahora le permite a la oposición arremeter nuevamente. De esa forma, ante las decisiones del CNE, en la oposición predominó la línea de la presión violenta en la calle, teniendo como inicio la marcha del 27 de febrero que pretendía llegar hasta el sitio donde se desarrollaba la cumbre del G-15. En esta marcha, una avanzada de la misma llegó hasta la barrera de Guardias Nacionales que había puesto el gobierno e intentaron pasarla, lo que generó la confrontación, que se prolongó durante toda la tarde de ese día y continuó de manera particular los días siguientes. Se organizaron focos -con la complacencia de la Policía Metropolitana y las policías municipales controladas por la oposición- con barricadas, quemas de cauchos, basura y enfrentamientos a la Guardia Nacional con piedras, botellas y armas de fuego, que duraban hasta bastante entrada la noche, en algunos casos toda la noche. Fundamentalmente se dieron en las zonas de clase media de Caracas, pues las pocas que intentaron en los barrios populares fueron rápidamente disueltas por la gente, a pesar de la línea del gobierno de no llamar a movilizarse. En el interior también hubo protestas en varias ciudades(Mérida, Valencia, Maracaibo, etc.) pero no llegaron a tener la intensidad, en cuanto a enfrentamientos, como las de la capital.

La respuesta del gobierno: ¡cuerpos policiales y judiciales sí, movilización popular no!

El gobierno por su parte ha respondido con los mecanismos del Estado, con la Guardia Nacional, Disip (policía política), las policías estadales o municipales que controla y la Defensoría, la Fiscalía y el TSJ. Apareció públicamente Freddy Bernal, Alcalde de Caracas, declarando que esa situación era un problema de orden público, y que la población no interviniera, que le dejaran ese trabajo a los cuerpos de seguridad y orden público del Estado. Así, además de que en Caracas los focos más fuertes se dieron en zonas de clase media, esta política desmovilizadora del gobierno, contribuyó a que no hubiese una respuesta popular contra estas acciones, por lo que aún cuando no faltó disposición de los sectores populares de enfrentar en las calles a la oposición, se desarrollaron los focos durante unos 5 días.

Se ha trasladado ahora la pelea al espacio del Tribunal Supremo, con la oposición haciendo pequeñas movilizaciones y manteniendo “alerta” a su gente para evitar que les “quiten el referendo”, así como recusando (pedir que se inhiban del caso) a los magistrados que fallaron a favor del gobierno, y el gobierno por su lado, poniendo el énfasis en llamar a respetar la decisión del CNE y de la Sala Constitucional, intentando la recusación de los magistrados cuadrados abiertamente con la oposición e inscribiendo a los candidatos para las elecciones regionales de agosto... pero nada de movilización y acción popular.

Ocurre que el gobierno no se encuentra frente a una situación como la de abril de 2002 o la del paro patronal, pues la apuesta de la oposición hoy no es tumbar a Chávez ni forzar su renuncia, sino presionar al CNE para que les valide las firmas y convoque el referendo revocatorio. Esta vez no hay pronunciamientos militares contra Chávez, no se intentó parar PDVSA ni ninguna industria en el país [1], no hay marcha hacia Miraflores ni hacia ningún centro de poder, ni nacional ni estadal, los focos de protesta fueron eso, grupos de personas que se enfrentaban en las calles donde viven (lejos del centro de la ciudad) incluso replegándose hacia sus casas y luego salían de nuevo, que jamás intentaron avanzar hacia ningún centro de poder. Esto le permitió al gobierno controlar la situación sin necesidad de acudir a la movilización de masas. El gobierno de Chávez se ha caracterizado por llamar a movilizaciones de carácter demostrativo, y sólo cuando se siente acorralado o en desventaja, acude a la movilización activa y combativa, intentando igual encausarla en los límites de la política gubernamental, refiere evitar la movilización combativa lo más que pueda, ya que ésta puede escapársele de las manos y tener consecuencias no previstas, como se ha demostrado cada vez que el movimiento de masas entra en escena en situaciones de confrontación decisiva.

El 11 de abril es muestra de eso, pues el gobierno no preparó ni organizó absolutamente nada, ni política ni militarmente para que el movimiento de masas enfrentara el golpe, aún cuando no sólo la vanguardia sino buena parte del pueblo trabajador que respalda a Chávez estaba presta a movilizarse y armarse para la defensa del gobierno, de hecho obraron en función de eso, pero esa no era la política de Chávez. Luego de derrotado el golpe, no sin varias decenas de muertos de los barrios de por medio, se esperaba que se castigara a los golpistas, pero Chávez llegó pidiendo perdón. Para agosto de ese año, cuando era casi seguro que el TSJ absolvería a los generales golpistas, sobre todo en Caracas se organizaban movilizaciones y trancas de la Ciudad para advertir al TSJ, pero el gobierno enviaba a sus diputados a frenar estas iniciativas, llegando al punto en que ante la decisión definitiva que los absolvía, Chávez llamó a respetarla y sin embargo unas 3 mil personas nos fuimos a protestar al TSJ, debiendo enfrentar la represión de la Guardia Nacional. Así también, meses antes del paro, en un Encuentro de Trabajadores al que asistió Chávez, éstos lanzaron la propuesta de tomar las fábricas que cerraran o que se declararan en quiebra, Chávez se hizo eco de la propuesta para empalmar con los trabajadores, pero durante los 2 meses de paro jamás llamó a la toma de empresas, así como tampoco los dirigentes sindicales que le siguen. Fue así mismo la iniciativa de los trabajadores de PDVSA, que pusieron a funcionar la empresa, secundada por algunos mandos militares y el gobierno, lo que dio la pelea contra el saboteo en PDVSA. También durante esos 2 meses se organizaron movilizaciones que tenían el objetivo de avanzar sobre los bastiones de la oposición (medios de comunicación, plazas tomadas por estos, etc.) pero el gobierno se opuso y logró evitarlas.

Siguiendo esta política, la única movilización importante convocada durante estos días ha sido la del domingo 29 de febrero, “contra la injerencia norteamericana en los asuntos del país”, donde como siempre, se llamó al pueblo a movilizarse para terminar en una avenida escuchando el discurso de Chávez. El pueblo sale por cientos de miles a las calles sin ningún objetivo concreto, sólo a escuchar un discurso y regresarse a casa, ¡cuánto derroche de fuerzas y energías!

El “antiimperialismo” de estos días

Mientras deja en manos del Estado burgués el control de la situación, se inició una arremetida verbal contra Bush, que tuvo su punto más alto en esa marcha del 29, donde se amenazó con cortar el suministro de petróleo si EEUU invadía al país y dar una “guerra de cien años”. La propaganda que hacía rodar el gobierno, era que las acciones de la oposición eran una estrategia para buscar una intervención militar de los Estados Unidos en el país , con lo cual se trasladó la atención del movimiento de masas y los trabajadores, no ya a la situación interna, sino a la confrontación con el gobierno de los EEUU.

Chávez elevó en las últimas semanas el tono de las denuncias y discursos contra el gobierno de Bush, denunciando su participación en el golpe de abril, el apoyo y financiamiento a grupos de la posición, y recientemente su participación en la caída de Aristide [2]. Sin embargo, es necesario ubicar esta confrontación en el justo espacio que abarca. Lo primero es que la confrontación verbal de Chávez ahora no es contra el imperialismo estadounidense, sino contra George Bush, así, declara que este es “un gobierno, como pocos han pasado por la Casa Blanca”, salvando de su papel imperialista a los demás gobiernos yanquis. Sencillamente intenta aprovechar la coyuntura interna que atraviesa Bush, con las críticas hacia su política guerrerista e intervencionista y la creciente candidatura demócrata de John Kerry, que se alimenta en buena medida de ese descontento hacia Bush, para defenderse y prevenirse de las posibles acciones del gobierno yanqui hacia su gobierno. Aunque por esa vía se le cierra el margen de maniobra, ya que hace pocos días el candidato demócrata ha criticado también a Chávez y ha dicho que Bush debería liderar las presiones internacionales “para que Chávez permita el referendo”.

Así mismo el gobierno de Chávez continúa pagando la deuda externa, cuyos pagos para fines de 2003 eran similares a la cantidad destinada al gasto público. Firmó el año pasado acuerdos para satisfacer las deficiencias en cuanto a suministro de gas que hay en los Estados Unidos, tratando de mantenerse firme como “proveedor seguro de energía” (incluso durante la invasión a Irak). Y recientemente ha concretado, transmitiéndola en cadena nacional al igual que cuando habló contra Bush, la entrega en concesión a 30 años de varios bloques de la Plataforma Delatana a la Chevron-Texaco, para la explotación gasífera.

Movilización independiente de los trabajadores y el movimiento popular

Es claro que el gobierno no tiene la intención de derrotar a la reacción ni romper con el imperialismo, al contrario, ocurre lo mismo de otras veces: cuando la oposición está perdida, en un callejón sin salidas, el gobierno lejos de tomar una ofensiva que los termine de derrotar le abre las puertas a la negociación. Esto ocurrió tanto en abril como luego del paro patronal, quedando impunes y pagando como siempre, el pueblo trabajador y pobre las consecuencias, sobre todo las desatadas luego del paro empresarial, con los cierres y despidos. Hoy es evidente el fraude, al punto que la OEA, el Centro Carter y el gobierno de Bush reconocen la decisión del CNE, y está nuevamente fracturada la oposición por las posiciones sobre la estrategia a seguir, y sin embargo, el gobierno no aprovechó las acciones violentas de la oposición para llamar a la movilización combativa y derrotar definitivamente a la reacción proyanqui.

Esto sucede por el proyecto que abraza el gobierno, el del “capitalismo humano”, el de un capitalismo nacional-autónomo que sea “menos explotador”. Esta es una utopía reaccionaria, pues, desde la rebelión de febrero del 89 lo que el movimiento de masas y las luchas vienen demostrando es la deslegitimación de las instituciones políticas, judiciales y militares de la democracia burguesa formal, y la necesidad de romper con el capitalismo, y el proyecto de Chávez busca recomponer la confianza en las mismas y mantener el capitalismo, aunque menos malo. Esa utopía busca desarrollar una burguesía nacionalista, “menos explotadora”, pero ocurre que la crisis y la etapa actual del capitalismo no dan margen para eso, pues hasta en los países imperialistas los capitalistas han venido atacando duramente las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. ¿Cómo hará entonces el gobierno para que los capitalistas nacionales, mucho más pequeños que los de las naciones imperialistas, tengan niveles de ganancia iguales o superiores a sus hermanos de clase de Europa y EEUU, sino exacerbando los niveles de explotación de la clase trabajadora?

Pero no sólo es la inviabilidad histórica, sino que este proyecto choca con las necesidades concretas de los trabajadores y el pueblo hoy y con la necesidad política de derrotar a la oposición burguesa proyanqui, pues eso requiere de medidas que trascienden los límites del capitalismo, de la propiedad burguesa, a la cual el gobierno defiende y que está establecida en la Constitución. Para derrotar a la reacción, ya lo hemos dicho en nuestras publicaciones nacionales, hay que atacar la base de su poderío: hay que confiscarle sus bienes y propiedades. Hay que confiscar los medios de comunicación y ponerlos bajo control popular; nacionalizar la banca y ponerla bajo control de sus trabajadores y los usuarios, que permita, entre otras cosas, financiar un plan agrario nacional; estatizar sus empresas y ponerlas a funcionar bajo control obrero; expropiar a los grandes terratenientes para darle la tierra a los campesinos pobres y pequeños productores, para avanzar en un plan agrario nacional definido entre los trabajadores del campo y la ciudad; poner a PDVSA bajo el control de sus trabajadores y las comunidades, para que los planes de la misma sean realmente diseñados por el pueblo y no la burocracia capitalista de hoy. Si la situación se planteara en términos de una insurrección para imponer un gobierno abiertamente proyanqui, como el de Carmona en abril: se debe movilizar y armar a los trabajadores y sectores populares; dar total libertad discusión y organización a la tropa de las Fuerzas Armadas, compuesta por jóvenes de los sectores trabajadores y pobres de la población, para que, junto a los reservistas, se pongan a disposición de los trabajadores y sectores populares, sus hermanos de clase, para las labores de defensa.

Con estas medidas no hay oposición proyanqui que pueda levantar la cabeza, sus intentos no durarían nada. Sin embargo, estas medidas trascienden los límites del capitalismo, llevarían en la práctica a un proceso de eliminación de la burguesía venezolana como clase, y eso no coincide con el proyecto del gobierno, que tiene como objetivo la creación de una “burguesía progresista y nacionalista”. Por eso luego del paro empresarial, el gobierno tomó medidas como las que tomó, pues se venía una situación más difícil que la de ahora marcada por el estancamiento y la quiebra de más empresas, ante lo cual sólo tenía esa opción o tomar las medidas que hemos dicho. Se decidió por ceder ante los empresarios, y ahora estamos los trabajadores y el pueblo pobre pagando las consecuencias del paro patronal.

Por eso decimos que la clase trabajadora y los sectores populares deben organizarse y movilizarse con independencia del gobierno, sin dejar su destino en manos del mismo. Movilizarse combativamente, lo mismo contra la reacción proimperialista, que por sus reivindicaciones. Es necesario organizarse y movilizarse para derrotar a la oposición proyanqui, pero también para exigir un aumento de salarios, por un salario mínimo igual al costo de la canasta básica que sea móvil de acuerdo al aumento del costo de vida, por la reducción de la jornada laboral y la repartición de las horas de trabajo entre los desempleados, por un verdadero plan nacional de empleo diseñado y controlado por los trabajadores empleados y desempleados, y no un “Vuelvan Caras” que es el plan gubernamental, donde el trabajó será precario, con menos del sueldo mínimo y sin ningún beneficio laboral ni seguridad social, oponerse a los despidos y cierres de empresas, luchar por la estatización bajo control obrero de las empresas que han cerrado o están en crisis, por el congelamiento de los precios de las medicinas y de los alimentos, cuyos aumentos autorizó el gobierno.

Esta es la tarea que tienen por delante los trabajadores venezolanos en este momento, en el camino hacia la construcción de organizaciones propias, con independencia de clase, que sirvan igual para luchar contra la burguesía opositora, como contra el proyecto burgués del gobierno y los pocos sectores de la burguesía que le acompañan. Es la lucha que se debe entablar por la construcción de un partido de la clase trabajadora, una organización clasista, revolucionaria e internacionalista, que lleve hasta el final la lucha contra la burguesía venezolana, en cualquiera de sus variantes (proyanqui o “nacionalista”) y contra la opresión imperialista, hasta lograr un gobierno de los trabajadores. En fin, es la necesaria lucha por la revolución socialista en nuestro país, como parte de la revolución proletaria en América Latina.