Por un verdadero sistema solidario de pensiones

La situación actual es insostenible

El neoliberalismo destruyó el viejo y deficiente sistema estatal de pensiones para liberar de toda carga a los empresarios y el Estado, imponer el principio burgués de la “capitalización individual” y poner los aportes de los trabajadores en manos de las “Administradoras de Fondos de Pensión” Previsión y Futuro (de capitales suizos y españoles).Estas han hecho jugosas ganancias gracias a que administran el dinero de los trabajadores, cobran gastos administrativos, comisiones, etc. y lo “invierten” en más del 70% en bonos y préstamos al Estado boliviano.
Como al mismo tiempo se liquidaron las grandes empresas públicas y se “relocalizó” a decenas de miles, se “flexibilizó” el mercado laboral (generalizando la precarización e inestabilidad delempleo), y se liberó a los empresarios y al Estado de responsabilidades en el tema para concentrar la carga sobre los trabajadores, el resultado es socialmente desastroso:

– El 80% de la población no tiene ningún acceso a la seguridad social (en el área rural, es el 92,3%). Los trabajadores por cuenta propia, artesanos, gremiales, campesinos, obreros eventuales y de las PYMES,etc., están excluidos en la práctica del sistema.
– De los 1.222.294 de aportantes que las AFPs tienen registrados, apenas un 45% -menos de la mitad- cotiza regularmente, pues en su mayoría son trabajadores del Estado o de
las empresas grandes y medianas que cuentan con un trabajo efectivo.
– De hecho, las rentas actuales son de hambre y en muchos casos no superan los 800 Bs.
– Para los trabajadores aportantes, además, el futuro de su pensión de vejez es una incógnita, pues dependerá de los vaivenes de la economía capitalista, la marcha del negocio administrado por las AFPs y sin contar con garantías serias a futuro.

El proyecto del MAS

El Gobierno se propone apenas reformar el actual sistema según una nueva Ley que introduce una administración estatal pero manteniendo en sus fundamentos el principio de “capitalización individual” y sin imponer mayores cargas a los empresarios, aunque habla de volver a la “solidaridad”, de incorporar al sistema a otros sectores hoy desprotegidos, etc.
Propone reducir la edad mínima de 65 a 60 años, abriendo la posibilidad de jubilarse con 180 aportes (15 años) y fija una “renta mínima nacional” que sería de 566
Bs. Además, con la “Renta Dignidad” de 200 Bs. para todo mayor de 60 años, establece un paliativo a la grave situación de desamparo y miseria en que están la mayoría de los ancianos. Son tibias reformas que no resuelven la cuestión y se mantienen en los marcos de la racionalidad social-liberal.

El proyecto de la COB

La alternativa presentada por los dirigentes de la COB para retornar a un “sistema solidario” recoge varias reivindicaciones importantes, como edad mínima para jubilarse de 55 años, con 20 años de trabajo, etc. Sin embargo, aunque plantea aporte tripartito, las contribuciones del Estado y de la parte patronal serían mínimas (para “riesgos profesionales”), lo que nuevamente, como en el sistema actual y en la propuesta del MAS, deja la carga principal sobre los hombros de los trabajadores. Es una propuesta reformista que no va al fondo de la cuestión.

Por una propuesta obrera consecuente

Lejos de plegarse a los “principios” del neoliberalismo y a las “posibilidades” del Estado, el principio rector del movimiento obrero debe ser proteger, por sobre todas las cosas, la salud y los derechos de las generaciones de trabajadores que han gastado toda su vida productiva bajo un régimen de explotación y merecen, como mínimo, una vejez digna.
En la sociedad capitalista en que vivimos, un sistema de pensiones solidario y mínimamente satisfactorio sólo es sostenible con aportes de los capitalis tas y el Estado; además, la solución de la crisis del sistema provisional está ligada a acabar con la actual situación de precarización laboral, que hace inaccesible el sistema para la mayoría de los trabajadores.
Son los empresarios, que amasan su capital con la plusvalía extraída a los trabajadores, los que deberían financiar el sistema.
Además, el Estado, en tanto “administrador de los intereses generales del régimen burgués”, tiene la obligación de garantizar la seguridad social para toda la población. Por otra parte, el aporte de los trabajadores es en realidad una parte de su salario “diferida” para los años de vejez y por tanto, ni los empresarios ni el estado deben aprovecharse de ella.
Por eso, luchar por un verdadero sistema solidario de jubilación, exige medidas de carácter transicional que afecten la sagrada ganancia capitalista y cuestionen el régimen de explotación asalariada, con el objetivo de fortalecer a la clase trabajadora y dar respuesta a los sectores populares desprotegidos en la perspectiva de la transformación revolucionaria de la sociedad.
El movimiento obrero debe exigir, como una medida inmediata y de emergencia, la reposición del 12% de contribución para los empresarios y el Estado y que las AFPs sean excluidas de todo el sistema de seguridad social, que debe volver a manos del Estado, pero no para que sea “caja” del gobierno de turno o botín de la corrupción, sino para que sea administrado colectivamente por los trabajadores y rentistas.
Esta lucha no debe aparecer como una demanda aislada de los sectores que cuentan con empleo estable y sueldos un poco mejores, sino que debe incorporar los intereses de todos los y las trabajadoras, incluso los más precarizados, y de las capas populares que no tienen ningún acceso a la jubilación, levantando el principio de pensiones dignas para todos, según el costo de la canasta familiar y en un sistema financiado por los capitalistas y el Estado.

Por Toño Laure y E. Molina