EL GOBIERNO APRISTA de Alan García, en alianza con el fujimorismo y la derecha neoliberal de Unidad Nacional, viene ejecutando un programa proimperialista, antiobrero y antipopular que se expresa en la privatización de empresas del Estado, en los salarios de hambre y en la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores, campesinos y sectores populares.
EL GOBIERNO APRISTA de Alan García, en alianza con el fujimorismo y la derecha neoliberal de Unidad Nacional, viene ejecutando un programa proimperialista, antiobrero y antipopular que se expresa en la privatización de empresas del Estado, en los salarios de hambre y en la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores, campesinos y sectores populares.
Para imponer este programa el gobierno viene implementando una serie de leyes que garanticen su éxito y pongan un freno a la resistencia obrera y popular. Con el pretexto del “resurgimiento del terrorismo” el Congreso ha aprobado la Ley 982 de carácter represivo que criminaliza las protestas y concede licencia a las Fuerzas Armadas para matar. Con la Ley 840, de Promoción a la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería (“Ley de la Selva”) está facilitando la apropiación de millones de hectáreas de la costa, sierra y selva en condiciones de latifundio. En esta misma línea, en el Congreso existen varios proyectos de ley que van a beneficiar a la inversión privada. Por ejemplo, el proyecto de Ley 1992 ponen a disposición del capital privado las tierras de las comunidades campesinas y del Estado; y el proyecto de Ley 29164, que permite la privatización del patrimonio turístico y cultural.
Frente a estas medidas, las luchas del movimiento obrero, campesino y popular se han hecho presentes. Contra la llamada “Ley de la Selva” se paralizaron totalmente los departamentos de Ayacucho, Iquitos, Madre de Dios y Ucayali. A estas acciones de los pueblos del centro y oriente del Perú, se sumaron una serie de movilizaciones sectoriales y regionales que ha incluido paros de los trabajadores mineros, levantamientos en la ciudad portuaria de Moquegua. Recientemente los trabajadores mineros y el pueblo en general de Tacna, vienen realizando una lucha importante por la recuperación del canon minero que el gobierno aprista está entregando a la inversión privada.
Igualmente, en el mes de octubre, en Cusco y Puno los campesinos han ido tomando medidas de lucha contra la aplicación del TLC y la “La Ley de la Selva”. Lo que es vergonzante de todo esto es el papel que está cumpliendo la CGTP (Central General de Trabajadores del Perú) y otras direcciones burocráticas al frenar las permanentes luchas de los trabajadores vía la concertación y el diálogo con el gobierno. La propuesta reformista que sostiene Mario Huamán dirigente de la CGTP “de mantener el diálogo que genere resultados", es utilizada por la burocracia para desmovilizar la lucha del pueblo peruano. Hace falta construir al calor de la movilización un verdadero instrumento político de los trabajadores, que unifique las fuerzas obreras, campesinas y populares para derrotar las políticas neoliberales del gobierno y abrir el camino hacia a una salida revolucionaria obrera y campesina.
Por P. E.