El próximo 26 de marzo, los almacenes aduaneros pasarían del control de la transnacional suizo-peruana DBU-Swissport y la interventora Carola Valverde, nombrada por uno de los masacradores de octubre, el general masista Cesar López Saavedra a manos de la estatal Depósitos Aduaneros Bolivianos, (DAB).
En esta fecha crucial, en la que los pegacarteles del partido de gobierno buscaran que se despida a los trabajadores para repartirse las “pegas” de los almacenes, como ya ha amenazado la derechista interventora, es muy importante mantener la guardia ante el intento de despidos selectivos como el que ya hizo el gobierno con Walter Mamani, Secretario de Conflictos del sindicato, y al que se despidió sin causa y con violación de fuero sindical y en ausencia de todo proceso administrativo.
Así mismo es clave que los trabajadores de diversos sectores, como entre fabriles y de los servicios, que aun confían en el Gobierno y el Ministerio de Trabajo asimilen la experiencia de lucha de los trabajadores de DBU-Swissport, quienes, desde el 2005 en que constituyeron su sindicato, fueron los primeros en pelear por la reaversión al Estado de esta empresa. Mientras miembros de la COR y la FEJUVE, cual aves carroñeras pelaban por pegas, ministerios o prefecturas, los estibadores de los almacenes aduaneros peleaban por los intereses de todos los trabajadores y el pueblo boliviano.
Los trabajadores llevaron a cabo varias medidas de fuerza exigiendo no solo el cumplimiento de sus derechos laborales que fueron sistemáticamente violados en los años de capitalización, sino que reclamaban la reversión al Estado sin indemnización, y su puesta en funcionamiento bajo el sistema de control obrero colectivo, para evitar la corrupción que siempre ha caracterizado a las empresas del Estado como lo esta demostrando con creces el caso de YPFB y Santos Rapiñes. Sin embargo el gobierno masista y sus aliados militares en la aduana de TRADEPA y PODEMOS mientras creaban la nueva DAB, se negaban sistemáticamente a contemplar la propuesta del control obrero ya que esto les permitirá en un futuro no muy lejano, enriquecerse rápidamente con los recursos del pueblo boliviano como viene sucediendo en Yacimientos. Para amedrentar a los trabajadores y evitar que sigan en la pelea, decidieron violar desde el gobierno mismo los derechos laborales y sindicales despidiendo al secretario de conflictos, en una acción que criminaliza la protesta social y que ni siquiera la transnacional peruana se animo a llevar a cabo. Llamamos a los trabajadores a estar alerta para brindar la más amplia solidaridad a estos trabajadores que tuvieron la valentía de pelear por los derechos de todo el pueblo alteño y boliviano y que hoy se encuentran amenazados con el despido masivo por tal osadía.
Por J.F.