El MAS y su policía expulsan a refugiados políticos peruanos en claro acto de persecución política

El pasado jueves 4 de agosto y luego de dos audiencias de “medidas cautelares”, los 4 detenidos son conminados a abandonar el país, tres de los cuales fueron puestos a disposición de la policía y la justicia peruana quienes venían haciendo trámites ante la ACNUR como perseguidos políticos en su país de origen.

La detención de Hugo Wálter Minaya Romero, Williams Antonio Minaya Romero, Blanca Riveros Alarcón y José Antonio Cantoral Benavides fue realizada el pasado 1 de agosto, se baso según la fiscalía en que se encontró material panfletario contra el gobierno a causa del pasado gasolinerazo de diciembre. En la primer audiencia de medidas cautelares, la fiscalía, solo presentó como elementos de “prueba” volantes que ni siquiera eran de sendero luminoso sino de organizaciones sindicales y políticas absolutamente legales en nuestro país y que llamaban a pelear contra el gasolinazo de Evo Morales y García Linera el pasado mes de diciembre, sino que también presentaron como prueba, literatura marxista-leninista (hasta el vicepresidente debería estar preso con semejante acusación). Si por estar contra el gasolinazo se detiene a estos compañeros, tres cuartas partes del país deberían estar apresados. Sin embargo en esta audiencia, y como muestra el acta de detención, la fiscalía supone que son de alguna organización terrorista por el hecho de tratarse de ciudadanos peruanos, es decir, no hay delito sino que hay suposiciones que llevan a penalizar la ciudadanía de los compañeros. Peor aún ya que al borde de finalizar la audiencia y ante la inexistencia de pruebas, el ministerio público decide recusar a la jueza para evitar la libertad lisa y llana de los detenidos. En la segunda audiencia, y pese a las denuncias de torturas que sufrieron los detenidos, pese a la irregularidad del proceso, pese a la inexistencia de delito y de pruebas de pertenencia a una organización terrorista, el nuevo Juez, decide expulsar en forma inmediata a tres de los detenidos, sin importar que Blanca ya tiene un bebe de nacionalidad boliviana en estado de lactancia, sino que los entrega a la policía y a la justicia de la cual venían solicitando refugio político. Ni siquiera en los gobiernos neoliberales afines a la represión Fujimorista se llegó a este nivel de persecución a los refugiados. Peor aún, Cantoral, que ya gozaba del estatus de refugiado se lo conmina a abandonar el país en los próximos 90 días, sin importar que no solo que goza de ese estatus por más de 20 años, sino que fue colaborador de organismos de DDHH durante octubre del 2003 junto al actual ministro de gobierno, Sacha LLorenti, quien hoy se dedica a violar los DDHH y perseguir a sectores de trabajadores y pueblo pobre, como fue la justificación de la represión y los asesinatos de estudiantes en Caranavi.

¿Cuáles son las causas de este acto de represión política?

Es evidente que luego del gasolinazo y las políticas burguesas antindigenas como en el TIPNIS, anti obreras como con la cuestión salarial y el código de trabajo y antipopulares que están llevando a crecientes protestas, como la huelga de EPSAS el bloqueo de casi 80 juntas de vecinos por agua y gas en El Alto, movilizaciones como la de la CIDOB que debe llegar la próxima semana a La Paz, el gobierno de Evo Morales, pretende reemplazar la cada vez menor legitimidad popular con la fuerza de la policía y la concentración mayor de poder. Así, la detención y expulsión de los refugiados peruanos (tanto de los que buscaban refugio como de Cantoral) pretende ser por un lado un mensaje a las organizaciones obreras y populares que llamaran a votar nulo ante el escandaloso procedimiento de elecciones judiciales de octubre.

En un hecho inédito, el gobierno del MAS que ha preseleccionado a sus hombres para el poder judicial, pretende penalizar el legitimo llamado a votar nulo, frente a unas elecciones en las que la población ni siquiera conoce los candidatos, con la amenaza de 3 a 5 años de cárcel para quien haga campaña por el voto nulo. Ante esta pantomima electoral, el gobierno del MAS teme el fracaso del proceso y su deslegitimación en las urnas y por tal motivo ha iniciado la persecución de sectores opositores de izquierda, en un evidente globo de ensayo sobre un sector de compañeros que tiene dificultades en garantizar su defensa publica.
Llamamos a las organizaciones obreras, campesinas y populares, ha impulsar una gran campaña contra la criminalización de la protesta social como viene sucediendo con los dirigentes de correos, estudiantiles como en Cochabamba, antes con el Movimiento sin tierra, luego con las huelgas de la COB y ahora con la persecución a los refugiados.

LOR-CI
Agosto de 2011