Las rencillas regionales como expresión del atraso e intereses de burguesías regionales

A pocos días de concretarse la cumbre gubernamental, que definirá el “nuevo” proceder oficialista para el siguiente año de gobierno, una insólita epidemia de conflictos territoriales recorre de extremo a extremo nuestro país. Pugnas regionales y locales formadas a partir de la indeterminada demarcación de límites entre departamentos y municipios están reavivando sentimientos regionalistas fomentados por los intereses de las burguesías regionales. La sobreposición y desorden territorial que afrontamos y que a corto plazo promete manifestarse en una ola de focos de enfrentamiento, están en marcha. Erika Brockmann, en base a una investigación de la Fundación Tierra, nos dice que: “Según el Ministerio de Autonomías, sólo 25 (7%) de los municipios no tienen problemas limítrofes. (...) Resulta que siete de cada 10 TIOC (Territorio Indígena Originario Campesino) se sobreponen y cuestionan la legitimidad de los límites de las unidades territoriales municipales y departamentales. Por otra parte, Tierra reconoce que ’el 74% de las TIOC tituladas transgrede la jurisdicción municipal comprometiendo esta incompatibilidad a 130 municipios que representan el 38% de los 337 municipios existentes en el país. Los límites departamentales están comprometidos en 19% de los territorios titulados”. (Los Tiempos, 1/09/11). A partir de estos datos ya podemos formarnos una idea de los conflictos territoriales que enfrentaremos en el tiempo, no solamente promovidos por el engañoso régimen autonómico establecido en la Constitución Política del Estado o por las rivalidades de los comités cívicos impulsados por sus intereses regionales de clase, sino, también, a partir de las ilusiones de las masas pobres y de trabajadores cuyas condiciones de vida no han dado un salto cualitativo.

Casos emblemáticos de la discordia

En la actualidad tienen presencia dos conflictos que descuellan por la contundencia en los paros y movilizaciones protagonizadas: a la cabeza de estas se encuentra el antiguo diferendo limítrofe que arrastran los departamentos de Potosí y Oruro, y que involucra a las comunidades indígenas de Coroma y Quillacas, situados en ambos departamentos, respectivamente. Dicho conflicto tiene que ver con la pugna por la posesión de tierras aptas para la agricultura y por el dominio del Cerro Pahua, yacimiento que según estudios recientes de la Gobernación de Oruro tiene “una reserva de 15,1 millones de toneladas de piedra caliza (materia prima del cemento), además de 30 mil toneladas de baja ley, y se encuentra ubicado en la Mesa del Inca, en Vengal Vinto”, (La Razón, 27/11/2011) además que cuenta también con reservas de Marmol y Uranio. Sobre este conflicto, las comunidades indígenas primariamente se disputan el territorio de Coroma, por el control de tierras fértiles para la producción de alimentos, como la Quinua por ejemplo; posteriormente ese sentimiento se ha agravado después de los anuncios del gobierno sobre la construcción de una fábrica cementera para la explotación de piedra caliza, que ya no solamente reanimo a los comunarios en conflicto sino que despertó los intereses de las burguesías regionales de los dos departamentos. A razón de esto, desde hace varias semanas, estos departamentos han protagonizado paros movilizados escalonados, escaramuzas en la zona de litigio, avasallamientos y clamores de federalismo, como se presenció durante el aniversario de Potosí el 10 de noviembre.

En esa misma línea está el otro conflicto que también tiene enfrentado a dos departamentos: la pugna territorial entre Chuquisaca y Tarija, por la distribución de las regalías hidrocarburíferas provenientes de la explotación del Megacampo Margarita, ubicada en la zona fronteriza de ambas regiones. Lo curioso es que el pedazo de torta en disputa (únicamente regalías que hacienden a un 11%), ya que REPSOL es el que se lleva la parte del león, como comúnmente se dice, ha hecho que los comités cívicos, alarmados, se declaren en estado de emergencia y animen a sus respectivas poblaciones a consumar movilizaciones y paros contundentes.

En ambos casos hemos presenciado la participación de sectores obreros (COD’s, principalmente) y amplios sectores populares (gremiales, federaciones sectoriales, juntas vecinales y comunarios de la franja limítrofe, en el caso de Oruro y Potosí), que han terminado como furgones de cola de sus referidos comités cívicos con el discurso de “defensa de la integridad territorial departamental”.
Los factores detrás de las rencillas territoriales
Si bien esos antagonismos regionales fueron reavivados y fomentados por la Constitución Política del Estado y el nuevo régimen autonómico, debemos tener en cuenta, también, que Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica con una desigualdad económica y social generalizada, situación ratificada por el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Informe del PNUD: "Sostenibilidad y equidad: un futuro mejor para todos", 2011), en el cual Bolivia es uno de los países con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la región. Ubicado en el puesto 108 de 187 países del mundo. A esto tenemos que añadir que varios de los departamentos que se disputan territorios viven una situación de pobreza extrema: Potosí, Chuquisaca y Oruro, entre otros. Situación que durante el estridente “proceso de cambio” no se ha modificado cualitativamente. Si bien hubo una reducción de la pobreza extrema, esto no se debe a políticas de transformación estructural en el marco de un régimen económico productivo, sino, por el contario, se ha profundizado en las características extractivitas, rentistas y dependientes del país frente al imperialismo. Así también lejos de la verborragia regionalista, que se presenta como una cortina de humo que oculta los intereses económicos y políticos de las distintas burguesías regionales, la masiva participación de los sectores populares y obreros se debe a ese relegado destino que afrontan. No es extraño que los paros movilizados sean contundentes y que amplios sectores sociales salgan a la defensa de sus territorios para así cautelar las escasas riquezas naturales situadas en las zonas de disputa. Mantener esta situación de riesgo, no solamente que es negligencia sino que abiertamente criminal.
Hasta el momento no se avizora una respuesta a las disputas regionales; recordemos que varios de los conflictos (como el diferendo limítrofe entre el Municipio de La Paz con los municipios de Palca, Achocalla y Mecapaca, por ejemplo) están en cuarto intermedio y otros muchos en permanente alerta de ebullición. La dichosa Ley de Unidades Territoriales que se encuentra estancada en la cámara de senadores, por el momento, no promete ser una solución ya que más allá de las soluciones técnicas que presente, las causas estructurales y la lógica de defensa del capitalismo, que encarna el gobierno, seguirán desarrollando nuevos conflictos donde los trabajadores y sectores populares serán reiteradamente manipulados demagógicamente.
Política obrera independiente (nacionalización bajo control obrero)
Para salir realmente del atraso y superar las rivalidades regionales producto de la miseria y la pobreza, es necesario que las organizaciones obreras adopten una política independiente, tanto del gobierno, como de sus respectivos comités cívicos que sólo utilizan el conflicto para capitalizar demagógicamente el respaldo de los sectores populares y de esa forma poder negociar mejor con el gobierno.
Es importante definir desde los organismos de representación de los trabajadores un plan de industrialización de los recursos naturales, bajo control de los trabajadores y sectores populares, para así sentar las bases de una economía planificada y productiva en beneficio propio. La nacionalización de los recursos naturales, la apropiación de los excedentes de manera colectiva y una redistribución de los mismos sobre la base de un plan nacional de obras públicas, discutido desde las bases, debe ser una de las tareas inmediatas en el ideario del movimiento obrero y popular. Las aspiraciones de trabajo, progreso y desarrollo que están impulsando a la movilización de importantes sectores populares de los departamentos debe ser conducido contra el imperialismo, las trasnacionales que operan en las regiones en litigio y el gobierno actual.