Luego del vergonzoso acuerdo COB-Gobierno. Continúan los ataques contra el pueblo mientras la COB busca ser parte del ajuste

Luego de que el domingo pasado la Central Obrera Boliviana (COB) a la cabeza de Mario Argollo firmara un acuerdo con la delegación de ministros del gobierno derechista de Rodrigo Paz, instruyeron el levantamiento de los bloqueos y de las medidas de presión. El gobierno y toda la derecha parlamentaria aceleraron su ofensiva legislativa y política contra lxs trabajadores y el pueblo, mientras la COB exigía ser parte del ajuste del DS 5516.

La promulgación del DS 5516, evidencia que se mantiene la eliminación parcial del subsidio a los hidrocarburos, los beneficios arancelarios para algunos importadores, y la lógica de conjunto de ajuste y “racionalización” fiscal, aunque formalmente abroga el DS 5503. Esto es resultado de que la dirección de la COB y el gobierno llegaran a consensos en la madrugada de este martes 13 de enero, dando una vuelta de tuerca más en la complicidad con el ajuste antipopular que los dirigentes sindicales comenzaron con el acuerdo pasado.

Acuerdo COB-Gobierno para impedir el posible levantamiento nacional

Luego de la llegada a La Paz de la multitudinaria movilización del lunes 5 de enero “Bolivia no se vende”, convocada por la COB desde la localidad de Calamarca, la dinámica de las fuerzas sociales movilizadas indicaba la tendencia a la masificación de las protestas e incluso de un levantamiento nacional. A los cientos de miles de marchistas que se incorporaban mientras los bloqueos de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) se generalizaban, se le sumaban los anuncios del paro de transporte, gremiales y mineros desde el lunes 12 de enero. Esta situación hacía prever que la semana entrante sería el escenario de un poderoso movimiento social que se encaminaba a un levantamiento nacional. El número de movilizados así como la extensión de los bloqueos de caminos hasta el domingo ya eran muy superiores a las movilizaciones de la “Rebelión Popular” de agosto del 2020 que le puso límites a las veleidades prorroguistas de la golpista Jeanine Áñez. El gobierno de Paz comprendió que de no ceder en la abrogación del DS 5503 corría el riesgo no solo de tener que hacerlo en peores condiciones sino incluso existía la posibilidad de su caída ante el aumento del malestar popular. Las movilizaciones empezaban a exigir ya no solo la abrogación del DS 5503, sino que se le agregaban los DS 5515, que centraliza mayor poder en la persona del presidente habilitando un mecanismo de gobierno a distancia con mecanismos virtuales y el DS 5509, cuya orientación es facilitar el ingreso de grandes multinacionales tecnológicas al país como Starlink y Amazon, además de diversas demandas y exigencias obreras, campesinas y populares.

La firma del acuerdo y el levantamiento de todas las medidas de lucha por parte de la COB, sin siquiera esperar la abrogación del 5503 despertó oleadas de desconfianza y malestar en la vanguardia de las y los movilizados. Muchos de estos sectores mantuvieron los bloqueos bien entrada la mañana del lunes en medio de fuertes críticas a la dirección de Argollo y del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) de la COB. Pese a la enorme fuerza que la COB había acumulado durante las semanas previas, lamentablemente la cúpula de la COB no solo dejó intactos los otros decretos sino que incluso exigió ser parte de la redacción del nuevo DS 5516 que garantiza el gasolinazo contra la economía popular.

La exigencia cobista de que las normas neoliberales pasen por el parlamento es una nueva capitulación ante el proyecto neoliberal de Paz, Lara y todos los derechistas, ya que es ese parlamento que la COB considera idóneo para tratar esas normas antiobreras y antipopulares el que ha empezado a discutir una ley –la anti bloqueos- que criminaliza aún más la lucha de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo y se apresura a tratar todas las exigencias legislativas de Paz. La COB ¿va a enfrentar los proyectos de entrega de los bienes comunes naturales como el litio o el petróleo aprobados en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) controlada por la derecha? ¿La COB va a enfrentar los ataques que se están produciendo en Tariquía por el gobierno de la mano de Petrobras y Total? ¿Va a enfrentar los proyectos legislativos que terminan con el régimen simplificado atacando a cientos de miles de gremiales? Es claro que la cúpula cobista no tiene intensiones serias de resistir el ataque pro imperialista y neoliberal del gobierno. Deberemos imponerle la movilización sobre la base de la autoorganización y unidad de los sectores en lucha.

Ellos quieren que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo. Nosotros queremos que la paguen ellos

El Gobierno de Paz-Lara ha afirmado que “no hay plata” y en consecuencia ha adoptado diversas medidas para enfrentar la crisis y la escasez de dólares: liberar a los ricos de los impuestos a las grandes fortunas, profundizar la liberación de exportaciones que el gobierno de Arce ya había implementado y eliminar el impuesto a las transacciones financieras. Si no hay plata, ¿Por qué eliminar todas estas obligaciones financieras de las familias adineradas y grandes empresarios? Rodrigo Paz al tiempo que imponía estas normas, también imponía el DS 5503 que descargaba todo el peso del gasolinazo en las espaldas de los trabajadores y el pueblo, gasolinazo que hoy se mantiene en el DS 5516 con el respaldo político de la COB.

El plan de ajuste al servicio del imperialismo que pretende saquear nuestros bienes comunes naturales como el litio, los hidrocarburos o las tierras raras, que beneficia a los agroindustriales y grandes empresas mineras, es un plan de ajuste que no ha sido derrotado, sino que hoy encima la COB pretende actuar como garante del mismo. Es un plan de ajuste que pretende barrer los derechos colectivos a la consulta previa para la explotación de recursos en sus territorios. Es un plan que pretende eliminar el régimen simplificado en impuestos atacando a los gremiales y miles de cuenta propistas. Es un plan que busca eliminar la negociación colectiva anual entre la COB y el gobierno, remplazándolo por negociaciones por empresa y hasta individuales, empujando a los asalariados a la completa subordinación a sus patronales.

Sin embargo, plata y dólares hay, solo que Paz quiere que sigan siendo solo para los ricos y los empresarios. Según datos del Banco Central (saldo de divisas), para la gestión de 2025, las exportaciones privadas representan cerca de 5000 millones de dólares. De este total solo reingresaron al país apenas cerca de 239 millones de dólares, ni siquiera el 5%. Esto significa que todo ese dinero producto del esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores es retenido y apropiado por los grandes exportadores que deciden dejarlo en paraísos fiscales, como los papeles de Panamá y en la especulación financiera internacional, pero no retornarlos al país. Que Paz facilite estos negociados antipopulares y entreguistas es comprensible ya que él es miembro y un lugarteniente de esa clase, la de los empresarios agroindustriales, mineros, banqueros y financistas de toda laya. Es decir, Paz expresa abiertamente los intereses de su clase. El problema es cuando los llamados gobiernos progresistas o de la izquierda institucional cuando gobiernan terminan beneficiando a la concentración de los capitales y administrando el Estado al servicio del enriquecimiento de las clases dominantes.

¿Cómo se puede entender que el profesor universitario, devenido en ministro y luego presidente, militante del MAS y del proceso de cambio, y hoy preso político, Luis Arce, haya sostenido la misma política condescendiente con los ricos? O peor aún, ¿Cómo entender al campesino-cocalero, ex secretario de deportes de su sindicato devenido en diputado y luego en presidente en tres ocasiones e impedido de una cuarta por un golpe de Estado y ahora acosado por el aparato judicial, la policía y altos miembros de la DEA norteamericana, haya sostenido una política similar favoreciendo a quienes hoy lo persiguen? Recordemos que fue durante los gobiernos de Morales, cuando se contaba con un amplio 2/3 en las cámaras parlamentarias que el MAS, a la cabeza de Álvaro García Linera, se negó a tratar proyectos de ley que versaban sobre la obligación de repatriar dólares, sobre mecanismos de control de exportaciones y otras que podrían afectar los intereses de los grandes empresarios mineros y del oriente. Una muestra de esta la tenemos cuando sin ningún reparo fue el propio Julio Roda, cuando presidía la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que reconocía que Evo Morales había hecho mucho más por los negocios de la agroindustria que el propio ex dictador Banzer en su momento [1].

Pero también recordemos que en enero del 2022 el gobierno de Arce firmó un acuerdo con el empresariado nacional de 10 puntos donde ya se inauguraban las medidas que hoy Rodrigo Paz apuesta a profundizar y radicalizar. En ese entonces fue duramente criticado por Evo Morales, en una de las tantas escenas de la crisis del MAS, sin embargo la crítica fue por no haber abierto aún más las exportaciones y por no haber realizado mayores concesiones al empresariado agroindustrial y financiero.

¿Porque Evo Morales y Luis Arce, cada uno a su turno, proviniendo de familias trabajadoras, del campo popular se pusieron al servicio de los ricos y los poderosos? ¿Por qué lo hicieron? Aunque la respuesta exige un balance de un ciclo de gobiernos de casi dos décadas que no es el propósito de esta nota [2], podemos resumir que se debe a su estrategia de colaboración de clases en la llamada “Revolución democrática y cultural” y por su programa, basado en reformas paulatinas en el Estado así como el esfuerzo de alentar al surgimiento de una verdadera burguesía nacional y popular que desarrollase el “capitalismo andino – amazónico” como lo definió García Linera. No solo mantuvieron, sino que extendieron, el estatuto del funcionario público que vulnera derechos de miles de trabajadores, si mantuvieron normas y facilidades para el abuso laboral como sucede en todas las empresas de aseo urbano hegemonizadas por el esclavista Rubín Jofre, hombre cercano a Paz, fue por mandato de su proyecto político de ir al socialismo juntos y de la mano con patrones, banqueros y empresarios. El capitalismo andino amazónico como un puente necesario en el camino al socialismo significó en los hechos, enormes concesiones financieras y de exportación con la apertura del mercado chino de carne y más soja. Fue Evo Morales quien tendió los puentes con esa costra agroindustrial hacinada en la CAINCO y el comité cívico. Les promulgó las primeras leyes incendiarias que avanzaron geométricamente los incendios que devastaron la Amazonía y la Chiquitanía.

Hoy, la dirección de la COB adopta la misma estrategia y la misma política que los personeros del evismo, del arcismo y de todas las fracciones reformistas del MAS. Lo hacen también en línea con la estrategia de colaboración de clases de la COB que estuvo por años a la cabeza de Juan Carlos Huarachi que no dudó en negociar con el MAS de Evo y luego estar al servicio del movimiento golpista para prorrogarse durante el gobierno de facto de Áñez y luego continuar con Arce. Esta estrategia de colaboración de clases, sin programa alternativo al programa de las clases dominantes es la que está conduciendo a la burocracia cobista a transformarse en cómplices del ajuste neoliberal.

Desde la LORCI, que luchamos por un Partido de Trabajadorxs Revolucionario (PTR), rechazamos esta política anti obrera y anti popular. Debemos sostener un programa para que sean los ricos y las clases dominantes quienes paguen la crisis que ellos mismos provocaron. Hay que alentar la lucha no solo contra las medidas de ajuste que están poniendo en marcha, sino por una salida progresiva a las clases trabajadoras y populares, como la lucha por el monopolio estatal del comercio exterior, controlado por las y los trabajadores, la apertura de los libros de contabilidad y el control obrero colectivo de las grandes empresas agroindustriales y mineras que desvían los dólares a la especulación financiera. La eliminación del Estatuto del Funcionario Público y todas las normas y disposiciones anti obreras que dejaron los neoliberales y que el MAS con Morales y Arce profundizaron. Hay que impulsar en la lucha las tendencias para que sean los ricos y los empresarios quienes paguen la crisis y no el pueblo trabajador del campo y la ciudad.

Preparar los próximos combates: unidad y la organización democrática de lxs trabajadores del campo y la ciudad

El desarrollo de las últimas semanas de movilización nacional ha puesto en evidencia que las fuerzas para terminar con todo el plan de ajuste de la derecha y del imperialismo no solo existen sino que pueden vencer.

Sin embargo, para ello se hace fundamental enfrentar la política colaboracionista que ha adoptado la COB, empezando por denunciar el acuerdo con el gobierno y su participación en la elaboración del DS 5516 como cómplices del gasolinazo y del ajuste neoliberal en marcha. Pero esto no es suficiente. Es necesario fortalecer las asambleas unitarias y organismos surgidos al calor de la movilización, alentando audazmente todas las manifestaciones de protesta y de movilización que diversos sectores están discutiendo. Pero además, en este proceso, es necesario avanzar en la autoorganización y buscar recuperar nuestros sindicatos y organizaciones matrices de manos de esta burocracia cómplice del ajuste.

Si en las primeras casi dos semanas del DS 5503 la COB, a la cabeza de Argollo se tuvo que radicalizar convocando a las medidas de lucha ha demostrado que cuando empiezan a perder control empiezan a operar para desmovilizar.

Sabemos que aunque se estén negociando “nuevas medidas” pero que, como la misma prensa dominante se encarga de decir, en lo fundamental no van a cambiar los planes del gobierno de Paz de revertir aspectos centrales de la economía avanzando con su programa privatizador y entreguista.

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