Traición burocrática de la COB
Las movilizaciones derrotaron el DS 5503, pero el gasolinazo y el plan de ajuste continúan
Por LOR-CI ·
La movilización contundente arrancó al gobierno de Paz la "abrogación" del DS 5503, pero sigue en pie el proyecto de ajuste neoliberal al servicio del capital transnacional. La misma dirección de la COB que ha convocado a movilizarse bajo la consigna "Bolivia no se vende", en los hechos negoció el ajuste, al aceptar un nuevo decreto de gasolinazo y legitimar el paso de otros elementos por un parlamento sin oposición a la política neoliberal.

Luego de tres semanas de movilizaciones, la marcha nacional “Bolivia no se vende” que llegó a La Paz con medio millón de movilizados, piquetes de huelga de hambre de distintos sectores, paro de labores en minas como Huanuni, y al menos 69 bloqueos de camino a nivel nacional que se iban masificando, las direcciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia “Tupak Katari” (CSUTCB) convocaron al gobierno de Paz y los empresarios a un diálogo. Esta vez el diálogo no sería en un ministerio o en la Casa Grande del Pueblo, sino en los ambientes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, el mercado Santa Rosa en la ciudad de El Alto. El diálogo, transmitido por redes sociales y algunos medios de comunicación, fue el espacio en el que representantes de trabajadores y campesinos expresaran su rechazo al DS 5503, el ajuste económico y el saqueo de los recursos naturales que representa. Así como a las normas complementarias, que hacen parte del conjunto del plan de ajuste, como el DS 5509 (que facilita el ingreso de gigantes tecnológicos) y el DS 5515 (que “permite” el ejercicio de la presidencia a distancia, desde el exterior)
La movilización contundente contra el DS 5503, logró una importante unidad desde las organizaciones y movimientos en lucha, a pesar de las divisiones que el MAS había dejado en estos 20 años. Aún continuan las trabas, desde las direcciones burocráticas, en su gran mayoría funcionales a los gobiernos de turno y a la patronal, en la propia lucha surgieron experiencias unitarias de lucha y solidaridad de clase. Cabe destacar la presencia de distintos sectores del movimiento campesino, superando las tensiones internas de sus estructuras orgánicas, resultado de la implosión del MAS-IPSP. Así mismo, a partir de espacios como la Asamblea Abierta “Que la crisis la paguen los ricos” y la Olla Común Anticapitalista, decenas de organizaciones de izquierda, feministas, de mujeres y diversidades, vecinales, comunitarias, culturales, juveniles, junto a activistas independientes, fueron avanzando en la unidad de acción en la lucha contra el ajuste neoliberal.
La noche del 10 de enero, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) publicó una resolución que expresaba, por escrito, algunas de las ideas que los principales referentes de la burocracia sindical ya habían declarado en medios de comunicación, decorando con consignas radicales una traición de fondo. Se plantea la supuesta “necesidad” del gasolinazo y de las inversiones extranjeras, ideas que responden a un sentido común reaccionario que se viene trabajando desde la derecha mediática, que intentan posicionar al Estado, la subvención a los combustibles, y el gasto público (educación, salud, infraestructura, etc) como responsables de la crisis. Esto es una mentira. Los propios balances del Banco Central de Bolivia demuestran que el sector privado ha fugado capitales del país de forma sistemática durante los últimos 15 años, generando la falta de divisas. Tan sólo en 2024, los empresarios privados exportaron un valor mayor a los 4.700 millones de dólares, pero sólo ingresaron al país 238 millones de dólares, dejando el 95% de los dólares en paraísos fiscales y cuentas offshore. El saldo de divisas del sector público en 2024 es positivo, es decir, el Estado tiene la capacidad de financiar la subvención de combustibles, siempre y cuando no subvencione los dólares fugados por el sector privado.
En el mismo documento, se plantea que la subvención de combustibles debe tratarse en un decreto propio, mientras los otros cambios económicos deben pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El candado, que proponen como garantía de interés nacional es la Asamblea Legislativa que pisoteó desde su posesión el Estado laico al jurar con la biblia, y demostró su contenido racista y clasista al avalar la remoción sistemática de la wiphala. La Asamblea Legislativa por la que pasará el ajuste tiene una comisión de tierra, territorio y pueblos originarios (Senado) bajo la presidencia de Branko Marinkovic, beneficiario de 33.000 hectáreas para el agronegocio familiar, exdirigente del Comité Cívico cuyo brazo paramilitar desata terror racista y clasista. Es la misma Asamblea Legislativa que cuando tuvo la oportunidad ni siquiera puso en votación la legalidad o no del DS 5503.
En el acuerdo firmado por la COB y los 6 ministros que acudieron al diálogo en el Mercado Santa Rosa, se establece que se abrogará el DS 5503, sin embargo, “se trabajará un nuevo decreto, que se mantendrá de manera exclusiva los artículos, referidos a la subvención de combustibles, la reprogramación de los créditos al sistema financiero, la mejora de los bonos sociales, y el ordenamiento de la política salarial” que deberá ser promulgado dentro de 48 horas. Tratándose de un decreto con 120 artículos, el pacto establece que se mantendrán los contenidos que se abarcan en al menos 52 artículos. En ese sentido, la “abrogación” que tendría que anular todo el contenido del decreto, queda con sabor a poco, ya que el nuevo decreto pactado tendrá casi la mitad del contenido del DS 5503. Se aplicará el “gasolinazo”, cargando el costo de la crisis sobre las familias trabajadoras, con un efecto progresivo, que ya ha impactado los costos del transporte y de la canasta familiar. Así mismo, el abordaje de reprogramación de créditos, escritos desde y para el beneficio de los grandes bancos privados, arrebatando las pocas conquistas a favor de los pequeños prestatarios de la Ley 1670 de suspensión de remates y diferimiento de créditos. Al plantearse el ordenamiento de la política salarial, el DS 5503 no sólo establece el incremento salarial, del 20% en un contexto de inflación frente al alza del costo de gasolina en un 82%.
Los elementos del DS 5503 que no serán parte del nuevo decreto, incluyen la declaratoria de emergencia, los cambios de funciones del Banco Central, el régimen de inversiones (incluyendo el mecanismo fast-track), la “repatriación” de capitales, la desregulación productiva, el régimen tributario “transitorio” y la liberación de exportaciones. Es una victoria, aunque parcial y temporal, el haber logrado que estos elementos que forman parte del paquetazo neoliberal se anulen. Aunque, es importante aclarar, que más allá del marco legal, en el plano económico se viene adelantando el ajuste contra el pueblo trabajador durante los últimos años, con el pacto de los 10 puntos entre el gobierno de Arce y los empresarios, la fuga de capitales y el mercado paralelo del dólar, la liberación relativa de exportaciones que sube los precios de la canasta familiar, y la eliminación de los impuestos como el de las Grandes Fortunas y a las Transacciones para beneficiar a los ricos.
En medio de las movilizaciones contra el DS 5503, el gobierno de Paz y los empresarios ha demostrado su compromiso con el capital transnacional, al ordenar una intervención policial en Tariquía contra las comunidades campesinas que mantienen una vigilia en defensa de su territorio, el agua y la biodiversidad. El modelo neoliberal recalentado: privatización, recortes fiscales, explotación laboral y saqueo de los recursos naturales, es una receta que se aplica en todo el continente. Desde Washington, con una mano el Fondo Monetario Internacional (FMI) impone ajustes estructurales atados a las cadenas de la deuda externa; con la otra se impone la política del “garrote” para recuperar el “patio trasero” del imperialismo estadounidense: la intervención militar y secuestro de Maduro en Venezuela, y el regreso de las fuerzas de la DEA a Bolivia.
El ajuste o la racionalización fiscal ya se ha aplicado, mediante el comunicado MEFP/VPCF/DGPGP No. 001/2026 del ministerio de Economía se instruyó un límite de compromiso de gastos de hasta el 20% en “gastos estrictamente necesarios precautelando la continuidad operativa”. De esta forma se restringe el 80% de los presupuestos de las Universidades Públicas, Municipios, Regiones y Departamentos. Las consecuencias inmediatas de este recorte se expresan en la privatización de hecho de las Universidades Públicas mediante los “aportes voluntarios”, y las amenazas de despidos a los trabajadores de empresas descentralizadas o tercerizadas, como EMAVERDE, y el sector de aseo urbano.
Frente a la desmovilización que ha instruido la dirección de la COB, y la desarticulación que generan las burocracias, es urgente y necesario avanzar en la unidad de todas las luchas, la autoorganización con independencia de clase, para articular la defensa de Tariquía, la lucha contra la presencia de la DEA en Bolivia, la defensa de la educación y salud públicas, gratuitas y de calidad, contra el saqueo de los recursos naturales, por un salario vital y con escala móvil y plenos derechos laborales, contra la represión. La fuerza de las movilizaciones que iba en ascenso, podría haber avanzado mucho más, sin conformarse con la mitad del DS 5503 que negociaron los burócratas, abrogando los DS 5509 y 5515 y poniendo en jaque con paro de labores y bloqueo de caminos, al conjunto del plan de ajuste.
Desde la LOR-CI por un Partido de Trabajadores Revolucionaries, luchamos para que esta crisis la paguen los capitalistas que la han provocado y no el pueblo trabajador. En ese sentido, hay una salida alternativa: anticapitalista y antiimperialista. Para que la crisis la paguen los ricos y no el pueblo trabajador, es necesario avanzar hacia un programa que ponga fin a la fuga de capitales, nacionalice la banca, la minería privada y la agroindustria bajo control obrero, y establezca el monopolio estatal del comercio exterior.
A pesar de la traición de las cúpulas de la COB, hoy rechazada en decenas de puntos de bloqueo radicalizados, que fueron duramente reprimidos por la policía, se demostró la fuerza de la movilización de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas contra el ajuste neoliberal y el saqueo imperialista. Quedan importantes lecciones, en torno a la unidad de las luchas y la autoorganización, después de este “primer round” de un ciclo de lucha de clases que recién se inaugura.
Llamamos a mantener vivas las formas de autoorganización que surgieron desde abajo y al calor de las luchas, en perspectiva de ir preparándonos para las peleas que vendrán contra el conjunto del plan de ajuste y de saqueo que intentan imponer desde el gobierno de Paz y los empresarios. Llamamos a reforzar las movilizaciones, puntos de bloqueo y expresiones de lucha social que se resisten a la traición burocrática, en contra del ajuste neoliberal y el saqueo imperialista.