¿A dónde va Bolivia? Trabajadores, campesinos y pueblos indígenas en pie de lucha contra el ajuste neoliberal

Lo que comenzó como una protesta de vanguardia a fines de diciembre, se va convirtiendo en una movilización masiva con posibilidades de derivar en un levantamiento nacional contra el ajuste neoliberal. Los bloqueos, hasta esta mañana se registraron al menos 56 puntos de bloqueo en las carreteras nacionales (09/01/2026), sumados a los bloqueos en la ciudad de El Alto, incluyendo el distrito 8 y la zona de Senkata.

La movilización se masificó el lunes 5 de enero, cuando la marcha "Bolivia no se vende" llegó a La Paz. La marcha, que partió desde Calamarca tres días antes, creció exponencialmente en su recorrido, al llegar a La Paz, la marcha se convirtió en una columna humana que se extendió desde el Prado hasta las primeras calles de El Alto, con un estimado de medio millón de participantes. A la marcha masiva se sumaron sectores campesinos (CSUTCB), los “ponchos rojos” de las 20 provincias de La Paz, magisterio urbano y rural, mineros, trabajadores fabriles, trabajadores de aseo urbano, trabajadores municipales, sector de salud, juntas vecinales de El Alto, padres de familia y diversas organizaciones sociales y feministas.

La represión como expresión de la debilidad del Gobierno

La debilidad y las contradicciones internas del propio gobierno, cuyo propio vicepresidente Edmand Lara se ha pronunciado públicamente rechazando el DS 5503. Las declaraciones demagógicas de Lara caen en saco roto, demuestra su propio aislamiento dentro del gobierno y el órgano legislativo al no conseguir el apoyo suficiente para incluir el DS 5503 en la agenda de la sesión parlamentaria del 23 de diciembre. Como respuesta al desacuerdo público de Lara, quien se declaró “opositor” al gobierno, el presidente Rodrigo Paz aprobó el DS 5515 que establece una figura de presidencia virtual mientras el primer mandatario se encuentre fuera del país, buscando eludir que el vicepresidente asuma la presidencia en ejercicio como prevé la Constitución Política del Estado. Edmand Lara, quien proclama abiertamente su admiración por los regímenes de Nayib Bukele (El Salvador) y Javier Milei (Argentina), ayer proclamó: “Seré presidente y pondré orden”. Lejos de ser una alternativa, como pretende presentarse, Lara representa una política represiva.

En el primer mes de gobierno, demostraron su carácter represivo, al asesinar a tres comunarios en Cotapachi (Cochabamba) en un operativo policial de desbloqueo. Desde los primeros días de movilización se han registrado jornadas marcadas por la represión policial con balines disparadas hacía las caras de los movilizados, gases lacrimógenos y detenciones policiales. El día de la llegada de la Marcha “Bolivia no se vende” fueron arrestados 12 compañeros y compañeras, mineros, fabriles y campesinas (posteriormente liberados después de la primera mesa de diálogo). La madrugada siguiente la policía realizó un operativo entrando a la residencial de la Central Obrera Boliviana, bajo el pretexto de “buscar explosivos”, para amedrentar a los dirigentes sindicales.

En ese contexto el día 8 de enero, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano confirmó la llegada de una comisión de la DEA (Agencia de Control de Drogas​ de los EE.UU.), como parte de un bloque de “nueve agencias vinculadas a distintas áreas de seguridad del Estado” (La Razón, 08/01/2026). Esta es una amenaza directa al movimiento campesino cocalero del trópico cochabambino, sobre el que se realizaron vuelos de reconocimiento el mismo día de llegada de la agencia imperialistas, en los hechos se consolida el regreso de agencias estadounidenses al territorio boliviano, bajo el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico”.

Ya se aplica el “fast track” con el ingreso de Petrobras a Tariquía

El lunes 5 de enero, a la par de la llegada de marcha “Bolivia no se vende”, el gobierno envió un contingente policial a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, para resguardar el ingreso de la petrolera transnacional Petrobras, frente a la resistencia de comunidades campesinas e indígenas, que mantenían una vigilia en defensa de su territorio. La intervención en Tariquía muestra las consecuencias del DS 5503, con la aceleración de inversiones extractivas mediante mecanismos de “fast track”, prioriza la seguridad jurídica de las empresas y reduce al mínimo los controles sociales, ambientales y territoriales. El Decreto Supremo también habilita la militarización de los territorios cuando existe resistencia social, siendo una forma de criminalizar la protesta y el ambientalismo popular. El DS vulnera el derecho a la autodeterminación y a la Consulta Previa, Libre e Informada (Convenio 169 OIT) de los pueblos indígenas, imponiendo proyectos extractivos y subordinando los territorios y derechos colectivos indígenas en beneficio del capital privado.

La COB: entre la presión de las bases y la negociación

La Central Obrera Boliviana (COB) se encuentra en una posición compleja. Por un lado, ha logrado centralizar las movilizaciones, mostrando una recuperación en su capacidad de convocatoria, algo que no se veía en los últimos años. Sin embargo, desde el día lunes sostiene un diálogo con el gobierno, que genera desconfianza entre los sectores movilizados. El martes, el gobierno propuso derogar y modificar 35 artículos del decreto, sin restituir la subvención a los hidrocarburos. La COB pidió un cuarto intermedio para "consultar a las bases", una decisión que refleja la presión de asambleas, ampliados y reuniones que exigen la abrogación total del decreto, no solo modificaciones parciales.

A pesar de la magnitud de las movilizaciones, el paro de labores no es efectivo en todos los sectores. Los grandes centros mineros como Huanuni y Colquiri, cuyos dirigentes encabezan los comités ejecutivos de la FSTMB y la COB, continúan operando. Tampoco se ha detenido la producción en San Cristóbal, la mina privada más importante del país. Durante las últimas semanas solamente las dirigencias y algunos delegados han viajado hasta La Paz para sumarse a las movilizaciones, mientras las grandes masas trabajadoras mantienen la producción. La única forma de efectivizar la huelga general llamada por la COB y para asestar un golpe contundente al gobierno y las clases dominantes, es el paro de labores, empezando con Huanuni, Colquiri y San Cristóbal.

En este contexto, el sector que se viene movilizando con más fuerza es el campesino, sosteniendo la mayoría de los 56 puntos de bloqueo a nivel nacional, que se suma a las movilizaciones desde la marcha que llega a La Paz desde Calamarca y que mantienen la posición de abrogación de los DS 5503 y DS 5515.

Para sostener las movilizaciones, los bloqueos y los piquetes de huelga, desde la LOR-CI venimos exigiendo que las dirigencias de las principales organizaciones sociales convoquen a asambleas abiertas en todos los puntos de trabajo y estudio, para que se puedan discutir desde abajo un plan de lucha para enfrentar el ajuste del gobierno

La Olla Común Anticapitalista: por la solidaridad de clase y la autoorganización

En medio del conflicto, desde la LOR-CI junto con otras organizaciones convocamos a la “Asamblea Abierta Obrera, Estudiantil y Popular”, que logró generar un espacio de discusión entre organizaciones de izquierda, feministas, de mujeres y diversidades, juveniles, vecinales, ecologistas, culturales y activistas independientes. Desde este espacio se organizaron diversas actividades, destacando la Olla Común, que ha brindado una expresión concreta de la solidaridad de clase a miles de marchistas y de alianza de sectores en lucha. La Olla Común surge en su primer momento frente a la indignación de las detenciones y para apoyar las movilizaciones en un contexto donde Paz alargando los feriados pretendía sofocar las mismas.

Esta iniciativa obtuvo amplia repercusión y reconocimiento de los movilizados, ampliándose para el recibimiento de la movilización en Senkata. Hoy desde este espacio se sigue acompañando las movilizaciones desde diversos puntos de bloqueo, buscando también visibilizar la amplitud de los puntos de bloqueo y romper el cerco mediático que el gobierno de Paz busca imponer.

Desde La Izquierda Diario, impulsado por la LOR-CI por un Partido de Trabajadores Revolucionaries, integrante de la Red Internacional, se viene trabajando para romper con el cerco mediático de los grandes empresarios. Al igual que en 2019-20, durante el golpe de Estado, las masacres y la resistencia al régimen de Jeanine Áñez, los empresarios y sus medios buscan silenciar la voz de lxs que luchan. Con corresponsales en La Paz, El Alto, Cochabamba y acompañando la Marcha “Bolivia no se vende”, formamos parte del esfuerzo desde las organizaciones sociales y populares para informar desde abajo, al servicio de las luchas sociales.

Se profundiza la lucha de clases en América Latina

El decreto y las movilizaciones se enmarcan en un contexto de avanzada imperialista de los EEUU para profundizar la subordinación de América Latina como patio trasero afines a sus intereses. Parte de ello es el ataque de Trump a Venezuela, con la militarización en el Caribe, el secuestro de Maduro, los asesinatos y la apropiación del petróleo. Seguido de las amenazas a México, Colombia y Cuba.

El gobierno Boliviano se alinea a tomar medidas de ajuste económico que siguen un patrón similar al implementado en otros países de la región, cómo Milei en Argentina con el intento de la reforma laboral, junto a los ajustes a jubilados, trabajadores, salud y educación, y los ataques que prepara Kast en Chile. Todos modelos que buscan someter a los países a los intereses de los grandes patronales, capitales internacionales, el FMI y los EEUU. Al igual que pasó hace algunos años en Ecuador y Perú también en América Latina, dónde el pueblo respondió con importantes levantamos de lucha contra los diversos ajustes.

Si bien las perspectivas son inciertas, para el gobierno de Paz, abrogar el decreto significaría renunciar (aunque momentáneamente) al plan económico que busca implementar, presionado además por los intereses del FMI y de los empresarios, quedando en una posición extremadamente débil. Mantenerlo, sin embargo, podría desencadenar un levantamiento nacional o una escalada represiva que radicalizará aún más el conflicto, con una profundización de la lucha de clases.

Varios sectores ya plantean la disyuntiva: "abrogación o renuncia". Los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo de una crisis que ya se perfila como la más intensa en los últimos años. A diferencia de conflictos anteriores, esta vez no existe una mediación política-partidaria clara y fuerte como la que representaba el MAS en décadas pasadas, lo que dificulta la centralización de las luchas pero también abre espacios para la emergencia de nuevas corrientes políticas y sociales.

El país se encuentra en vilo, con un gobierno debilitado, una dirigencia sindical presionada por sus bases, y una movilización social que podría marcar un punto de inflexión en la historia política reciente de Bolivia.

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