Saqueo imperialista
El gobierno de Rodrigo Paz y la derecha parlamentaria aprovechan el estado de excepción para impulsar un proyecto que pone en riesgo a toda la cuenca del Pilcomayo
Por Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, Sebastián Moscoso Paz ·
Una asamblea de sindicatos, organizaciones originarias y activistas exige la detención de un megaproyecto hidroeléctrico impulsado por cívicos, empresarios y el Estado, en el marco del estado de excepción.

Desde que asumió el gobierno, Rodrigo Paz tomó el programa de los empresarios y la derecha internacional, que contempla no solo el saqueo de bienes comunes naturales, sino también la construcción de la infraestructura que lo hace posible. No solo se trata la entrega de tierras raras o las reservas de litio al capital transnacional, sino también de la construcción de caminos (como el corredor bioceánico) y la provisión de energía eléctrica para el extractivismo minero y agua para el agronegocio. Esta política, plasmada en el D.S. 5503, abrogado por efecto de la movilización popular, ahora busca ponerse en marcha aprovechando el estado de excepción.
“El Carrizal” es el nombre del proyecto de represa sobre el río Camblaya, uno de los principales afluentes del Pilcomayo y contempla tanto la producción de energía eléctrica, como el almacenamiento de agua para riego. El proyecto fue planteado en la década de 1980, durante los gobiernos neoliberales y, posteriormente, fue retomado durante el gobierno de Evo Morales, cuando fue declarado de prioridad nacional por la asamblea legislativa, en 2011, y se adjudicó el estudio a diseño final a un consorcio liderado por la transnacional española TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) por 10,7 millones de dólares, en 2016. Hoy, tras una creciente presión e influencia de comités cívicos y empresarios, la asamblea legislativa avanza en un anteproyecto de ley para crear una unidad ejecutora y poner en marcha, no solo esta represa, sino también otros proyectos más pequeños, como “Miguillas” e “Ivirzu”. Cuando el comité técnico impulsor del proyecto, conformado por el comité cívico de Tarija, declara que el proyecto debe realizarse “en la brevedad posible” y “de manera efectiva y sin contratiempos”, es inevitable pensar en el fast track y la medida de abreviación de trámites y reducción en la capacidad de fiscalizar contratos con empresas internacionales que se buscó aplicar en el D.S. 5503
En respuesta, el pasado miércoles 24 de junio, una asamblea reunió a sindicatos de pescadores y polleros, organizaciones de las naciones Weenhayek, Tapieté y Guaraní, y activistas del Comité Técnico en Defensa del Río Pilcomayo por la Subsistencia de los Pueblos. Convocada por la ORCAWETA (Organización de Capitanías del Pueblo Weenhayek de Tarija) y realizada en la localidad de San Antonio, a orillas del río Pilcomayo, la asamblea se declaró en estado de emergencia y exigió al Gobierno detener el megaproyecto hidroeléctrico «El Carrizal», por considerar que amenaza la integridad ecológica del río y de los sistemas de vida que dependen de él, desde los valles de Bolivia hasta el Chaco húmedo entre Argentina y Paraguay. «No queremos ser cómplices de un etnocidio internacional. Defender el río es defender la vida, la cultura y el futuro de los pueblos indígenas que habitamos su cuenca», declaró Simel Sánchez Ayala, representante del Comité en Defensa del Pilcomayo [1].
De concretarse esta obra, cotizada en mil trescientos millones de dólares, construiría un muro de 160 m de altura que inundaría parcialmente uno de los cañones más profundos del mundo, el del Pilaya, dejando bajo el agua cuatro comunidades y afectando parcialmente a otras diez [2]. Más allá de otros impactos previsibles sobre el río Pilcomayo —como la reducción del caudal ecológico, la alteración del ciclo migratorio del sábalo y las consecuencias para las poblaciones humanas que dependen de esta especie—, no existen estudios socioecológicos independientes sobre el proyecto. El único estudio conocido es el elaborado por la empresa encargada de su diseño y no ha sido hecho público.
Tanto las comunidades asentadas en torno al río Camblaya como otros sectores organizados aguas abajo denuncian que el proyecto no fue sometido a consulta previa ni socializado con las poblaciones afectadas. «Muchos comuneros pensábamos que nos estaban midiendo nuestras tierras; algunos creían que era para cobrar impuestos por la cantidad de producción que sacamos al mercado», relata Juan Velásquez, dirigente de la comunidad Camblaya.
Este proyecto, como la venta de tierras raras o la desprotección de bosques son parte de la arremetida del gobierno de Paz, que aprovecha el estado de excepción para retomar y avanzar con su plan de saqueo y entrega de los ríos y bienes comunes naturales a los capitales transnacionales. El estado de excepción no es solo una amenaza para quiénes estuvieron más de cincuenta días movilizados, sino que también lo es para quienes buscan defender los territorios del saqueo capitalista. Por lo mismo, tanto sindicatos, como organizaciones de los pueblos originarios y ecologistas, deben sumarse a la exigencia por la abrogación del estado de excepción.
[1] Agencia Plurinacional de Comunicación (APC-Bolivia)-https://apcbolivia.org/2026/06/pueblos-indigenas-alertan-sobre-el-impacto-del-proyecto-hidroelectrico-carrizal-esta-en-riesgo-nuestra-subsistencia-y-el-rio-pilcomayo/?amp=1
Últimas publicaciones
- ICR: marxismo y colonialismo
- Suspender no es anular: el gobierno de Paz sigue adelante con la descentralización de la educación
- Muerte de trabajadora en Laboratorios IFA. Exigimos una comisión independiente para evitar la impunidad
- La banca privada quiebra, el Estado paga
- Huelguistas del Magisterio llaman a la unidad
- Las mil maneras de privatizar: de la descentralización a las alianzas público-privadas
- Paz ataca a “cuatro loquitos” que se oponen a la explotación de gas ¿en la reserva de Tariquía?
- La juventud se movilizó en La Paz contra las políticas del gobierno y la injerencia imperialista