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Coordinar las luchas hasta derrotar los decretos del ajuste de Paz y el FMI

Suspender no es anular: el gobierno de Paz sigue adelante con la descentralización de la educación

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Tras semanas de paros, huelgas de hambre y bloqueos que desafiaron el estado de excepción, el gobierno firmó un acta con el Magisterio Rural que suspende el anteproyecto de descentralización de los institutos técnicos. El viernes 13 de noviembre el Magisterio Urbano rompió otra vez el diálogo con el gobierno. Exige que el proyecto se elimine, no que se suspenda, y mantiene las huelgas de hambre.

Suspender no es anular: el gobierno de Paz sigue adelante con la descentralización de la educación

Los maestros y las maestras del magisterio y los estudiantes de los institutos técnicos y de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ex normales) enfrentan desde hace semanas el plan del gobierno de Rodrigo Paz para descentralizar la educación. El miércoles 11 de noviembre el gobierno firmó un acta con la Confederación de Maestros Rurales, con la Defensoría del Pueblo como mediadora. El acta “suspende” el anteproyecto que transfería los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones. La suspensión es resultado de la movilización. Pero el gobierno no anuló el proyecto.

Dos días después, el viernes 13, el Magisterio Urbano volvió a romper el diálogo con el gobierno, también con la mediación de la Defensoría del Pueblo. El ministro de Educación, Erick Sanjinés, calificó de “intransigente” a la dirigencia y dijo que la reunión de dos horas fue una pérdida de tiempo. Repitió que el proyecto de ley está “en suspenso”. La ejecutiva del Magisterio Urbano, Miriam Ayala, respondió que los maestros no van a permitir que se privatice la educación fiscal con el argumento de la descentralización. Exigió que la iniciativa se elimine y no solo se suspenda, y confirmó que siguen las medidas de presión, incluidas las huelgas de hambre.

Qué es el modelo 50/50

El conflicto gira en torno al llamado modelo 50/50. La propuesta plantea que el gobierno central transfiera el 50% de los recursos nacionales a gobernaciones, alcaldías, pueblos indígenas y universidades públicas, pero solo con 1% de coparticipación tributaria, y que descentralice competencias en salud, educación e infraestructura. En educación, el gobierno ya dio los primeros pasos. Los docentes y estudiantes rechazan una parte del plan de decretos de Paz y de su Agenda 50/50, que avanza con un proyecto de ley para descentralizar los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos.

El plan transfiere a las gobernaciones atribuciones como la selección del personal de los institutos, la regionalización del currículo, el escalafón, la estabilidad laboral, la unidad sindical, y cambios en las transferencias presupuestarias. Las gobernaciones quedarían a cargo de sostener los institutos y podrían modificar sus contenidos académicos. El propio Paz propuso que el 50 % del currículo tenga contenidos comunes para todo el país y que el otro 50 % se defina en las regiones, aunque ya hay currículo regionalizado en ley 1565, y en la Ley 070 por cada pueblo originario. Con el argumento de la eficiencia técnica y el discurso de la descentralización, el gobierno busca avanzar en la privatización de la educación técnica.

El proyecto elimina la educación única y, con ella, el principio de igualdad educativa en todo el país. La regionalización y la “especialización” de los institutos en las ramas productivas de cada región, como la minería o la agroindustria, reducen las oportunidades laborales de los estudiantes y su posibilidad de trabajar en otras regiones. Para completar su formación tendrían que pagar institutos o academias privadas. El magisterio advierte además que la medida ataca el escalafón docente y la calidad educativa, y que las gobernaciones y alcaldías no tienen recursos suficientes para asumir esas responsabilidades.
Con este plan, el gobierno rompió un compromiso que ya había firmado. Durante las movilizaciones de mayo, el gobierno negoció el pliego del magisterio y firmó el 16 de mayo un acta de compromiso cuyo segundo punto establecía que no se descentralizaría la educación.

Paros, huelgas de hambre y bloqueos

La lucha creció en las últimas semanas. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y sus 31 federaciones departamentales y regionales realizaron un paro nacional de 24 horas el viernes 23 de octubre. El 30 de octubre se rompió el diálogo con el ministerio de Educación y la CTEUB instaló piquetes de huelga de hambre en todo el país. Los primeros piquetes se instalaron en Sucre, La Paz y Oruro. El viernes 6 de noviembre hubo marchas simultáneas, y el lunes 9 y el martes 10 se realizó un paro de 48 horas. Hubo movilizaciones en, La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Caranavi, Pisiga, Yacuiba y otras localidades, con la consigna “la educación pública no se vende, se defiende”.
El gobierno respondió con amenazas. El ministro de Educación, Erick Sanjinés, anunció que descontaría los días no trabajados a los maestros que acataran el paro, hecho que atenta contra el derecho constitucional a la huelga. El paro coincidió con el sexto día de huelga de hambre, que ya obligó a dos maestros de la Federación de La Paz a abandonar el ayuno por complicaciones de salud.

La represión fue muy dura. Hubo heridos y detenidos, y hay maestros y maestras procesados. El estado de excepción de Paz tiene como objetivo perseguir y silenciar a quienes luchan, con gases y detenciones sistemáticas contra los maestros y la juventud. En los últimos días se sumaron los estudiantes de los institutos técnicos y ESFM, que bloquean caminos y autopistas casi a diario pese al estado de excepción.

La Policía dentro del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo

El martes 10 de noviembre la represión llegó al interior de un instituto. Mientras los docentes se movilizaban, los estudiantes del Instituto Técnico-Tecnológico Pedro Domingo Murillo volvieron a protestar en la autopista de El Alto. Efectivos de la UTOP intervinieron el instituto y arrestaron a unas 35 personas, entre estudiantes y maestros, que fueron llevadas a la FELCC. Los profesores, estudiantes de base y familias hicieron una vigilia para exigir su liberación.

Uno de los maestros liberados denunció que lo arrestaron dentro de las instalaciones del instituto. El comandante departamental de la Policía, Ricardo Terrazas, aseguró que los arrestos se hicieron afuera. El gobierno no ocultó la intervención: el ministro Sanjinés justificó el ingreso de la Policía al instituto y se amparó en el estado de excepción. Detener estudiantes dentro de un establecimiento educativo viola sus derechos y es inconstitucional. La represión generó indignación y amplió el apoyo de los sectores populares a la lucha.
El ProDHCre intervinieron en la defensa de los detenidos. La mayoría recuperó la libertad, pero siguen sometidos a un proceso. Hay que seguir peleando para que se cierren esos procesos y para que el Estado no avance con medidas legales más duras contra ellos. Desde La Izquierda Diario exigimos el cierre de las causas contra los maestros, estudiantes y trabajadores del instituto.

Suspender no es anular

La presión de la calle obligó al gobierno a retroceder. Un día antes de la negociación, la Iglesia Católica consideró que el gobierno no trataba el proyecto con prudencia y recomendó suspenderlo porque todavía “no era el momento”. El miércoles el gobierno firmó el acta con la dirigencia nacional delMagisterio Rural, aunque ya se han pronunciado Federaciones de Maestros Rurales como las de Cochabamba y La Paz, anunciando que seguirán movilizados, pese a la traición de la CONMERB.

Pero suspender no es anular. El propio ministro Sanjinés lo dijo al día siguiente: el gobierno no renuncia a la descentralización del 50/50 y va a discutir nuevos modelos en mesas técnicas regionales. Es un cuarto intermedio. El gobierno gana tiempo y se reserva la posibilidad de volver a plantear el proyecto cuando le convenga.

Con el acta, el gobierno logró frenar una parte del conflicto y profundizar la división del magisterio, que ya venía dividido. Firmó con los rurales y dejó aislados a los urbanos. Al mismo tiempo amenaza con descontar los días de paro y sostiene que los argumentos de los maestros urbanos no justifican el perjuicio se está haciendo a los estudiantes. Así intenta desarmar la lucha.

Esto no significa que las movilizaciones no lograron nada. Los paros obligaron al gobierno a retroceder. Pero el retroceso fue en la forma y no en el contenido: el 50/50 sigue en pie.

El Magisterio Urbano denunció el acuerdo como una traición, lo rechaza y exige la anulación definitiva del proyecto. Este viernes 13, en su conferencia nacional con las 31 federaciones, puede votar un paro de 72 horas o uno indefinido. La lucha puede continuar. Queda por ver si las bases rurales respaldan lo que firmó su dirección.

Los límites de la dirección del magisterio

En esta lucha se destacan dos aspectos. El primero es la constancia y la fuerza con la que el magisterio salió a pelear. Convoca a estudiantes, padres y madres de familia a sumarse. Al principio los estudiantes no acompañaron a los maestros, pero en estos días su presencia creció.

El segundo aspecto es crítico. La dirigencia del magisterio conduce la lucha de forma corporativa y sindicalista, como lo hizo durante los 53 días de lucha. Tanto el magisterio urbano como el rural pelean por demandas sectoriales. Si mañana el gobierno anula el anteproyecto, sus direcciones van a dar el conflicto por cerrado. No tienen en sus planes coordinar con otros sectores ni construir un frente único contra el ajuste. Algo parecido pasa con otras dirigencias. La COB, la CSUTCB y la Tupac Katari dicen apoyar a los maestros, pero se niegan a impulsar un plan de lucha más amplio. Acuerdos como el que firmó el Magisterio Rural solo le dan más tiempo al gobierno para volver a la carga en unas semanas.

El 50/50 es parte del ajuste de Paz y el FMI

El 50/50 no es un tema aislado. Es parte del programa de Paz respaldado por el FMI. En octubre el Fondo aprobó un crédito de 1.900 millones de dólares a cambio de recortar el gasto público y eliminar los subsidios a los combustibles. Detrás de ese programa está el respaldo de Estados Unidos. La descentralización traslada a las gobernaciones responsabilidades que hoy tiene el Estado central, en medio de un recorte presupuestario.

La lucha del magisterio se da dentro de ese ajuste general. Además de los docentes y los estudiantes de los institutos, se movilizan prestatarios de vivienda, mujeres de organizaciones vecinales, trabajadores del transporte, comunidades campesinas que defienden su territorio en Tariquía y los trabajadores fabriles de Manaco. El costo de vida aumentó más del 100 % y el dólar se ha devaluado en casi el doble. Las medidas del gobierno de Paz, impulsadas y exigidas por Estados Unidos y el FMI, provocan aumentos del diésel, la gasolina y próximamente de la garrafa de gas, y todo esto se traslada a los precios de la canasta básica. Estas medidas golpean directamente a la clase trabajadora y a los sectores más pobres.

Coordinadoras de lucha para preparar la Huelga General

Por eso, desde la LOR-CI planteamos que la lucha debe continuar hasta la anulación definitiva del proyecto, y que para lograrlo hay que impulsar la autoorganización. Proponemos coordinar democráticamente a los sectores que ya están en lucha, como maestros urbanos y rurales, estudiantes y comunidades, y formar comités, asambleas y coordinadoras con delegados electos y revocables, independientes de la burocracia sindical y del Estado. Los comités de movilización y bloqueo que surgieron en El Alto durante la rebelión de mayo y junio son un ejemplo de esa organización desde abajo.

Una coordinadora de luchas que unifique a todos estos sectores en un frente único permitiría enfrentar con más fuerza al gobierno neoliberal de Paz y al imperialismo norteamericano que dicta sus políticas. También permitiría enfrentar a las burocracias sindicales, que negocian por separado. La COB convocó un ampliado de emergencia. Exigimos que sea abierto y democrático, con participación de afiliados y no afiliados, movimientos sociales, juventud y organizaciones feministas, de la diversidad sexual y ambientales, y que vote un plan de lucha nacional.

Hay que impulsar la movilización y la autoorganización para preparar la Huelga General, con piquetes de autodefensa y la solidaridad obrera y campesina, y derrotar los planes de ajuste del imperialismo, de Rodrigo Paz y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al servicio del FMI y los empresarios.

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