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Los límites del “capitalismo andino amazónico”: un debate con Álvaro García Linera

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Los límites del “capitalismo andino amazónico”: un debate con Álvaro García Linera

El exvicepresidente Álvaro García Linera publicó un artículo de análisis señalando que la crisis actual demuestra que "ya no se puede gobernar sin los pueblos indígenas". Detrás de esta consigna está lo que él mismo bautizó como "capitalismo andino amazónico": un modelo de fuerte intervención estatal, economías comunitarias subordinadas al Estado y un bloque de poder que incorpora al campesinado y a los pueblos indígenas sin romper con la propiedad privada de los medios de producción ni con el capital transnacional. El pensamiento de Álvaro García Linera encuentra ahí un límite estratégico decisivo: sustituye el papel dirigente de la clase obrera por un proyecto de administración del Estado con protagonismo campesino e indígena, y prescinde de la necesidad de construir un partido revolucionario capaz de organizar la lucha por la conquista del poder. Ambos aspectos no son cuestiones secundarias, sino aspectos fundamentales de la política actual que son decisivos para explicar por qué el proyecto del "capitalismo andino amazónico" del gobierno del MAS terminó administrando el Estado capitalista en lugar de abrir una perspectiva de transformación socialista.

Qué entiende García Linera por socialismo

Antes de abordar los límites del "capitalismo andino amazónico" conviene hacerse una pregunta previa: ¿qué entiende García Linera por socialismo? Su versión más trabajada está en Socialismo comunitario. Un horizonte de época, que la Vicepresidencia publicó en 2015 y que reúne sus textos y discursos de esos años [1].

“El socialismo no es una nueva civilización, no es una economía o una nueva sociedad. Es el campo de batalla entre lo nuevo y lo viejo, entre el capitalismo dominante y el comunitarismo insurgente. Es la vieja economía capitalista aún mayoritaria, gradualmente asediada por la nueva economía comunitaria naciente. Es la lucha entre el viejo Estado que monopoliza decisiones en la burocracia y un nuevo Estado que cada vez democratiza más decisiones en comunidades, en movimientos sociales, en la sociedad civil” [2]. En su concepción el socialismo no es una nueva sociedad: es un puente. La imagen parece inofensiva, pero va a definir los casi 20 años de gobierno del MAS.

Para el marxismo, el socialismo empieza con un hecho: la clase trabajadora toma el poder, y, al tomarlo, no hereda el aparato estatal existente, lo destruye. Disuelve el ejército permanente y la burocracia profesional, y en su lugar levanta un poder salido de sus propios organismos -consejos obreros, asambleas, comités de fábrica y de barrio-, con delegados elegidos y revocables en cualquier momento, y que deliberan y ejecutan a la vez. Eso es un Estado obrero: no un Estado más justo, sino un Estado de otro tipo, sostenido por la clase trabajadora en alianza con el campesinado y los pueblos indígenas.

Sobre esa base se expropia a los grandes capitalistas y la producción pasa a un plan decidido por quienes producen. Y ese mismo poder empieza a volverse innecesario a medida que las funciones de mando se reparten entre todos y todas, hasta desembocar en lo que Marx llamó una asociación de productores libres. El socialismo, entonces, no es un horizonte: es el proceso que abre la conquista del poder por una clase, y por eso puede verificarse, discutirse y también fracasar. Un campo de batalla, en cambio, no se verifica: se prolonga.

García Linera sostiene que estatizar los medios de producción no es socialismo, y explica por qué: la estatización ayuda a repartir riqueza, pero no crea propiedad ni producción comunitaria [3]. El problema es la vara con la que mide: la forma jurídica de la propiedad. Bajo ese criterio, lo que define si una medida es socialista no son las relaciones sociales que organiza -quién dirige la producción, para qué y bajo qué control-, sino a nombre de quién figura el título: el Estado o la comunidad. Lo que decide no es a nombre de quién queda la propiedad, sino quién manda en el Estado que estatiza. En 2006 el Estado boliviano renegoció los contratos del gas, se quedó con una parte mucho mayor de la renta y las transnacionales siguieron operando los campos. Con esa renta se financiaron bonos, obra pública y una década de crecimiento. Nada de eso tocó a los dueños de la tierra en el oriente ni puso la producción en manos de quienes trabajan. Fue un Estado capitalista administrando mejor un recurso, no una clase distinta tomando las decisiones.

La misma medida bajo un Estado obrero sería otra cosa: abrir los libros de las empresas, poner la explotación bajo control de los trabajadores del sector y decidir en asambleas qué se hace con lo que se produce. La diferencia no está en la figura jurídica; está en quién decide. Por eso su razonamiento esquiva la pregunta que el marxismo pone siempre primero: qué clase tiene el poder. Y esquivarla no es inocente. Le permite afirmar que el socialismo no consiste en estatizar mientras administra, durante catorce años, un Estado que hace exactamente eso.

El pasaje más filoso del libro es también el que más lo compromete. Escribe que lo comunitario es la antítesis de todo Estado: la propiedad comunitaria no se implanta desde arriba, es una creación de los propios productores, y al Estado solo le queda acompañarla [4]. Catorce años después, lo que se había expandido no era la propiedad comunitaria, sino el aparato estatal, con las direcciones sindicales, campesinas e indígenas adentro.

¿Qué le queda entonces al socialismo como contenido concreto? Él mismo se hace la pregunta, y responde con lo que llama desborde democrático: democracia representativa en el parlamento, más democracia comunitaria en las comunidades, más democracia directa en las calles y las fábricas. Todo a la vez. Es una fórmula que suma. Agrega organismos comunitarios y directos al aparato estatal que ya existe, en lugar de plantearlos como un poder alternativo a ese aparato. No aparece la dualidad de poderes ni un momento de ruptura. Su referencia es Poulantzas, el teórico de la vía democrática al socialismo, que pensaba el Estado como una relación transformable desde adentro. Es lo contrario de lo que Marx concluyó de la Comuna de París y de lo que sostuvieron Lenin y Trotsky: el Estado capitalista no se democratiza, se destruye, y en su lugar se levanta el poder de los organismos de autoorganización de los explotados.

Falta el sujeto que haría todo eso. En su sexta tesis son las luchas indígenas las que se convierten en fuerza productiva del socialismo y del comunismo [5]. Esa "comunidad" -una categoría lo bastante amplia como para incluir desde asalariados hasta pequeños propietarios- ocupa el lugar que el marxismo le reservaba a la clase trabajadora. Y cuando la clase deja de ser el sujeto, se vuelven prescindibles las dos herramientas que van con ella: sus propios organismos de poder y el partido revolucionario.

Ahí está el punto de partida del debate que sigue. En 2006, cuando el ciclo recién empezaba, García Linera había descrito el proyecto con otro nombre y sin rodeos: un "capitalismo andino amazónico", un Estado fuerte que capta el excedente, apuntala las economías comunitarias y deja el socialismo para más adelante, porque -sostenía entonces- en Bolivia no hay proletariado suficiente para construirlo.

La teoría de 2015 no corrige ese programa. Lo justifica. Si el socialismo es un horizonte sin plazo, si lo comunitario es algo que el Estado no puede producir y si el sujeto es una comunidad sin determinación de clase, entonces administrar el capitalismo con un Estado fuerte deja de ser una renuncia y pasa a ser lo que la propia teoría indica. El "capitalismo andino amazónico" no fue una desviación pragmática ni una etapa impuesta por las circunstancias: fue la forma realmente existente de esa teoría. Los dos límites que se analizan más adelante -la negación del papel dirigente de la clase trabajadora en alianza con campesinos e indígenas y la ausencia del partido revolucionario- estaban escritos en la teorización que hizo García Linera en todas sus obras.

Un error estratégico central: administrar el Estado burgués con rostro campesino e indígena

Cuando García Linera señala que “ya no se puede gobernar sin los pueblos indígenas” expresa un límite político y estratégico en el proyecto del “capitalismo andino amazónico” o lo que en su momento llamó “socialismo comunitario”. Ese límite queda confirmado cuando se repasa el balance real del llamado "proceso de cambio": como advierte Eduardo Molina, en el caso boliviano no hubo una reforma agraria que resolviera la falta de tierra de campesinos y pueblos originarios, y lejos de una redistribución de la riqueza fueron el empresariado, los terratenientes y los bancos quienes siguieron acumulando poder [6]. Este es el límite. Ese es su programa. Lejos de ser una reivindicación genuina para el campesinado y los pueblos originarios, este planteamiento constituye una forma de integración subordinada: los incorpora al Estado sin transformar el Estado; los visibiliza sin empoderarlos realmente; les da representación simbólica sin darles poder económico ni político sobre los resortes fundamentales del sistema.

García Linera reivindica lo "indígena-comunitario" culturalmente, pero lo despoja de todo contenido anticapitalista. Como advierte Javo Ferreira, la "inclusión" indígena removió algunos de los aspectos más irritantes de las viejas formas de dominación racial -una conquista real, arrancada por las masas-, pero dejó en pie las bases materiales de las que se nutren la opresión y la discriminación: el latifundio, la propiedad privada de los medios de producción y la subordinación al capital extranjero [7]. ¿De qué sirve que haya autoridades de origen indígena en el Palacio de Gobierno si la estructura de la tenencia de la tierra no se tocó? ¿De qué sirve la retórica del proceso de cambio si los grandes terratenientes y el agronegocio en el Oriente siguen acumulando riqueza, expandiendo la frontera agrícola y quemando nuestros bosques? Gobernar con los pueblos indígenas no es lo mismo que ellos gobiernen, que se emancipen de la explotación y opresión que ejerce el Estado capitalista. La verdadera emancipación requiere la expropiación de la oligarquía terrateniente y la ruptura con el capital transnacional, algo que el capitalismo andino amazónico jamás se propuso porque su fin es, precisamente, pactar con esas mismas clases dominantes.

García Linera y el bloque plebeyo: cuando la alianza obrero-campesina autoorganizada desaparece de la estrategia

Álvaro García Linera argumenta que “el socialismo no es posible en Bolivia” pues hay “un proletariado minoritario demográficamente e inexistente políticamente; y no se construye socialismo sin proletariado” [8]. En esta misma línea, en la Séptima tesis. Nuevas formas de movilización de las clases sociales subalternas, sostiene que “Estamos asistiendo a una mutación de los sistemas de constitución material y de movilización o visibilización clasista de los sectores subalternos. La antigua forma sindicato, anclada en el centro del trabajo, es y será fuerte en aquellos territorios laborales en los que se haya podido sedimentar un espacio de acumulación de experiencias de clase; pero allí donde la flexibilidad laboral, el nomadismo obrero y la fragmentación de la condición obrera prevalecen, esta forma organizativa es débil y tiende a ser complementada o sustituida por otras dos formas de acción colectiva: la forma comunidad, en el caso de las sociedades con amplia base agraria comunitaria, y la forma multitud. La forma comunidad es el modo político en el que la propiedad común de la tierra y la cultura organizativa indígena se movilizan como autodeterminación. La forma multitud es una manera flexible de articulación de varias clases sociales donde el núcleo dirigente no está establecido de antemano, sino es contingente y depende del curso de la propia movilización [9]”. Sobre la base de esta constatación, para García Linera, la revolución boliviana no debe abolir el capitalismo en el corto plazo, sino construir un capitalismo nacional dirigido por el Estado, que fortalezca las economías comunitarias y siente las bases materiales para una eventual transición futura al socialismo. El sujeto político de la revolución para García Linera no es la clase obrera por sí sola, sino un bloque plebeyo indígena-popular donde los movimientos campesinos e indígenas ocupan un lugar central y la clase trabajadora es uno de varios componentes de la forma multitud de una alianza más amplia. Esta concepción constituye uno de los principales puntos de debate entre García Linera y la tradición leninista y trotskista sobre la hegemonía revolucionaria.

García Linera no borra a la clase obrera del discurso: la sigue nombrando como parte del bloque plebeyo. Pero al colocar al campesinado y al movimiento indígena como sujeto dirigente, vacía ese rol de todo contenido revolucionario. No es una negación nominal, es una negación de fondo: se reconoce la existencia a la clase obrera de manera retórica, pero se le niega la función estratégica que la vuelve un sujeto revolucionario. Como señala Javo Ferreira “El requisito ya no es la conquista del poder por la clase obrera, ya que este sujeto social se habría extendido incluso a pequeños empresarios que puedan formar parte de sus filas: “Aclaremos que obrero no es sólo el que usa overol, un intelectual o un científico también pueden ser obreros, un albañil, un textilero, un abogado, un sociólogo y clases medias, pequeños empresarios, pequeños propietarios y comerciantes que viven de su propia actividad pueden ser también obreros. No siempre ha habido estas clases sociales por un producto de la modernidad capitalista. (García Linera, Álvaro, “El socialismo comunitario, un aporte de Bolivia al Mundo”, Revista de análisis, año 3, N° 5, febrero del 2010)”. Aquí, la determinación del sujeto social es tan extensa que se desfigura. ¿Un empresario pequeño quién es? ¿Alguien que explota la fuerza de trabajo de su familia? ¿De 2 o 3 empleados? ¿De 10 o 30 empleados? ¿Pueden avanzar estos sectores que viven del trabajo ajeno hacia una concepción socialista?” [10]

El resultado tiene una perspectiva política profundamente empobrecedora. Por un lado, le asigna a la clase campesina e indígena una función incorrecta: no la de aliada estratégica de la clase obrera en la lucha por destruir el Estado capitalista, sino como dirigente del bloque gobernante, pero subordinada al orden estatal burgués. Por otro lado, al proclamarlos como clase dirigente en lugar de reconocer ese rol a la clase obrera, García Linera hace desaparecer del análisis político precisamente la alianza que el marxismo revolucionario siempre colocó en el centro de su estrategia: la alianza obrero-campesina e indígena.

Esta alianza no es una fórmula abstracta. Tiene un contenido estratégico: la clase obrera, por su posición estructural en la producción capitalista -por ser la clase que genera el plusvalor que sostiene todo el sistema-, es la única que puede asumir una dirección política independiente capaz de cuestionar las bases mismas del orden burgués. El campesinado y los pueblos indígenas son aliados fundamentales de ese proceso: aportan movilización, territorio, legitimidad histórica y una experiencia de autoorganización propia -sindicatos agrarios, ayllus, la CSUTCB, las estructuras comunitarias que sostuvieron buena parte de las jornadas de 2003 y también el bloqueo de más de cincuenta días contra el gobierno de Rodrigo Paz- forjada en siglos de despojo y de lucha contra él. Esa tradición organizativa no es un detalle secundario: significa que el campesinado y los pueblos indígenas ya cuentan con estructuras propias de decisión y de lucha -asambleas comunitarias, sindicatos agrarios, formas de mando rotativo- antes de que la clase obrera organizada se acerque a construir la alianza. La alianza, entonces, no consiste en llevarles una dirección que no tienen, sino en articular esas estructuras con el programa y la estrategia de poder de la clase trabajadora.

Pero esa capacidad de autoorganización no equivale, en sí misma, a una dirección política capaz de proponerse la destrucción del Estado capitalista como tarea de conjunto de los explotados y oprimidos. Como señaló Trotsky en Historia de la Revolución Rusa, la composición dispersa del campesinado, su relación específica con la propiedad de la tierra y su heterogeneidad interna -hay diferencias reales entre pequeños productores, comunidades y asalariados rurales- lo empujan a oscilar, según las circunstancias de la lucha, entre el programa del proletariado y el de la burguesía. No es una descalificación: es la misma clave que explica por qué esas jornadas, con toda su fuerza, no lograron por sí solas plantearse la toma del poder. Por eso la alianza obrera, campesina e indígena es imprescindible y debe construirse reconociendo esas tradiciones organizativas propias, no subordinándolas de palabra mientras en los hechos se las diluye; pero la dirección estratégica del proceso -el programa que unifique la lucha en la perspectiva del poder- corresponde a la clase obrera organizada.

Ahora bien, esa posición estratégica de la clase obrera dentro del proceso de producción capitalista -su capacidad de paralizar la extracción de plusvalía, de tomar en sus manos la producción y los servicios, de golpear al capital en el corazón mismo de su reproducción- es lo que constituye esa capacidad de dirección. Pero constituir la capacidad no es lo mismo que ejercerla. Esa posición es condición necesaria, no suficiente: la dirección de la revolución no se deduce automáticamente del lugar en la producción como si fuera un atributo que se porta pasivamente, sino que es una potencialidad que solo se convierte en dirección efectiva cuando la clase se organiza desde abajo, cuando construye sus propios organismos de autoorganización y no delega su fuerza en aparatos que la administran desde arriba. La movilización de masas y la construcción del partido revolucionario son dos estrategias centrales, pero entre ambas se hace necesario un tercer elemento decisivo: el de la autoorganización. Sin ella, la movilización deriva en puro espontaneísmo y la construcción partidaria, separada de las bases, deviene en aparatismo. Son los consejos de trabajadores, los comités de huelga, las coordinadoras interfabriles, las asambleas populares -lo que históricamente conocemos, en su forma más elevada, como soviets- los que permiten que la energía de la movilización se transforme en poder real: organismos que unifican y centralizan la lucha frente al Estado patronal y, al mismo tiempo, la expanden.

La experiencia boliviana de 2003 es un ejemplo elocuente de lo que ocurre cuando esa autoorganización no se sostiene ni se profundiza, sino que es capturada y disuelta desde arriba. Lo que demostró la clase trabajadora boliviana en las jornadas de 2003 -con la capacidad de enfrentarse abiertamente al Estado- fue una energía insurreccional extraordinaria. Esa fuerza, ese valor, esa disposición a pagar cualquier costo en la lucha, representó uno de los momentos más altos de la movilización de masas. Pero García Linera y el MAS tomaron esa energía y la canalizaron hacia las elecciones, hacia la gestión del Estado burgués, hacia la administración de la renta hidrocarburífera, la diluyeron, la convirtieron en votos, en ministerios, en una nueva constitución que no rompió con el poder del capital. El problema de fondo no fue la falta de fuerza de las masas bolivianas, sino la ausencia de una dirección revolucionaria capaz de fundir esa energía insurreccional en instituciones propias de la clase, organismos de autoorganización que hubieran podido sostener y proyectar el poder desde abajo en lugar de entregarlo a la gestión estatal. Ahí está la lección: sin autoorganización que dispute el poder de manera independiente, incluso la energía insurreccional más extraordinaria puede terminar diluida, canalizada por una burocracia hacia los cauces institucionales del propio Estado capitalista.

Ese método de canalizar la energía de masas hacia la administración estatal no quedó en el pasado: sus efectos se sienten hoy, en la Bolivia post MAS. Las preguntas que tendríamos que formular desde una posición revolucionario con toda claridad es: ¿qué hubiera pasado si durante estos más de cincuenta días que se enfrentó en las calles al gobierno de Rodrigo Paz esa fuerza hubiera tenido una dirección revolucionaria? ¿Qué hubiera pasado si la combatividad del bloqueo campesino-indígena se hubiera articulado con la clase trabajadora organizada -mineros, fabriles, maestros- bajo un programa que no se detuviera en la conquista del gobierno, sino que apuntara a la destrucción del Estado capitalista y la construcción de un poder obrero campesino? Las respuestas no se pueden darse con certeza, pero las preguntas sí iluminan con precisión el costo político de los límites del programa que sostiene García Linera.

Ese es el nudo del problema: convierte la lucha de los oprimidos en energía para sostener un proyecto de administración del Estado burgués. No es solo un límite teórico. Es una política con consecuencias concretas, que en Bolivia se pagaron con la derrota de 2019 y con el ciclo de restauración derechista que le siguió.

Una clase trabajadora renovada: más amplia, más feminizada, igualmente explotada

García Linera deposita su confianza estratégica en una alianza entre el Estado, sectores empresariales y las economías comunitarias, relegando a la clase trabajadora a un papel secundario en la transformación social. Esta perspectiva se apoya, en parte, en la idea de que las profundas transformaciones del capitalismo -la precarización, la informalidad, la tercerización y la expansión del sector servicios- habrían diluido al proletariado como sujeto revolucionario. Sin embargo, esta conclusión confunde la transformación de la configuración del trabajo -transformaciones estructurales, organizativas y sociales- con la desaparición de la clase trabajadora. Desde una perspectiva marxista, la clase no se define por el tipo de empleo o la rama de actividad, sino por la relación social que mantiene con los medios de producción: forman parte de ella todas las personas que, al no poseer medios propios para vivir, deben vender su fuerza de trabajo. Por ello, lejos de asistir al "fin del proletariado", lo que existe es una recomposición de la clase trabajadora bajo nuevas formas de explotación, lo que vuelve aún más necesario precisar qué entendemos hoy por clase trabajadora y reivindicar su papel como sujeto estratégico de una transformación revolucionaria.

Como señalan Gastón Gutiérrez Rossi y Paula Varela en un artículo publicado en Ideas de Izquierda, no hay desaparición empírica de la clase trabajadora. Los datos son contundentes: de 1980 a 2018, la población económicamente activa, tanto asalariada como no asalariada, creció un 75%, sumando más de 1.500 millones de personas a los mercados de trabajo mundiales. Lo que sí hay, en cambio, es una profunda transformación en la composición y morfología de esa clase. No hay desaparición de la clase trabajadora pero sí hay "crisis del trabajo": extendida y creciente precarización laboral; progresiva feminización de la fuerza de trabajo en nichos de bajos salarios; aumento de la subocupación y la sobreocupación; fluctuaciones con piso alto del desempleo; e impacto de cambios tecnológicos que, sin reemplazar el trabajo humano, lo someten a nuevas formas de control y gestión.

Uno de los cambios más relevantes es precisamente la feminización del trabajo. Dentro del sector servicios, una de las ramas que más ha crecido ha sido la de la reproducción social asalariada -salud, educación, cuidados-, la cual es un sector extraordinariamente feminizado y de bajos salarios, sobre todo si se tiene en cuenta la alta calificación que requiere buena parte de este trabajo. Esta devaluación no es accidental: está directamente vinculada al modo en que el capitalismo organiza la reproducción de la fuerza de trabajo y descarga su costo sobre las mujeres, tanto en el ámbito doméstico como en el asalariado.

Pero la transformación de la clase trabajadora no se reduce a la feminización. La "revolución logística" y el auge de las plataformas digitales configuraron nuevos sectores de la clase trabajadora: grandes concentraciones en almacenes y centros de distribución, repartidores y choferes sometidos al control algorítmico, trabajadores tecnológicos que operan la infraestructura digital del capitalismo contemporáneo. Lejos de la imagen del obrero de cuello azul encadenado a una línea de montaje, la clase trabajadora actual es más diversa, más dispersa geográficamente, más feminizada y más precarizada. Pero sigue siendo clase trabajadora: sigue produciendo valor, sigue siendo explotada, y sigue teniendo la capacidad objetiva -cuando se organiza- de paralizar el sistema.

Lenin lo formuló con precisión en El Estado y la revolución: el proletariado es la única clase capaz de destruir el aparato estatal burgués y construir uno nuevo, precisamente porque su posición en la producción le otorga tanto el interés como la fuerza material para hacerlo. No es una cuestión de volumen o apariencia externa, sino de ubicación objetiva en las relaciones de producción. La conciencia puede estar atrasada, la organización puede estar destruida, pero la posición estructural permanece mientras exista el capitalismo.

La clase trabajadora que tenemos delante no tiene los mismos rasgos de la "clase obrera clásica" de posguerra -aquella encarnación del obrero industrial típico-. Pero eso no significa que haya desaparecido: significa que cambió. Reconocer esa transformación sin abandonar el análisis de clase es la tarea que el marxismo tiene por delante. García Linera, en cambio, confundió el cambio con la extinción y construyó toda su teoría política sobre esa confusión.

El partido revolucionario: el eslabón ausente

El segundo límite estratégico es aún más determinante: la ausencia de una concepción del partido revolucionario. Conviene ser precisos sobre qué significa esto, para no quedarse en la invocación de un principio. Ya señalamos que la movilización de masas y la autoorganización -los soviets, las coordinadoras, los cabildos- son la forma en que la clase trabajadora convierte su posición estructural en poder real. El problema es que esos organismos, por sí solos, no se sostienen: pueden ser capturados, disueltos hacia adentro del propio Estado, o simplemente desgastados si no hay una fuerza política que dispute, dentro y a través de ellos, un programa y una estrategia de poder. Esa fuerza es el partido. No es un agregado doctrinario a la autoorganización, sino su condición de persistencia: sin partido, la autoorganización más avanzada puede desplegar todo su potencial insurreccional y aun así ser derrotada o cooptada, como mostró la propia experiencia boliviana de 2003 que reseñamos más arriba.

Lenin se refirió precisamente a este problema en ¿Qué hacer? Frente al espontaneísmo y el economicismo que dominaban amplios sectores del movimiento obrero ruso, argumentó que la conciencia socialista no surge de manera espontánea de la lucha económica: debe ser elaborada y llevada a la clase por una organización de revolucionarios con programa y disciplina, no para sustituirla, sino para dotarla del instrumento que le permita pasar de la resistencia cotidiana a la disputa por el poder. Trotsky profundizó esa concepción en el Programa de Transición al señalar que la crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de dirección revolucionaria del proletariado: no falta voluntad de lucha en las masas trabajadoras, falta una dirección política a la altura de las tareas históricas.

Esto no es una tesis que se sostenga por la autoridad de sus autores: puede verificarse en el propio proceso boliviano. El MAS -el partido que llevó a Evo Morales al gobierno durante casi catorce años- tuvo en 2003 la oportunidad de heredar una energía insurreccional extraordinaria. En vez de fundirla en instrumentos propios de la clase capaces de sostener y proyectar el poder desde abajo, la canalizó hacia las elecciones, hacia la administración de la renta hidrocarburífera, hacia una nueva constitución que no rompió con el poder del capital. García Linera teorizó esa opción no como un límite sino como una virtud: es la lógica del frente populista que Trotsky analizó en los años treinta, la subordinación del movimiento obrero a una alianza con sectores "progresistas" de la burguesía en nombre del gradualismo, que desarma políticamente a las masas en el momento decisivo.

El resultado se verificó en 2019: cuando llegó la ofensiva de la derecha, el proceso no contaba con organismos propios de la clase trabajadora capaces de disputar el poder de manera independiente, porque nunca se construyeron como tales -se los sustituyó por la gestión estatal del MAS-. El gobierno cayó ante un golpe cívico, militar y clerical porque había construido un bloque de poder que nunca rompió con el Estado capitalista, y porque careció, en el momento decisivo, del instrumento que Lenin describió en El Estado y la revolución: el Estado burgués no puede ser tomado y puesto simplemente al servicio de los trabajadores, debe ser destruido y reemplazado por nuevas formas de poder obrero. Esa tarea nunca formó parte del programa del MAS, y García Linera la descartó teóricamente desde el inicio.

Los límites del populismo y la vigencia del programa socialista

Los dos límites señalados -la negación del rol estratégico de la clase trabajadora y la ausencia de un partido revolucionario con estrategia y un programa revolucionario- no son errores circunstanciales del proceso boliviano. Son los límites estructurales de todo populismo de izquierda -ya sea boliviano y latinoamericano- que pretende transformar la sociedad sin romper con el Estado burgués y sin construir una fuerza política organizada con una estrategia de poder.

La clase trabajadora del siglo XXI no es solamente la de las minas de estaño ni la de las grandes acerías de posguerra. Es más amplia, más feminizada, más precarizada y más dispersa. Pero sigue siendo la clase que el capitalismo explota para reproducirse, y sigue siendo la única clase con la posición estructural necesaria para destruirlo. Reconocer esa realidad es fundamental, es la condición para construir una política revolucionaria a la altura del presente.

En ese sentido, se hace necesario que las masas trabajadoras, campesinas, indígenas y el pueblo empobrecido se doten de un instrumento político con un programa y estrategia para enfrentar al capitalismo y plantee una salida de fondo a la crisis de la clase trabajadora boliviana, ese desafío es el que nos proponemos construir desde la Liga Obrera Revolucionaria cuando planteamos la necesidad de levantar un Partido de las y los Trabajadores Revolucionarios.

Publicado originalmente en La Izquierda Diario el 29/09/2026: El programa que sostuvo al Gobierno del MAS. Los límites del "capitalismo andino amazónico": un debate estratégico con el pensamiento de García Linera.

[1] Álvaro García Linera, Socialismo comunitario. Un horizonte de época, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, segunda edición, 2015. Reúne cinco textos: "Nueve tesis sobre el capitalismo y la comunidad universal" (p. 9), "A la izquierda europea" (p. 18), "Un horizonte de época comunitario" (p. 28), "Estado, democracia y socialismo" —conferencia en la Sorbona, 16 de enero de 2015— (p. 34) y "Socialismo comunitario del Vivir Bien" -discurso de posesión presidencial, 22 de enero de 2015- (p. 67).

[2] Ibíd., p. 69.

[3] García Linera, Socialismo comunitario, p. 68 (discurso de posesión). La misma negación aparece formulada en registro teórico en "Estado, democracia y socialismo", p. 66, donde sostiene que la estatización no constituye un tipo de propiedad social ni el inicio de un nuevo modo de producción.

[4] García Linera, Socialismo comunitario, p. 70. La caracterización de la comunitarización como creación de los propios productores está en la p. 71.

[5] García Linera, Socialismo comunitario, p. 12.

[6] Eduardo Molina, "García Linera y el ’pensamiento acrítico’ latinoamericano", La Izquierda Diario, 25 de noviembre de 2018.

[7] Javo Ferreira, Comunidad, indigenismo y marxismo, citado en Eduardo Molina, "García Linera y el ocaso de la ilusión posneoliberal", La Izquierda Diario, 14 de junio de 2020.

[8] Eduardo Molina - “Revolución democrática” y “capitalismo andino”. La Verdad Obrera N 180.

[9] Álvaro García Linera, Socialismo comunitario. Un horizonte de época.

[10] Javo Ferreira, Comunidad, indigenismo y marxismo.

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